Querella Criminal Sacude al Ministerio de Vivienda: Iván Poduje Acusado por Reconstrucción en El Olivar
Una grave querella criminal ha sido interpuesta por la entidad patrocinante Social Arquitectura contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en el marco del proceso de reconstrucción de El Olivar en Viña del Mar, región de Valparaíso. Las acusaciones son contundentes: abuso de poder, falsificación de documentos y fraude al fisco.
La acción legal, formalizada ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, no solo apunta al ministro Poduje, sino también al seremi de Vivienda, Marcelo Ruiz, y al director subrogante del Serviu regional, Rodrigo Muñoz. El origen de la disputa radica en la orden ministerial de paralizar las obras de reconstrucción de viviendas en El Olivar, tras la detección de supuestas anomalías en su edificación.
Según la querella de Social Arquitectura, las autoridades habrían utilizado sus facultades para materializar una decisión preestablecida: excluir a Social Arquitectura y a la Constructora San Sebastián de los proyectos esenciales de reconstrucción destinados a 356 familias damnificadas por el devastador megaincendio de febrero de 2024.
Se denuncia que estas resoluciones administrativas carecen de fundamento legal, siendo supuestamente orquestadas mediante presiones indebidas a funcionarios públicos y la fabricación de antecedentes para justificar la rescisión de contratos válidamente suscritos y la subsiguiente demolición de viviendas ya iniciadas.
Social Arquitectura Detalla Delitos Atribuidos al Ministro Poduje y Abuso de Poder
Érika Maira, abogada representante de Social Arquitectura, profundizó en los detalles, aseverando que la querella criminal se fundamenta en que el ministro Poduje «utilizó el aparato estatal para cometer delitos, interferir ilegalmente en contratos vigentes y dictar resoluciones manifiestamente injustas». La entidad espera que, mediante una investigación objetiva e independiente, la Fiscalía esclarezca los hechos.
Entre las graves imputaciones, se incluyen «presiones a funcionarios, falsificación de instrumentos públicos, engaños a las familias damnificadas y una demolición innecesaria, incurriendo además en fraude al Fisco». Se argumenta que el ministro habría ordenado la paralización total de las obras, incluso cuando informes técnicos previos solo señalaban observaciones corregibles en una fracción de las viviendas afectadas.
Presiones y Falsificación en Informes del Serviu Regional
La querella subraya presuntas presiones ejercidas sobre funcionarios del Serviu para elaborar informes que legitimaran las decisiones del titular del Minvu. Bajo este presunto esquema, se habrían emitido documentos con fechas alteradas y antecedentes fabricados con el fin de justificar la terminación de los contratos y la remoción de las empresas involucradas en la reconstrucción de El Olivar.
La abogada Maira enfatiza que “el señor Poduje, bajo un discurso de emergencia, rompió la normalidad de un contrato que se desarrollaba bajo la fiscalización del Serviu y sujeto a los procedimientos legales y contractuales correspondientes. Como autoridad, no estaba legitimado para interrumpir e imponer su voluntad al margen de fundamentos técnicos, de la transparencia y de la legalidad”.
Cuestionamiento a Resoluciones con Antecedentes Falsos y su Impacto en Familias
La acción judicial también cuestiona la validez de resoluciones que contendrían antecedentes falsos respecto a supuestas graves fallas constructivas. Estos documentos habrían sido empleados para inducir a los vecinos damnificados a finalizar anticipadamente sus contratos vigentes. Según Social Arquitectura, estas actuaciones no solo perturbaron el normal desarrollo del proceso de reconstrucción, sino que también vulneraron los derechos contractuales de las familias afectadas en Viña del Mar.
“Esperamos que el Ministerio Público realice una investigación exhaustiva, objetiva e independiente que permita esclarecer los hechos denunciados, determinar las responsabilidades que correspondan y establecer si se utilizó el aparato estatal para fines distintos de aquellos previstos por la ley en el proceso de reconstrucción de El Olivar”, concluyó la abogada Érika Maira, reforzando la solicitud de justicia y transparencia en este crucial proceso.
DnG