El Partido Popular (PP) de Alcalá de Guadaíra ha desatado una notable controversia, afectando a sus compañeros en Cádiz, al presentar una denuncia ante la Junta Electoral. Esta acción, a solo dos días del fin de la campaña para las elecciones autonómicas, buscaba prohibir que las agrupaciones invitadas a un certamen de carnaval, organizado por el Ayuntamiento (gobernado por el PSOE), interpretaran mensajes políticos durante la jornada de reflexión. La magnitud de la polémica, con acusaciones de un intento de censura sin precedentes en la democracia, llevó al presidente provincial del PP y alcalde de Cádiz, Bruno García, a solicitar de inmediato a la dirección sevillana de su partido la retirada de dicha denuncia.
La Junta Electoral de Zona de Sevilla inició formalmente un expediente este miércoles 13 de mayo, a raíz de la denuncia del PP contra el festival «Carnaval de Primavera». Este evento estaba programado para el 16 de mayo en Alcalá de Guadaíra, coincidiendo con la jornada de reflexión de las elecciones andaluzas. En su escrito al órgano electoral, los populares argumentaron que varias agrupaciones anunciadas —un coro, una chirigota y dos comparsas— incluyen en sus repertorios letras de contenido político y crítica social. Según el PP, estas interpretaciones, realizadas el día previo a la votación, podrían infringir el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece restricciones a la propaganda electoral en esa fecha clave.
Para fundamentar su petición, la denuncia, avalada por el acuerdo del secretario de la Junta Electoral, adjuntó vídeos y letras específicas de algunas agrupaciones. Entre ellas, se destacó la comparsa de Jesús Bienvenido, «DSAS3», cuyo repertorio de ese año se enfoca en la defensa de la sanidad pública andaluza y en la crítica al presunto deterioro del sistema sanitario y del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Impedir la opinión política: El foco de la denuncia del PP
Aunque el PP no solicitó la suspensión total del festival, su demanda sí exigía que el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra impidiera a las agrupaciones incluir «letras con alusiones políticas» o expresar «opinión política de cualquier signo» durante sus actuaciones. Adicionalmente, se instaba a identificar a las delegaciones municipales y a las personas responsables de la organización del evento, con el fin de «individualizar posibles responsabilidades» en caso de que se incumplieran estas restricciones.
Hasta el momento, la Junta Electoral no ha dictado ninguna medida cautelar. Tras incorporar la denuncia al expediente, ha dado un plazo de 24 horas al Ayuntamiento para presentar sus alegaciones antes de decidir sobre el contenido del espectáculo. Sin embargo, la publicación de la denuncia en Cádiz encendió la controversia. Componentes de la comparsa «DSAS3», junto con reconocidos autores y figuras de la fiesta gaditana, han calificado la acción como un acto de «censura sin precedentes». En respuesta, diversos colectivos se movilizaron, anunciando su intención de inundar las redes sociales con coplas de carnaval el sábado, como muestra de protesta y defensa de la libertad de expresión.
Ante el creciente malestar político, Bruno García compareció en rueda de prensa a primera hora, anticipándose a las preguntas. «Me he enterado de esta denuncia por la radio. En cuanto lo supe, llamé a la dirección provincial del PP de Sevilla y pedí que se retirara. Me consta que lo harán. El carnaval es libertad», afirmó García, buscando aplacar la polémica que ya le generaba considerables inconvenientes.
Desde el ámbito de los artistas, Pedro Campos, guitarrista de la comparsa, expresó en sus redes sociales: «Querían silenciarnos y nos han puesto un altavoz. Gracias al PP por la campaña de marketing. Si no queríais que se escuchara, este sábado vamos a cantar con los pulmones en la mano».
Por su parte, el Ayuntamiento de Alcalá, bajo gestión del PSOE, confirmó que mantendrá el evento carnavalesco. La administración local asegura que el recital fue programado antes de la convocatoria de elecciones por el presidente de la Junta, negando así cualquier intencionalidad política en la elección de la fecha o las agrupaciones. Asimismo, el Ayuntamiento ha alegado formalmente a la denuncia, invocando el artículo 20 de la Constitución Española, que ampara y protege la libertad de expresión.
DnG