Fiscalía investiga a la presidenta Laura Fernández y al ministro Rodrigo Chaves por nombramiento en la Policía de Control Fiscal
La Fiscalía General de la República ha abierto una causa penal contra la presidenta Laura Fernández y el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves. La investigación surge tras el nombramiento ilegal de Katherine Tenorio Ruiz como directora de la Policía de Control Fiscal (PCF), un puesto para el cual, presuntamente, no cuenta con el rango policial requerido por la ley.
Tras recibir la denuncia formal, el Ministerio Público registró el expediente bajo el número 26-000076-0033-PE. Las autoridades indagarán si las acciones de los jerarcas incurrieron en faltas a la legalidad vigente en la administración pública.
Requisitos ignorados y un decreto cuestionado en la Policía de Control Fiscal
De acuerdo con la legislación costarricense, la Ley General de Policía establece de forma clara que el director general de cualquier cuerpo policial del Gobierno debe ostentar, como mínimo, el rango de comisionado. Tanto los criterios emitidos por la Procuraduría General de la República (PGR) como los reglamentos internos del Ministerio de Hacienda respaldan esta exigencia. Sin embargo, no existe evidencia documental de que Tenorio posea dicha categoría.
Aunque Katherine Tenorio Ruiz cuenta con una sólida formación académica —es abogada, notaria, criminóloga y posee una maestría en Derecho y Negocios Internacionales, además de experiencia previa como investigadora en la misma PCF—, los registros oficiales no avalan su escala jerárquica policial.
La denuncia señala que, para hacer posible su llegada al puesto, el Poder Ejecutivo emitió un decreto ejecutivo días antes de su designación. Esta reforma exprés al reglamento interno de la PCF eliminó la obligatoriedad de contar con grados policiales para ejercer la Dirección, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre el respeto al principio de legalidad.
Violación al Manual Institucional y reacciones políticas
El Manual Institucional de Clases de Puestos de la Policía de Control Fiscal estipula que quien asuma la máxima dirección debe cumplir con el perfil de la escala jerárquica superior, vinculada estrictamente al grado de comisionado de Policía.
Asimismo, la Procuraduría General de la República ya se había pronunciado en años anteriores sobre la obligatoriedad de estos requisitos, dejando sin sustento jurídico la justificación utilizada por el Ejecutivo para promulgar el nuevo decreto.
Por su parte, el diputado Antonio Trejos, legislador del partido Frente Amplio y denunciante en este caso, señaló con firmeza que un reglamento de rango inferior jamás puede pasar por encima ni dejar sin efecto un requisito establecido mediante una ley de la República.
La causa penal continuará su curso en el Ministerio Público para determinar las responsabilidades legales correspondientes en este polémico nombramiento que sacude a las altas esferas del Gobierno.
DnG