La Asamblea Nacional de Ecuador ha marcado un hito en la justicia y seguridad del país al aprobar, por unanimidad el 7 de julio, una trascendental reforma a la Ley de Extradición. Este proyecto agiliza drásticamente los plazos para la entrega de personas vinculadas a actos delictivos a otras naciones y facilita el retorno de individuos requeridos por la justicia ecuatoriana.
La votación histórica contó con 139 voluntades a favor, provenientes de diversas bancadas como Acción Democrática Nacional (ADN), Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik y legisladores independientes. Esta amplia mayoría subraya la urgencia y el consenso sobre la necesidad de modernizar el marco legal en materia de extradición.
La propuesta, impulsada por la Comisión de Justicia y liderada por Acción Democrática Nacional (ADN), representa una reestructuración casi total de la normativa vigente, la cual databa de hace 26 años. El proyecto fue originalmente presentado en julio de 2025 por el entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing Nagua.
Desde el oficialismo, la modernización de la Ley de Extradición ha sido defendida como una respuesta directa a la voluntad popular expresada en la consulta de 2024, donde más del 60% de los votantes respaldaron la extradición de procesados por actos delictivos, incluso si estos son ciudadanos ecuatorianos. Esta decisión popular contrasta con la Constitución de 2008, que prohibía explícitamente la extradición de connacionales, señalando que su juzgamiento debía sujetarse a las leyes nacionales.
Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia y miembro de ADN, enfatizó la crucial reducción de plazos para la extradición que contempla esta reforma. «Había extradiciones que, pese a que la ley decía dos años, demoraban tres, cuatro, cinco y hasta seis años. Lo que estamos haciendo es acortar los plazos», afirmó Torres, cuya defensa del proyecto fue destacada durante el debate del 7 de julio de 2026.
La Ley de Extradición: Armonía con Tratados Internacionales y Lucha Antidelincuencia
Keeven Gallardo, asambleísta de ADN, señaló que la construcción de esta Ley de Extradición contó con la valiosa contribución de 30 expertos, lo que la convierte en una herramienta fundamental para combatir el crimen organizado en Ecuador. Gallardo también criticó a la bancada de Revolución Ciudadana (RC) por su inicial voto en contra del informe en la Comisión de Justicia, que evidenciaba su postura inicial de rechazo a la extradición.
Gallardo aseguró que esta ley, de carácter eminentemente técnico, se ajusta a los estándares internacionales y no vulnera derechos fundamentales en materia de derechos humanos. Además, resaltó que la normativa mantiene la prohibición de extradición a países que no garanticen el derecho a la vida, presenten antecedentes de ejecuciones extrajudiciales o no impidan la tortura para los privados de libertad.
Rosa Torres añadió que el proyecto define claramente los roles y responsabilidades de cada instancia involucrada en el proceso de extradición, incluyendo la Corte Nacional de Justicia, la Cancillería y la Presidencia de la República.
Correísmo: Respaldo con Reparos y Debate Político Intenso
A pesar de la aprobación unánime, la bancada correísta, cuyos integrantes fueron vistos previo al debate el 7 de julio de 2026, manifestó sus reservas. Durante la discusión, señalaron que el proyecto, tal como está planteado, no constituye la «panacea» que el oficialismo promociona y que no resolverá por sí solo los profundos problemas de inseguridad que enfrenta Ecuador.
El legislador César Palacios reconoció la necesidad de actualizar la ley vigente desde el año 2000, aunque puntualizó que dicha actualización no ha sido un impedimento para que delincuentes específicos hayan sido extraditados a países como Estados Unidos. Palacios argumentó que «el tiempo les ha dado la razón», ya que el gobierno de Daniel Noboa presentó la extradición en la consulta popular como la «piedra filosofal» para erradicar la inseguridad, pero dos años después, el problema de la violencia persiste.
El correísmo también expresó su preocupación por el hecho de que la última palabra sobre la extradición recaiga en el Presidente de la República, incluso por encima del análisis jurídico y los informes emitidos por la Corte Nacional de Justicia.
«El día de mañana cualquier protesta social, cualquier dirigente que sale a las calles a manifestar su inconformidad contra un gobierno puede ser acusado como terrorista, lo que es susceptible de extradición».
César Palacios, asambleísta del correísmo
A pesar de estos reparos y objeciones, la bancada correísta anunció durante el debate que votaría a favor del proyecto de ADN. Según Palacios, esta decisión busca evitar que «el gobierno no ponga de pretexto de que nosotros somos los responsables de la responsabilidad que tiene en la violencia».
En el marco de un acalorado intercambio político, la bancada de ADN, a través de Paola Cabezas, recordó a la RC que hay figuras políticas vinculadas a su movimiento, como Ronnie Aleaga, que se encuentran prófugas de la justicia. «Siguen con un relato que no tiene sentido», cuestionó Cabezas.
Por su parte, la legisladora Viviana Veloz (RC) manifestó su esperanza de que esta nueva norma sirva para extraditar a los responsables del caso Progen, una vez que se determine a los culpables. En un tono similar, Andrés Castillo, de ADN, replicó que ojalá también se pueda traer «a un fulano que está por Bélgica», en una clara alusión indirecta a un exmandatario.
DnG