Desde la histórica inauguración del Estadio Armando Dely Valdés en Colón, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha marcado la agenda nacional al abordar dos ejes fundamentales para el desarrollo y bienestar de Panamá: la modernización de la regulación para el turismo en Panamá y la firme defensa de los derechos de los jubilados. Estas declaraciones resuenan como un claro compromiso gubernamental con el crecimiento económico inclusivo y la justicia social.
Impulso Estratégico al Turismo en Panamá: Nueva Ley de Incentivos Transparentes
En el ámbito económico, el mandatario reveló la inminente presentación de un robusto marco regulatorio diseñado para catalizar el crecimiento turístico a nivel nacional. Mulino recalcó que este proyecto se cimentará en la transparencia y en la captación estratégica de inversión privada, buscando un desarrollo sostenible y equitativo.
«Estamos lanzando una ley, pronto, pronto, de incentivos turísticos, pero una ley seria, no de partidas millonarias discrecionales para apoyar a particulares», aseveró el presidente Mulino.
Esta propuesta visionaria ofrecerá oportunidades fiscales atractivas a aquellos inversores que apuesten por proyectos de gran envergadura en regiones con alto potencial turístico. El objetivo primordial de esta nueva ley de incentivos para el turismo es erradicar la burocracia y las distorsiones históricas, dinamizando así la economía panameña sin comprometer la estabilidad fiscal del Estado ni «hipotecar el futuro de los panameños». La medida busca potenciar la competitividad de Panamá como destino global.
Defensa Inquebrantable de los Derechos de los Jubilados y Pensionados
Asimismo, el presidente Mulino fue categórico al dirigirse a los establecimientos comerciales, exigiendo el cumplimiento irrestricto de los beneficios otorgados a las personas de la tercera edad. Para asegurar una aplicación rigurosa y uniforme en todo el territorio nacional, ha instruido la intervención inmediata y sin contemplaciones de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
«He dado instrucción a la Acodeco para vigilar el cumplimiento a los jubilados. Donde no se cumpla, se proceda a una sanción», sentenció Mulino, subrayando la seriedad de su postura.
El mandatario enfatizó que la normativa vigente que garantiza los descuentos para jubilados no admite negociación y su aplicación es obligatoria en todos los comercios donde la ley lo establece. «El descuento de jubilados no es broma y hay que respetarlo en todos aquellos establecimientos que por ley lo tienen que otorgar», concluyó, reafirmando el compromiso de su administración con la protección de este sector vital de la población y la garantía de sus derechos adquiridos.
DnG