Debate en el Congreso: La Ley del Sistema Portuario y su Directorio
La aprobación de la crucial Ley del Sistema Portuario Nacional se encuentra en un punto muerto en el Congreso, debido a profundas divergencias de criterios entre los diputados. El principal escollo radica en la delicada conformación del directorio de la autoridad portuaria. Aunque la Comisión de Legislación de Economía y Comercio Exterior propuso una ampliación de su integración, la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) ha manifestado su rotunda oposición a esta medida.
Originalmente, la Iniciativa de Ley 6541, presentada por el Organismo Ejecutivo, delineaba un directorio compuesto por el Presidente de la República, un viceministro del Ministerio de Comunicaciones, y un único representante de los ministerios de Economía, Gobernación y de la Defensa.
No obstante, el dictamen aprobado por el Pleno, emanado de la Comisión de Economía, sugirió una estructura diferente: tres representantes ministeriales (uno por Economía, Gobernación y Comunicaciones), un delegado del consejo de usuarios del sistema portuario, y un representante de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
En un giro reciente durante las mesas de trabajo, los bloques de la UNE y Vamos presentaron enmiendas con el objetivo de excluir a la SAT del directorio y, en su lugar, otorgar un asiento al Congreso de la República. Esta propuesta ha generado fuerte rechazo entre varios diputados, quienes argumentan la necesidad imperante de un ente técnico, despolitizado, para la gestión portuaria.
La Comisión de Economía ha procesado un total de 24 enmiendas, esperando su incorporación final en el momento de la aprobación en redacción final de esta trascendental iniciativa de ley.
La Visión de la UNE: ¿Por qué la SAT no encaja en el Directorio Portuario?
El jefe del bloque UNE, José Inés Castillo, ha sido contundente en justificar la oposición de su bancada a la inclusión de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en el directorio de la autoridad portuaria. Esta postura surge en un contexto de preocupantes atrasos en la atención de buques y la manifiesta falta de modernización en los puertos nacionales.
Castillo expresó sin rodeos: «Hay que ser honestos y no compartimos que la SAT tenga una silla en el directorio; la ocupación de ese espacio sigue siendo objeto de intenso debate». El diputado cuestionó abiertamente el rol de la SAT en la gestión portuaria, reconociendo su función recaudadora, pero insistiendo en la necesidad de una institución con mayor incidencia política y estratégica para el desarrollo portuario del país.
Una de las propuestas clave de Castillo es otorgar ese espacio al Ministerio de la Defensa Nacional, argumentando su rol crucial en el mantenimiento del control soberano de las aguas territoriales y la intrínseca conexión de los puertos con el ámbito marítimo.
Al ser consultado sobre el posible interés de la UNE en que el Congreso obtenga un asiento en dicho directorio, Castillo enfatizó la naturaleza intrínsecamente política del Poder Legislativo. Subrayó la necesidad de entidades con funciones y responsabilidades claras en áreas técnicas como agua, puertos y aeropuertos, sugiriendo una clara preferencia por perfiles más operativos que políticos para la dirección portuaria.
A pesar de las discrepancias, Castillo afirmó el apoyo de la UNE a la Ley del Sistema Portuario desde la comisión, con la esperanza de que esta normativa jurídica sea una herramienta efectiva. Sin embargo, hizo hincapié en que el colapso actual de los puertos no se debe únicamente a la ausencia de una ley, sino a una administración irresponsable que ha facilitado la cooptación de estas infraestructuras por parte de mafias.
«Esta ley proporcionará la plataforma jurídica y las herramientas necesarias para que tanto el Estado como el sector privado puedan realizar inversiones estratégicas en proyectos portuarios», concluyó Castillo, destacando el potencial transformador de la legislación para impulsar la modernización y eficiencia.
Reforma a la Ley Antilavado: La UNE y las Directrices de GAFILAT
La bancada de la UNE también ha sido protagonista en la presentación de enmiendas de último momento a la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, un factor que ha postergado su aprobación final en el hemiciclo. Estas modificaciones han generado un intenso debate y un retraso en la crucial actualización de la normativa.
Una de las propuestas más significativas impulsadas por los diputados en la plenaria del 12 de mayo sugiere que, para tipificar el delito de lavado de dinero u otros activos, primero debe demostrarse fehacientemente la comisión de un delito precedente. Esta enmienda busca establecer un requisito de prueba adicional que, según sus críticos, podría complicar la persecución de este tipo de crímenes.
José Inés Castillo defendió estas «enmiendas de curul» como un derecho legítimo de los parlamentarios, susceptibles de ser presentadas en el Pleno. Subrayó que, lejos de ser «descabelladas», algunas de ellas han demostrado ser pertinentes y necesarias para perfeccionar la legislación.
«Era fundamental ordenar ciertos aspectos, pues se trata de una ley altamente especializada», explicó Castillo. El diputado enfatizó el compromiso inquebrantable de la UNE con la aprobación de esta ley, destacando la imperiosa necesidad de evitar que el país ingrese a una temida lista gris internacional. «Nuestra brújula son las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Nos guiaremos por ellas para lograr una reforma que sea lo más fiel posible a sus directrices y que, al mismo tiempo, no colisione con nuestra Constitución. Ese es nuestro deber», sentenció.
La Comisión Permanente del Congreso ha convocado a una sesión extraordinaria para el 2 de junio, con el objetivo de debatir en redacción final la Ley Contra el Lavado de Dinero. Se espera que en esta instancia, finalmente se logren los consensos necesarios para la aprobación definitiva de esta normativa vital para la transparencia financiera del país.
DnG