Auditoría Revela Grave Irregularidad: Más de 2.000 Fallecidos Figuran como Beneficiarios de Fondos de la JPS en Costa Rica
Un reciente informe de la Contraloría General de la República de Costa Rica ha sacudido los cimientos de la gestión de recursos sociales al detectar una alarmante situación: 2.103 personas fallecidas antes de 2024 figuraban como beneficiarias de fondos administrados por la Junta de Protección Social (JPS) durante 2024 y el primer semestre de 2025.
Este descubrimiento, producto de un minucioso análisis, evidenció que la base de datos de la JPS listaba a individuos que ya no estaban vivos, reduciendo el total de supuestos atendidos de 9.510 a 7.407 tras la depuración. Entre los casos más preocupantes se encontró un registro de una persona fallecida desde 1984, poniendo en tela de juicio la exactitud y la integridad del sistema y dificultando la verificación de la correcta asignación de los fondos públicos.
Fallas en la Trazabilidad y el Destino de las Transferencias Sociales
La Contraloría subraya que esta anomalía genera una dificultad crítica para verificar la verdadera recepción de los fondos públicos y si las transferencias cumplieron su objetivo social. El informe DFOE-BIS-RF-00002-2026 destaca que la información disponible es insuficiente para validar las características básicas o dar seguimiento a los beneficiarios de las entidades privadas que reciben financiamiento de la JPS, tal como publicó El Observador.
La JPS, que no presta servicios sociales directamente, canaliza gran parte de las utilidades de la venta de loterías y juegos de azar hacia 276 entidades privadas. Estas organizaciones se encargan de la atención de poblaciones vulnerables como adultos mayores, menores de edad, personas con discapacidad y aquellas en situación de farmacodependencia.
Durante el periodo auditado, la JPS realizó 5.312 transferencias a estas entidades, totalizando ¢24.883 millones (aproximadamente USD 47 millones). La relevancia de la JPS en este ecosistema es innegable, financiando a 276 de 313 organizaciones, lo que la posiciona como un actor central en el sistema de protección social costarricense.
Carencias en el Reporte y la Gestión de Información de Beneficiarios
Uno de los hallazgos más significativos fue la omisión en el reporte de datos al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube). A pesar de haber gestionado ¢24.882 millones (aproximadamente USD 47 millones) para el fin social, la JPS no reportó la información de la población atendida en 2024 y 2025, un aspecto crítico para la rendición de cuentas.
La auditoría también reveló que 15 entidades privadas, receptoras de ¢2.700 millones (aproximadamente USD 5.1 millones), no proporcionaron ninguna información sobre sus beneficiarios. Adicionalmente, se identificaron 461 cédulas con errores de formato, lo que impidió una validación efectiva con el Tribunal Supremo de Elecciones y la Dirección General de Migración y Extranjería.
En el ámbito de la rendición de cuentas, el informe señala que ¢21.045 millones (aproximadamente USD 39.8 millones) fueron transferidos sin los registros adecuados en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP). La JPS, por su parte, argumentó que esta observación se refiere a aspectos administrativos de registro y no a la ejecución real de los fondos.
Asimismo, se detectó que la JPS no tiene cuentas registradas, ni propias ni de las entidades privadas, en el Sistema de Cuentas del Sector Público (SCSP), una herramienta clave diseñada para centralizar transacciones y optimizar la trazabilidad de los recursos.
La Respuesta de la JPS y el Compromiso con la Transformación Digital
Frente a estas revelaciones, la Junta de Protección Social afirmó a El Observador que no se realizaron giros directos a personas fallecidas. Atribuyó la presencia de estos registros a «desfases en la actualización» de la información proporcionada por las entidades privadas beneficiarias.
La JPS recordó que anualmente exige a las organizaciones la nómina de sus beneficiarios como requisito indispensable para su inclusión en el Programa de Apoyo a la Gestión, advirtiendo que el incumplimiento puede llevar a la exclusión o suspensión de recursos. La institución ha manifestado que asume las observaciones de la Contraloría con apertura, viéndolas como un impulso para acelerar su transformación digital e institucional, con un enfoque particular en el control de las transferencias sociales.
Además, la JPS anunció que intensificará la capacitación de las 276 organizaciones que financia para fomentar el uso correcto de las plataformas nacionales de información y, así, mejorar la trazabilidad y la rendición de cuentas. Dado que la JPS gestionó el 21.47% de los fondos de protección social evaluados, la Contraloría enfatiza la urgencia de fortalecer sus mecanismos de registro y asegurar el estricto cumplimiento normativo para garantizar la correcta trazabilidad y el uso íntegro de los recursos públicos.
DnG