El laberinto financiero de Pueblo Soberano: Investigan aporte de exdirectiva bancaria a campaña oficialista
La transparencia en el financiamiento de los partidos políticos vuelve a estar en el centro del debate público en Costa Rica tras revelarse una serie de inconsistencias documentales que involucran de manera directa a la cúpula del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y a una alta funcionaria del sector bancario estatal. Este caso pone a prueba los mecanismos de fiscalización del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y plantea serias interrogantes sobre la elusión de prohibiciones legales mediante el uso de familiares como testaferros políticos.
Antecedentes del marco normativo y la prohibición bancaria
Para comprender la gravedad de esta situación, es fundamental analizar el contexto normativo que regula la participación política en el sistema financiero costarricense. La legislación nacional ha sido históricamente estricta para garantizar la neutralidad y la probidad de las instituciones autónomas y los bancos del Estado. Específicamente, el artículo 29 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional establece una prohibición explícita para que los miembros de las juntas directivas bancarias participuen en actividades político-electorales, limitando su derecho ciudadano estrictamente al sufragio durante el día de las elecciones.
Esta normativa busca blindar a las entidades financieras de la influencia político-partidaria, evitando conflictos de interés y salvaguardando los recursos públicos. No obstante, la realidad operativa de las campañas políticas a menudo colisiona con estos muros legales, propiciando esquemas creativos pero cuestionables para canalizar recursos económicos hacia las agrupaciones en disputa sin levantar sospechas inmediatas ante los órganos fiscalizadores.
Radiografía del caso: De enero a abril, la metamorfosis del reporte
La controversia estalló cuando el tesorero del PPSO, Raúl Zamora Trejos, confirmó formalmente al TSE que Iliana González Cordero, quien fungía como integrante de la Junta Directiva del Banco Popular, realizó una transferencia por ¢4.250.000 en diciembre de 2025 para adquirir bonos de la campaña de la actual presidenta de la República, Laura Fernández. Lo llamativo del caso no es solo la violación flagrante a la restricción legal, sino la maniobra administrativa ejecutada posteriormente por la dirigencia partidaria para maquillar el origen del dinero.
- Diciembre de 2025: Iliana González transfiere ¢4.250.000 al PPSO bajo el detalle «GONZÁLEZ-CORDER BONOS TIPO A P».
- Enero de 2026: El partido reporta oficialmente al TSE que González posee cinco bonos de cesión valorados en ¢5 millones nominales.
- Abril de 2026: Concluida la contienda electoral, el PPSO elimina el nombre de la exdirectiva bancaria y lo sustituye por el de su hija, Priscila Alfaro González, de 27 años.
- 16 de julio de 2026: El tesorero del partido justifica la anomalía argumentando que fue una solicitud expresa de la adquirente, coincidiendo con la fecha de las primeras publicaciones periodísticas sobre el caso.
- 28 de julio de 2026: El TSE abre oficialmente la investigación preliminar bajo el expediente N.° DFPP-EE-005-2026.
Análisis de impacto: Riesgos legales y corporativos
El impacto de este escándalo trasciende la esfera política y golpea la gobernanza corporativa del Banco Popular. Aunque el nombramiento de González en la directiva principal venció el 31 de julio de 2026, la funcionaria continuaba vinculada al conglomerado financiero como directora de la Junta Directiva de Popular Seguros. Esto activó los mecanismos de control interno, obligando a la Auditoría Interna del banco a solicitar información para valorar los hechos desde una perspectiva institucional, un proceso blindado bajo estrictas cláusulas de confidencialidad.
Desde la perspectiva estrictamente electoral, la actuación del PPSO y de la exdirectiva podría encajar en tipos penales severos. El artículo 274, inciso e, del Código Electoral sanciona con penas de dos a cuatro años de prisión a quienes canalicen aportes partidarios a través de terceras personas. Al transferir fondos siendo directiva bancaria y pretender ocultar la titularidad de los bonos endosándolos a su hija, la maniobra se adentra en terrenos peligrosos que el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE ya ha comenzado a desentrañar mediante su pesquisa preliminar.
Proyección y escenarios futuros
A futuro, este proceso administrativo y judicial marcará un precedente crítico sobre cómo el TSE fiscaliza el blanqueo de aportes políticos a través de familiares de funcionarios inhabilitados. Si la investigación demuestra dolo en la modificación de los reportes presentados en enero y abril, el PPSO se enfrentará a sanciones administrativas de gran calado, y la exdirectiva podría enfrentar acciones penales individuales por simulación y quebrantamiento de la ley electoral.
Asimismo, el caso incrementa la presión sobre las agrupaciones políticas oficialistas para transparentar el origen real de sus finanzas de campaña. La habilidad de los partidos para justificar cambios en los libros de tenedores de bonos mediante meras solicitudes verbales o notas tardías quedará bajo la lupa implacable de la opinión pública y de los magistrados electorales, quienes deberán determinar si este caso es un hecho aislado o la punta de un iceberg en la contabilidad partidaria.
DnG