Una alarmante modificación en los reglamentos internos de contratación de YPFB Refinación ha destapado un presunto esquema irregular que amenaza con graves pérdidas para el Estado. La subsidiaria petrolera denunció un controvertido desembolso anticipado de más de 1.000 millones de bolivianos a la empresa Indueste por contratos no cumplidos, sin las garantías adecuadas para resguardar los valiosos recursos públicos.
La grave acusación fue detallada por Jorge Plaza, director de Auditoría Interna de YPFB Refinación S.A., y Eduardo Saucedo, gerente de Asuntos Legales de la compañía, en el programa Influyentes de EL DEBER. Ambos enfatizaron que el caso no solo implica a exejecutivos y exdirectores de la estatal, sino que podría traducirse en un daño económico irreparable para Bolivia si el proceso judicial no prospera adecuadamente.
El Contrato de Soya Bajo la Lupa: Un Negocio Milmillonario con Irregularidades
Según la revelación de Plaza, el epicentro de la controversia se sitúa en abril de 2024. Durante la gestión anterior, se flexibilizaron drásticamente los reglamentos internos referentes a garantías y mecanismos de control. Esta apertura permitió a YPFB Refinación suscribir dos contratos con Indueste, valorados en más de Bs 1.000 millones, para el vital suministro de soya destinada a las plantas de biodiésel de Santa Cruz.
La principal objeción radica en la entrega anticipada del 100% del valor contractual por parte de la estatal. Esto ocurrió a pesar de que los convenios tenían una vigencia anual y, lo más preocupante, carecían de garantías suficientes que respaldaran semejante adelanto de fondos.
“La empresa comenzó con incumplimientos y al final la compañía se quedó solamente con la entrega de esos mil millones bolivianos y un 18% de producto”, sentenció Plaza, evidenciando una flagrante desproporción entre el pago y la entrega.
El directivo precisó que YPFB Refinación opera las plantas de biodiésel en representación de YPFB Corporación, haciendo de la soya una materia prima indispensable. A la luz de las irregularidades, también llamó la atención el precio fijo pactado para el commodity, una práctica inusual dado que la soya está sujeta a constantes fluctuaciones en los mercados internacionales.
Investigación Profunda: Exdirectivos de YPFB Refinación Implicados en Presunto Fraude
Eduardo Saucedo afirmó que la denuncia penal trasciende el mero incumplimiento contractual. Apunta directamente a posibles delitos relacionados con la forma en que se desembolsaron los recursos públicos y una presunta mala fe en la ejecución del contrato con Indueste.
“No entregaron el producto y se quedaron con los 1.000 millones de bolivianos”, enfatizó el abogado de la estatal, cuestionando severamente que Indueste no hubiese garantizado la compra de la materia prima ni procedido a la devolución del cuantioso anticipo recibido. La ausencia de garantías ha dejado a YPFB Refinación en una posición vulnerable, sin mecanismos inmediatos para recuperar los fondos. “Lo que estamos haciendo es intentar recuperar esos 1.000 millones, pero no tenemos esas garantías”, advirtió.
La investigación se extiende a exautoridades y funcionarios de YPFB Refinación, quienes participaron activamente en la modificación del reglamento de garantías y en la aprobación de estos desembolsos millonarios. Saucedo mencionó explícitamente al entonces gerente general Miguel Ángel Colte, y a exdirectores como Jaime Arancibia e ingeniero Márquez, además de otros trabajadores clave en el proceso.
“Lo que nosotros presumimos es que esta modificación se hizo exclusivamente para beneficiar a Indueste”, reveló el gerente legal, sugiriendo un posible acto de corrupción y favoritismo en la adjudicación de los contratos de soya.
Batalla Judicial y Riesgo de Daño Económico Irreparable para el Estado Boliviano
El intrincado proceso judicial, iniciado en la vía penal, sufrió un revés cuando Indueste interpuso una excepción de incompetencia. Esta fue aceptada por la jueza Jimena Flores y ratificada en apelación por la Sala Penal Primera, trasladando el caso al ámbito civil. Esta decisión, según YPFB Refinación, dificulta exponencialmente la recuperación de los recursos públicos.
Saucedo advirtió que la no restitución del proceso penal reduciría drásticamente las posibilidades de ejercer una presión judicial efectiva para recuperar el dinero. Por consiguiente, anunció la interposición de una acción de amparo constitucional, buscando revertir estas resoluciones y devolver la investigación al fuero del Ministerio Público.
Este escándalo se suma a una creciente ola de denuncias y cuestionamientos que azotan al estratégico sector de hidrocarburos. El contexto es crítico: YPFB, la corporación matriz, enfrenta una significativa presión financiera, una preocupante caída en su producción y una exigencia social cada vez mayor de total transparencia en el manejo de los recursos estatales. La falta de recuperación de los 1.000 millones de bolivianos a Indueste podría agravar aún más la situación financiera de la empresa y, por ende, del Estado boliviano.
DnG