El Gobierno de Bolivia se prepara para intensificar sus acciones hacia la contención de las protestas que mantienen al país paralizado desde el pasado 1 de mayo. Sin embargo, el presidente Rodrigo Paz ha reiterado su firme llamado al entendimiento y al diálogo con los sectores movilizados, buscando una salida pacífica a la crisis nacional.
Bolivia: Contención y Diálogo en Medio de Protestas Nacionales
En un mensaje claro a la nación, el presidente Paz afirmó: “No alzamos la mano para golpear, más bien la extendemos para el diálogo”. Esta declaración acompaña el anuncio del envío al Órgano Legislativo de un proyecto de ley crucial que regula los estados de excepción en el país, buscando equilibrar la autoridad estatal con el respeto a los derechos ciudadanos.
Paz Impulsa Marco Legal para la Contención con Enfoque Humanitario
El mandatario enfatizó que este nuevo instrumento legal ha sido redactado bajo una estricta “lógica de acción humanitaria”, asegurando que todas las intervenciones de la Policía y las Fuerzas Armadas se enmarcarán en este principio. El objetivo es claro: evitar “interpretaciones arbitrarias” de lo que define como una herramienta constitucional esencial para la estabilidad del Estado y la protección de la población.
La semana pasada, el Parlamento boliviano ya había aprobado la abrogación de una ley anterior que limitaba la aplicación del estado de excepción, y el presidente Paz procedió a la promulgación del nuevo marco normativo. Aunque el Ejecutivo boliviano se había resistido inicialmente a la opción de la fuerza, Paz ahora urge celeridad al legislativo para la consideración de esta norma, sin abandonar su constante invitación al diálogo.
Como parte de sus esfuerzos para desactivar la crisis, el presidente Paz extendió una invitación directa a negociar a importantes organizaciones campesinas como ‘Tupac Katari’ y ‘Bartolina Sisa’. Además, destacó y felicitó al vicepresidente Edmand Lara por sus recientes gestiones, las cuales han sido clave para fomentar un acercamiento con los sectores movilizados, a pesar de las tensiones previas entre ambos desde el inicio de su gestión.
Acusaciones de Narcotráfico Detrás de las Movilizaciones y Ajuste de Gabinete
En un giro inesperado, el presidente Paz prometió librar “la batalla de las batallas” contra supuestas estructuras de narcotráfico que, según sus declaraciones, estarían financiando y detrás de las protestas actuales. El mandatario señaló directamente a zonas productoras de coca como el origen de los recursos utilizados para alentar los bloqueos.
“No es de extrañar que desde las regiones de producción de narcóticos se haya capturado a portadores de recursos económicos que, en algunos casos, han ido a alimentar movilizaciones y acciones en contra de nuestra democracia, nuestra Constitución y el bienestar de los bolivianos”, denunció Paz, vinculando directamente el crimen organizado con la desestabilización política del país.
En un movimiento estratégico para fortalecer su equipo (incluyendo la juramentación del nuevo ministro de Defensa Ernesto Justiniano en La Paz, el 3 de junio de 2026, tras la renuncia de Marcelo Salinas), Paz anticipó un “ajuste de gabinete mayor e inclusivo”, aunque sin especificar plazos para esta reestructuración.
Recuperando el Control: Desbloqueos Estratégicos y Acciones Gubernamentales
En las últimas horas, el Gobierno ha logrado importantes avances en la recuperación de instalaciones energéticas críticas que habían sido tomadas por los manifestantes, aunque estas acciones no han estado exentas de consecuencias para la producción nacional y la economía.
Específicamente, la Policía desalojó un grupo de manifestantes que había ocupado desde el 2 de junio la planta de hidrocarburos Humberto Suárez Roca (HSR) en la provincia de Sara, departamento de Santa Cruz. Grupos encapuchados y armados con objetos contundentes habían tomado el control, cerrando las válvulas del pozo, lo que, según las autoridades de hidrocarburos, provocará graves pérdidas debido al manejo inadecuado de la instalación. La demanda principal de los protestantes era la renuncia del presidente Paz.
Durante la operación de desalojo en la planta HSR, se detuvo a diez personas, y se emplearon gases lacrimógenos para dispersar a los ocupantes. Entre los detenidos figura una mujer a la que se le decomisó una considerable suma de dinero en efectivo, y a quien la policía identifica como posible financista de las protestas.
En otro frente crucial, una fuerza combinada de 500 policías y 500 militares consiguió despejar el estratégico puente Parotani, en Cochabamba, restableciendo el paso hacia el occidente del país. Este bloqueo había generado pérdidas millonarias para productores agrícolas y transportistas, y su reapertura reconecta al departamento con mercados vitales como Oruro y La Paz.
Sin embargo, analistas como Pedro Portugal, experto en temas indígenas, han expresado su preocupación, advirtiendo que la percibida inacción gubernamental podría escalar en enfrentamientos entre civiles. “El Gobierno no está haciendo absolutamente nada, es como si estuviese esperando que la población que le apoya se enfrente a los bloqueadores y se resuelva esta cuestión en un enfrentamiento entre civiles, en vez de que sea una intervención estatal”, criticó Portugal, subrayando la tensión social latente.
La Tragedia de los Bloqueos: Impacto Humanitario y Aumento de Víctimas
La crisis humanitaria se profundiza con la confirmación de una sexta víctima mortal atribuida directamente a la falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos. Un conductor de transporte pesado, atrapado durante 32 días en un corte de carreteras, falleció por deshidratación, una lamentable consecuencia de la inaccesibilidad.
Zulema Ramos, esposa de la víctima, relató con dolor que su esposo se negó a abandonar su camión por temor a los saqueos que ya había sufrido en su ruta. Esta fatalidad eleva a seis el número de decesos registrados por el Ministerio de Salud y Deporte a causa de las restricciones a la movilidad, incluyendo el trágico caso de un niño de 12 años.
En total, la cifra de personas que han perdido la vida en el contexto de estas protestas, impulsadas por sectores afines al expresidente Evo Morales, asciende a diez. Además de los seis fallecidos por emergencias médicas no atendidas, la Defensoría del Pueblo reporta la muerte de un joven por disparo durante un operativo de desbloqueo y de dos manifestantes en circunstancias aún por esclarecer.
Recientemente, se sumó a esta trágica lista un maestro rural de Tapacarí, Cochabamba, quien falleció por una complicación de salud no revelada mientras se dirigía a pie a su trabajo. Edgar Veizaga, director de la escuela, informó que el maestro padecía una “enfermedad de base” y no pudo acceder a tiempo a la atención médica necesaria debido a los bloqueos. Su caso, sin embargo, aún no ha sido oficialmente contabilizado por el Ministerio de Salud, lo que podría aumentar la cifra oficial de víctimas.
Con información de EFE y medios locales.
DnG
