Rafael Calderón a Juicio por Corrupción en la Impactante «Operación Calamar»
El exsenador por la provincia de Azua, Rafael Porfirio Calderón Martínez, enfrentará un juicio de fondo tras la decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. La magistrada Sofía Bruno De Los Santos encontró elementos probatorios suficientes que lo vinculan directamente con el multimillonario esquema de corrupción administrativa conocido como la «Operación Calamar».
Decisión Judicial y Proceso Independiente
La resolución judicial establece que el exlegislador deberá responder ante los graves cargos formulados por el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Este proceso contra Rafael Calderón se desarrolló de forma independiente del grupo principal de imputados en la Operación Calamar, una medida tomada por el tribunal debido a las razones de salud que le aquejaban al excongresista.
Argumentos Clave en la Audiencia Preliminar
Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público, con el respaldo de la barra de abogados del Estado dominicano, solicitó firmemente el envío a juicio. La fiscalía argumentó poseer un «robusto compendio probatorio» que sustenta los graves hechos de corrupción administrativa atribuidos al imputado.
La Defensa del Exsenador: Solicitud de «No Ha Lugar»
En contraste, la defensa técnica de Rafael Calderón, liderada por el abogado Wilson Beriguete, instó al tribunal a rechazar las pretensiones del Ministerio Público. La defensa solicitó un auto de «no ha lugar», afirmando que el exsenador no cometió los hechos que el órgano acusador le imputa en el marco de la Operación Calamar.
La «Operación Calamar»: Contexto y Exfuncionarios Implicados
El caso de Rafael Calderón se enmarca dentro de un expediente de gran complejidad que ha salpicado a altos exfuncionarios de la administración del expresidente Danilo Medina. La Operación Calamar ha puesto de manifiesto una presunta red de corrupción que operó con el desvío de fondos públicos y la expropiación irregular de terrenos.
Resultados Variados para Figuras Políticas
Dentro del mismo expediente de la Operación Calamar, se han observado resultados diversos para figuras prominentes. Mientras el exministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero, ha sido enviado a juicio, otros implicados como el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, fueron exonerados de responsabilidad penal.
Rafael Calderón y el Presunto «Holding Criminal»
Según la acusación del Ministerio Público, Rafael Calderón formaba parte de un «holding criminal» diseñado para la expropiación irregular de terrenos y la distracción de fondos públicos. El objetivo, presuntamente, era financiar la campaña política del año 2020, consolidando un esquema de desfalco sin precedentes.
Modus Operandi: Comisiones Ilegales y Acuerdos Fraudulentos
El órgano persecutor detalla que Calderón, aprovechando su supuesta cercanía con el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, gestionaba la autorización de pagos por deudas administrativas de terrenos declarados de utilidad pública. Se alega que el exsenador exigía a los propietarios legítimos el pago de comisiones que oscilaban entre el 40 % y el 70 % de los fondos desembolsados por el Estado. Estos pagos se realizaban mediante acuerdos transaccionales que, según la acusación, carecían de fundamentos legales y eran ejecutados exclusivamente para el pago de sobornos.
Lavado de Activos: El Componente Clandestino de la Operación Calamar
El Ministerio Público profundiza en las acusaciones contra Rafael Calderón, sosteniendo que, para ocultar el origen ilícito de los recursos obtenidos mediante la corrupción, el exsenador implementó una sofisticada red de prestanombres y empresas.
Estructura de Ocultamiento de Fondos
Esta red incluía a personas físicas como Baldemar Andriw Ovalle Sánchez, así como entidades jurídicas como Miqui Trade, S.R.L. e Industria Misaqui, S.A., propiedad de Omar Manuel Miqui Arias. Estas estructuras habrían sido utilizadas para blanquear el dinero proveniente de las operaciones fraudulentas de la Operación Calamar, consolidando el presunto lavado de activos.
Estimación del Beneficio Ilícito
Las rigurosas investigaciones financieras llevadas a cabo por el órgano acusador estiman que, a través de estas complejas operaciones ilícitas, el exsenador Rafael Porfirio Calderón Martínez habría obtenido un beneficio que asciende a la cuantiosa suma de RD$ 165,297,166.71.
DnG