La administración de justicia en Ecuador atraviesa una crisis histórica sin precedentes. Mercedes Caicedo, actual presidenta del Consejo de la Judicatura, asumió su cargo en un escenario crítico, caracterizado por la profunda infiltración del crimen organizado, un rezago tecnológico de 15 años y un alarmante déficit de jueces que amenaza con la paralización inminente del sistema judicial ecuatoriano.
A poco más de dos meses de su gestión, Caicedo dialogó con PRIMICIAS y reconoció «daños estructurales» en la institución. Durante la entrevista, detalló cómo está abordando la compleja herencia de más de mil expedientes disciplinarios con riesgo de prescripción, muchos de ellos vinculados a los resonantes casos Purga, Plaga y Metástasis. La presidenta asegura que no permitirá la impunidad y que todas las responsabilidades penales serán debidamente remitidas a la Fiscalía.
Finalmente, la titular de la Judicatura expone los cruciales retos del nuevo concurso para la Corte Nacional, un pilar fundamental para la estabilidad judicial. Defiende enérgicamente la implementación de exámenes de confianza excluyentes y el levantamiento del sigilo bancario como medidas esenciales para garantizar la probidad de los futuros magistrados.
El Estado Real de la Judicatura
70 Días al Frente del Consejo de la Judicatura: ¿Cuál es la Verdadera Magnitud de lo Encontrado Puertas Adentro?
Siempre he enfatizado que existen daños estructurales profundos. Es evidente que el balance del Consejo de la Judicatura es negativo, lo que motivó, al tercer día de mi gestión, la solicitud a Contraloría para iniciar un examen especial sobre ciertas actividades.
Considero que hemos enfrentado un abandono constante. La Judicatura ha quedado rezagada en el tiempo. Desde 2015 no ha habido concursos para jueces, y hasta la fecha, en 2026, seguimos con un preocupante déficit de jueces. En el caso de la Corte Nacional de Justicia, el último proceso de selección concluyó en 2021, y ahora, en 2026, aún no hemos logrado la tan necesaria renovación de esta Corte.
¿Cuáles son las Principales Necesidades del Organismo?
Entre las necesidades imperativas se encuentran la digitalización de los expedientes judiciales y la modernización del sistema SATJE, con el objetivo de convertirlo en un SATJE 2.0, dado que su versión actual opera desde antes de 2014.
Numerosas iniciativas que debieron avanzar hace 10 o 15 años permanecen estancadas. Esto nos impone desafíos enormes, ya que las bases estructurales del Consejo de la Judicatura están seriamente resquebrajadas. Una situación de esta magnitud no puede resolverse en solo dos meses de gestión.
En la Parte Económica y Presupuestaria, ¿Cómo Está la Judicatura?
Lamentablemente, el Consejo de la Judicatura, lejos de ver un incremento en su presupuesto a lo largo de los años, ha experimentado una reducción constante de fondos.
El presupuesto que recibí al asumir en abril de 2026 ya estaba proyectado desde septiembre del año anterior. Si bien contamos con recursos, la mayor parte está asignada a gasto corriente (sueldos, arriendos, servicios básicos), indispensable para la operación. Sin embargo, no se ha contemplado un presupuesto adecuado para inversión, lo que limita gravemente la capacidad de modernización.
¿Para Qué Faltan Esos Fondos?
El Consejo de la Judicatura arrastra graves problemas de infraestructura; sus instalaciones no han recibido mejoras significativas en aproximadamente 15 años. De igual forma, la estructura informática no ha sido fortalecida en ese mismo periodo, lo que resulta problemático, ya que un equipo comprado hace 15 años es obsoleto hoy en día.
Asimismo, enfrentamos deficiencias en mobiliario y vehículos, que también datan de hace 15 años, evidenciando un profundo rezago en la modernización institucional.
¿Qué se Está Haciendo para Hacer Frente a Esta Situación?
Estamos recurriendo a nuestros recursos actuales y al talento humano interno para la creación de un sistema SATJE 2.0. No lo estamos adquiriendo externamente, sino que es desarrollado por nuestro propio departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación. Estamos aplicando creatividad para asegurar que, con el presupuesto disponible, podamos dar viabilidad a proyectos clave aprobados en el plan estratégico 2022-2031 del Consejo de la Judicatura.
Próxima Proforma Presupuestaria: ¿Hay Conversaciones con el Ejecutivo para un Aumento?
Actualmente, estamos evaluando la ejecución presupuestaria durante este periodo. Si no se logra una ejecución adecuada, lamentablemente, no podemos solicitar una mayor asignación de recursos. Es fundamental demostrar que los fondos existentes se están utilizando eficazmente.
Lo que encontramos al llegar fue una ejecución presupuestaria deficiente por parte de la administración anterior. Al no ejecutarse los recursos, estos permanecen inmovilizados, y si no los utilizamos, existe el riesgo de que el presupuesto del Consejo se vea aún más reducido en el futuro.
¿Ya No Hay Tiempo para Ejecutarlo?
Estamos en pleno proceso de ejecución. Sin embargo, hemos detectado que en varias provincias, la ejecución presupuestaria real se dispersa en prioridades inadecuadas. Por ejemplo, en lugar de invertir en la mejora de las condiciones de los servidores judiciales, se ha priorizado la compra de papel bond en cantidades desproporcionadas.
Estamos supervisando el uso adecuado de los recursos a nivel provincial para asegurar una ejecución eficiente y estratégica. No es aceptable que se ejecuten fondos en partidas que resultan intrascendentes para la administración de justicia.
¿Se Podrá Ejecutar Todo para Aspirar a una Mayor Asignación en 2027?
Considero que vamos por buen camino. Sin embargo, es importante recordar que asumí con cuatro meses de desventaja, al posicionarme el 29 de abril y entrar en funciones en mayo.
La mayor parte de la ejecución presupuestaria suele concentrarse en los primeros meses del año, disminuyendo hacia julio, agosto y septiembre. Lamentablemente, mi gestión se inicia en un periodo de menor ejecución presupuestaria.
Estamos trabajando activamente para acelerar la ejecución de los fondos restantes, lo que nos permitirá entablar un diálogo constructivo para asegurar una mayor asignación de recursos el próximo año, vital para la modernización de la Judicatura.
La Judicatura y la Corrupción
Críticas a la Judicatura: ¿Se Ha Emprendido una Depuración Interna?
No me referiría a esto como una depuración interna en el sentido de una persecución. Más bien, el Consejo de la Judicatura enfrenta el desafío de reconocer que ciertos servidores judiciales deben ser apartados y recibir las sanciones correspondientes por las conductas indebidas que han cometido.
¿Cómo Avanzan Esos Procesos Sancionatorios?
Frente a los desafíos, nuestra primera acción fue un exhaustivo levantamiento en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario sobre los procesos abiertos. Descubrimos que aproximadamente 88 procesos estaban en riesgo inminente de prescripción y tenemos cerca de 1.050 procesos pendientes de decisión hasta diciembre de 2026, también al borde de prescribir.
Evidenciamos una alarmante falta de programación para evitar la prescripción. La preocupación es mayúscula, ya que esto significa impunidad en el ámbito administrativo y permite que quienes actúan al margen de los principios de transparencia, ética e independencia permanezcan en sus cargos.
Actualmente, realizamos entre cuatro y cinco sesiones plenarias semanales, cuatro de ellas dedicadas exclusivamente a discutir el régimen disciplinario. Estamos encarando la situación con transparencia, aceptando que nuestros servidores judiciales pueden incurrir en errores que encuadran en conductas delictivas. En estos sumarios, a menudo disponemos la remisión de actuaciones a la Fiscalía para la investigación penal correspondiente.
Resultados: ¿Se Está Cubriendo la Brecha de Expedientes Disciplinarios a Punto de Prescribir?
Estamos cumpliendo estrictamente con los cronogramas y logrando resolver los procesos a tiempo. Esto implica trabajar feriados, realizar plenos extensos e incluso sesionar sábados y domingos. Hemos pasado de una sesión plenaria semanal a entre cuatro y seis, lo que demuestra un compromiso inquebrantable.
Si bien avanzamos, es crucial reconocer que algunos procesos prescribieron antes de mi llegada. Los últimos 23 expedientes, por ejemplo, revelaron que causas iniciadas contra funcionarios vinculados a los graves casos Purga, Plaga y Metástasis quedaron en impunidad administrativa, al no convocarse el pleno ni emitirse una resolución.
¿Qué Hicieron con Esos Casos?
Esos expedientes no solo fueron remitidos a la Fiscalía, sino también a la Asamblea, e incluso se solicitó un examen especial a Contraloría para determinar las responsabilidades. Se evidenció una falta de quórum reglamentario para sesionar, debido a una vocal con discapacidad o enfermedad en ese momento, pero esto no eximía la obligación de evitar la prescripción.
No se trata de procesos disciplinarios ordinarios; hablamos de causas instauradas contra individuos que pertenecían o pertenecen a estructuras criminales, y esto no podía quedar en la impunidad. En próximos plenos, abordaremos otros casos prescritos, pero que corresponden a administraciones anteriores.
En Esos Casos, ¿No Hay Nada que Hacer?
Aunque administrativamente no haya más que hacer en esos casos específicos, no podemos permitir que los responsables de la prescripción queden impunes. Si no se establecen responsabilidades, esta situación podría repetirse.
Hemos instruido al subdirector de Control Disciplinario para que supervise a los directores provinciales y asegure la remisión oportuna de los procesos. Nuestra meta es evitar más prescripciones y dar respuestas claras a la ciudadanía, que exige justicia.
Si No Hay Solución Administrativa, ¿Qué Pasa en lo Penal y Civil?
La estrategia es remitir los oficios correspondientes a la Fiscalía para que sea este organismo el encargado de investigar. Así se procedió con las denuncias de presuntos actos de corrupción en el régimen disciplinario de Pichincha.
También se han solicitado acciones penales por temas de cooperación internacional; por ejemplo, el año pasado (no durante mi gestión), en el programa Acceso a Justicia se permitió el uso indebido de bienes entregados por cooperación, desviándolos de su propósito original.
Expedientes Prescritos y Funcionarios en Cargo: ¿Pueden Jueces y Fiscales Seguir Actuando?
Efectivamente, es posible que un funcionario responsable de facilitar la prescripción de una acción, quizás habiendo recibido sobornos, continúe en funciones. Requerimos la colaboración y respuestas de otras entidades para poder avanzar con determinación.
Sin embargo, en una reunión reciente con todas las áreas, advertimos que, al detectar cualquier conducta de un funcionario que se aparte de la normativa, no se debe esperar a la notificación directa a Fiscalía, sino que se deben iniciar de inmediato las acciones disciplinarias correspondientes.
El Nuevo Concurso para la Corte Nacional
Cinco Años sin Jueces Nacionales: ¿Cuál es la Garantía de Éxito para este Concurso?
Dejé mi cargo en la Corte Nacional de Justicia, una institución que amo profundamente, por una única y poderosa razón: percibíamos que la Función Judicial estaba al borde de la eliminación. Nos planteamos: podríamos conservar el nombre, pero sin que existiera justicia real.
En su momento, al dialogar con magistrados de la Corte Nacional, mi postulación como delegada de la Corte en el Consejo de la Judicatura se fundamentó en la convicción de que no podíamos obviar la ejecución del concurso como una prioridad absoluta.
¿Es Esa la Prioridad Hoy?
Al inicio, quizás subestimamos la magnitud del problema, porque hoy constato que la necesidad no se limita a la Corte Nacional, sino que abarca el pilar fundamental de nuestra democracia: todo el sistema judicial.
Es inaceptable dejar la Corte Nacional sin jueces, ya que esto implicaría la desintegración de una estructura judicial adecuada. La Corte Nacional no ha renovado sus jueces desde 2021, y los múltiples concursos fallidos han impedido completar las renovaciones por tercios, tal como lo establece la Constitución de la República.
Nuevo Reglamento: ¿Por Qué la Prueba de Confianza es Autónoma y Excluyente?
La prueba de confianza ha sido el punto neurálgico que hizo fracasar los dos concursos previos. En el primer intento, hubo manipulación, y en el segundo, las pruebas fueron ejecutadas por una empresa de dudosa reputación.
Actualmente, el examen de confianza se ha diseñado para garantizar que la información obtenida determine de manera inequívoca la fiabilidad del candidato para el cargo. Si un postulante no supera la prueba de confianza, queda automáticamente excluido del concurso. Esto es trascendental, no por arbitrariedad nuestra, sino porque la normativa exige que estas pruebas sean un componente fundamental e insoslayable en los procesos de selección para la Función Judicial.
¿Quién o Qué Empresa Realizará las Pruebas de Confianza?
Seguiremos rigurosos procesos administrativos. La instrucción a todas las unidades es clara: cada etapa debe regirse por normas no solo legales, sino también éticas y morales. Esto implica, por supuesto, que no podemos contratar una empresa de dudosa procedencia o «de papel». Necesitamos una entidad con reconocida experticia y, sobre todo, una a la que podamos exigir responsabilidades si algo falla.
Aspiramos a que, a medida que avancemos en los procedimientos administrativos para convenios y contratos en cada etapa, la ciudadanía sea informada y conozca transparentemente quiénes somos, a quién estamos contratando y cuál será la entidad jurídica responsable, garantizando así la seriedad y seguridad de las pruebas.
Levantamiento del Sigilo Bancario para Postulantes: ¿Cómo Funcionará?
Nuestro objetivo es asegurar que los postulantes presenten una trazabilidad de su situación económica que demuestre su probidad para asumir tan importante cargo. No solo buscamos juristas con amplio conocimiento de las leyes, sino individuos con principios éticos inquebrantables, capaces de garantizar que su interpretación y aplicación normativa en la Corte Nacional se centre siempre en la protección del estado de derecho, y no en la protección de estructuras criminales, mafias o la delincuencia organizada.
¿Cómo Funcionará Específicamente?
Se requiere que los candidatos otorguen una autorización expresa y particular para el manejo de las pruebas de confianza. Es decir, si usted aspira al cargo de juez nacional, las condiciones establecidas exigen, para garantizar la confianza ciudadana y el cumplimiento de los preceptos constitucionales como la probidad notoria, que usted nos autorice a recopilar la información necesaria para verificar su idoneidad y trayectoria.
¿Qué Sucederá con los Comités Evaluadores?
Se busca asegurar que los comités evaluadores estén integrados por los perfiles más calificados, elegidos por su mérito y sin injerencia externa. Su compromiso debe ser exclusivo con la selección del personal idóneo para la Corte Nacional de Justicia.
Estamos explorando convenios para que un tercero imparcial sea el encargado de seleccionar a estos miembros, garantizando así la objetividad y minimizando cualquier posible conflicto de interés.
Acciones Afirmativas: ¿Por Qué un Máximo de Dos Puntos en el Reglamento?
En un concurso, incluso medio punto puede representar una diferencia significativa entre postulantes. Los dos puntos asignados a acciones afirmativas, previstos en la normativa general, se han incluido en el reglamento para evitar diferencias extremas, sin descuidar el principio de igualdad. Estos dos puntos, aunque puedan parecer pocos, son en realidad un factor decisivo que puede alterar drásticamente la posición de un candidato en el concurso.
¿Cuántos Jueces se Nombrarán?
Para el actual periodo de renovación, necesitamos cubrir 16 vacantes de jueces, además de un juez adicional que cesará en julio de 2026. Se está evaluando si esta última vacante se incluirá en la convocatoria.
¿También se Designarán Conjueces?
Es importante destacar que en los concursos para la Corte Nacional no existe un banco de elegibles; se designan directamente los jueces titulares y los conjueces que integrarán las diversas salas.
En la sala de conjueces de la Corte Nacional, seleccionaremos aproximadamente 19 o 20 nuevos conjueces. Esta cifra es considerable y representa casi una renovación total de la Corte Nacional de Justicia.
La conclusión exitosa de este proceso es trascendental, no solo para mi gestión o para la Corte, sino fundamentalmente para el país. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia, por la urgencia de finalizarlo, sacrificaré la calidad del proceso o la idoneidad de los postulantes.
¿Cuánto Tiempo Demorará el Concurso?
No es factible completar un concurso en solo dos meses. Prefiero no proporcionar un cronograma específico, ya que históricamente, en los procesos de selección, quienes no están satisfechos con los resultados suelen intentar bloquearlos.
Esto se traduce en la presentación de acciones de protección y medidas cautelares que detienen el avance del concurso. Como ente administrativo de la justicia, y no jurisdiccional, no puedo interferir en las decisiones judiciales sobre estas acciones.
Por ende, no puedo garantizar una fecha exacta para tener nuevos jueces nacionales. Lo que sí puedo asegurar es que el cronograma establecido para el concurso contempla tiempos adecuados para la conclusión rigurosa de cada fase del proceso, buscando minimizar cualquier interrupción.
¿Cuánto Dura un Cronograma Normal para este Proceso?
El proceso a través del cual ingresé como conjueza nacional, iniciado en 2020 y finalizado en 2021, se extendió por un año.
Esperamos que este nuevo concurso no se demore tanto, dada la urgente necesidad de jueces. No obstante, ese precedente nos indica una duración de un año. El proceso para jueces anticorrupción, por ejemplo, tomó entre siete y nueve meses.
Más allá del Concurso: Otras Prioridades de la Judicatura
Hemos establecido un cronograma de trabajo ambicioso. Soy consciente de las inmensas necesidades que enfrenta tanto la ciudadanía como los propios servidores judiciales.
Existen procesos urgentes, importantes, emergentes y prioritarios. Es una avalancha de términos que debemos utilizar, porque en realidad, todo es urgente en este momento.
Encontramos 15 años de procesos paralizados, 10 años de estancamiento. Desde 2015 no ha habido evaluaciones ni captación de personal. Desde 2021, no hemos tenido jueces nacionales, y antes de eso, tampoco fiscales.
Mi gestión no se inicia en un Consejo de la Judicatura con todo en orden para simplemente continuar; por el contrario, he recibido una institución que ha estado prácticamente paralizada durante 15 años.
¿Cuáles Son las Otras Prioridades?
Esta semana, ya se trabaja en el reglamento para jueces especializados en materia constitucional, otro proceso que también estaba estancado. Además, tenemos la selección de jueces a nivel nacional, con 700 vacantes por cubrir, lo que implicará un concurso de una magnitud gigantesca.
Si un concurso para la Corte Nacional, con 16 jueces y 19 o 20 conjueces, nos toma aproximadamente un año, imaginen el tiempo y esfuerzo que requerirá un proceso para 700. El volumen de candidatos a filtrar, con pruebas de confianza y demás etapas, hace que esto no esté previsto para 2026.
No puedo prometer a la ciudadanía que resolveremos todos los problemas de inmediato. En apenas dos meses, hemos buscado viabilidad para abordar las soluciones más apremiantes. Quince años de retraso no se solucionan en dos meses, ni en tres, ni en tres años. Sin embargo, estamos trabajando incansablemente para asegurar que, aunque sea a paso lento, pronto contemos al menos con jueces nacionales que el país tanto necesita.
