La Corte Suprema Ratifica Decisión: Rechazada Recusación de Miguel Prieto en Caso de Apropiación de G. 306 Millones
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, conformada por los ministros Manuel Dejesús Ramírez Candia, Alberto Martínez y Eugenio Jiménez Rolón, ha dictaminado una resolución clave en el proceso penal que enfrenta el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos. La máxima instancia judicial rechazó la recusación presentada por Prieto contra jueces del Tribunal de Apelación, en un caso que involucra una supuesta apropiación mediante compra ficticia de alimentos valorada en G. 306 millones. Este importante proceso, que actualmente se encuentra en la etapa de audiencia preliminar, involucra además a otras diez personas.
Los Argumentos de la Defensa y la Postura de los Camaristas
La defensa de Prieto Vallejos fundamentó su recusación alegando que los magistrados del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos —Gustavo Amarilla, Claudia Criscioni y Silvana Luraghi— habían resuelto dos causas «sustancialmente idénticas» de manera «frontalmente opuesta», sin una justificación expresa o legal para tal cambio de criterio. Esta inconsistencia, según la defensa, comprometía la imparcialidad de los jueces en el caso de apropiación.
El Fallo de la Sala Penal de la Corte: Imparcialidad Preservada
Por su parte, los camaristas cuestionados sostuvieron que las causas comparadas eran «totalmente diferentes», haciendo especial énfasis en las divergencias respecto al monto de dinero presuntamente desviado. Sin embargo, para la Sala Penal de la Corte Suprema, el motivo invocado por la parte recusante no fue debidamente acreditado. La resolución enfatiza que las recusaciones no deben ser empleadas como un mecanismo para que las partes «elijan a sus jueces» o los separen del caso cuando no concuerdan con sus decisiones, sino que están reservadas estrictamente para situaciones donde la imparcialidad del órgano jurisdiccional se vea seriamente comprometida por las causales taxativamente enumeradas en la ley.
Antecedentes Clave del Caso: Compra Ficticia de Alimentos en Ciudad del Este
El revés judicial para Miguel Prieto se enmarca en un extenso proceso penal que investiga un supuesto esquema de compra ficticia de alimentos por un valor de G. 306 millones. Estos hechos habrían ocurrido durante el período de la pandemia, afectando recursos destinados a la ciudadanía de Ciudad del Este. Además de Prieto, otras diez personas enfrentan acusaciones en relación con esta causa.
Los Implicados y las Acusaciones Específicas
La Fiscalía atribuye a Miguel Prieto y a Francisco Arrúa Álvarez, quien fungía como director de Administración y Finanzas de la Municipalidad en aquel entonces, los delitos de lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio, en calidad de autores. La lista de acusados se extiende a varios actores clave:
- Buena Ventura Morínigo: Propietario de Tajy Servicios Generales, la firma originalmente contratada.
- Emili Vanessa Florentín Páez y Robert Osmar Florentín Silvero: Accionistas de la empresa Vaneni SA, que habría actuado como subcontratada para la provisión de los alimentos.
- Maggi Farinha Almada: Excoordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC).
- Sebastián Martínez Insfrán: Exdirector de Desarrollo Social y actual concejal municipal.
- Alex Yamal Samhat González: Jefe de la planta procesadora de alimentos de la Comuna.
- Higinio Ramón Acuña: Jefe de Adquisición y Suministros.
- Cirle Alcaraz Ramírez: Encargada de órdenes de pago.
- Nelson Segovia Acevedo: Tesorero de la Municipalidad.
Los nueve últimos acusados son señalados como supuestos cómplices en los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, mientras que por el delito de asociación criminal se les imputa en calidad de presuntos autores. Este entramado de acusaciones subraya la complejidad y la gravedad del caso que mantiene en vilo la arena política y judicial de Ciudad del Este.
DnG