Revés Judicial Monumental: Anulados 35 Nombramientos «A Dedo» en la Diputación de Sevilla
Un nuevo y contundente golpe judicial sacude a la Diputación de Sevilla, acumulando varios fallos desfavorables en su gestión administrativa reciente. El Juzgado de Instancia de Sevilla, a través de su sección Contencioso-Administrativo número 13, ha dictaminado la anulación de la polémica elección a dedo de 35 empleados de alto rango. Esta resolución invalida los nombramientos de numerosas jefaturas de servicios y direcciones de centro, impactando directamente en la cúpula funcionarial de la institución provincial.
Detalles Clave de la Sentencia y su Ejecución Forzosa
El fallo del Tribunal de Instancia de Sevilla, fechado el 22 de mayo, ordena la ejecución forzosa de la sentencia previa que ya había invalidado este sistema de libre designación. Este mecanismo, utilizado de forma encubierta para cubrir 35 puestos clave, excluyó ilegalmente la participación de funcionarios que, bajo un concurso general, habrían tenido la opción de optar a estas plazas. La Justicia es clara: la provisión de puestos debe basarse en principios de igualdad, mérito y capacidad, no en designaciones discrecionales.
Frustrados Intentos de Convalidación por la Diputación
La resolución judicial también declara la nulidad de los intentos de la Diputación de Sevilla, presidida por Javier Fernández, de «convalidar» estos nombramientos tras el dictamen inicial. El tribunal es tajante al advertir que un acto anulado «deja de existir en la esfera jurídica», desmontando así cualquier estrategia para mantener en vigor las designaciones. Tres años después de que el caso fuera denunciado, el Tribunal de Instancia pone fin a las maniobras dilatorias de la administración provincial, ratificando la sentencia 166/2024 que ya había detectado una «palmaria falta de motivación» en el sistema de concurso específico.
CSIF Diputación de Sevilla, sindicato impulsor de este litigio, ha calificado el auto de «demoledor», criticando la intención del ente provincial de «salvar la ilegalidad mediante un acuerdo de pleno destinado a ‘convalidar’ y dotar de motivación sobrevenida a unos puestos que la Justicia ya había borrado del mapa legal.»
Puestos Clave Anulados y su Impacto en la Estructura
La anulación afecta a un amplio espectro de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de personal funcionario. Entre los cargos invalidados se encuentran jefes de servicio de áreas tan sensibles como Concertación, Cultura y Ciudadanía, Mantenimiento y Servicios Generales. También se incluyen direcciones de residencias emblemáticas, como la de Marchena o la de San Ramón, lo que subraya la magnitud de este fallo en la estructura organizativa de la Diputación de Sevilla.
Advertencias Judiciales: Multas y Responsabilidades Penales
La firmeza del tribunal no se limita a la anulación técnica de los puestos. El auto es a todas luces una advertencia formal a las autoridades y funcionarios responsables de que, en caso de persistir en el incumplimiento, se enfrentan a multas coercitivas de 150 a 1.500 euros, la deducción de testimonio para exigir responsabilidades penales por un posible delito de desobediencia judicial e indemnizaciones por daños y perjuicios derivados del incumplimiento en la ejecución.
El Origen del Conflicto: RPT y Concursos Ilegales
Este conflicto se remonta a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de mayo de 2023. En aquel momento, la Diputación de Sevilla implementó «de golpe» un sistema de concurso específico para puestos que tradicionalmente se cubrían de forma ordinaria. La sentencia 166/2024 de diciembre de 2024 ya determinó que este cambio carecía de la «más mínima motivación», y dos años después este auto vuelve a ratificar lo sucedido.
Reacción de la Diputación y Exigencias Sindicales
Pese a la claridad del fallo, la Diputación de Sevilla intentó esquivar el mandato judicial mediante informes jurídicos y acuerdos plenarios, declarados ahora radicalmente nulos por el tribunal. El diputado del área de Empleado Público, Paco Toajas, ha confirmado que la Diputación «acata» la sentencia y procederá a la «anulación de esos concursos». Se prevé que en el pleno de julio se presente una nueva modificación de plantilla, negociada con los sindicatos, para determinar cómo se cubrirán estos puestos: algunos mediante concurso general y otros por concurso específico. Por su parte, CSIF exige la paralización inmediata de los procesos y una «ordenación de los recursos humanos basada en el rigor legal y en los principios de igualdad, mérito y capacidad».
DnG