Corte Suprema al Frente: Ultimátum a Magistrados y Funcionarios por Deudas del Fondo Solidario
La Corte Suprema de Chile ha dado un paso firme para abordar la creciente preocupación por las deudas del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU). El máximo tribunal ha activado un procedimiento inédito, instando a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial que mantienen compromisos impagos con el FSCU a regularizar su situación. Esta trascendental decisión surge tras la iniciativa de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien llevó al pleno la información sobre los judiciales morosos el pasado 6 de abril, encendiendo las alarmas sobre un tema de probidad y transparencia.
La situación tomó gran relevancia luego de que un reportaje de Mega expusiera la magnitud de empleados estatales con deudas universitarias pendientes, muchos de ellos apareciendo en la base de datos pública del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh). Ante este escenario, los magistrados instruyeron a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) la tarea de depurar los datos y elaborar un listado oficial de deudores. La directora (S) de la CAPJ, Andreina Olmo, realizó un exhaustivo cruce de información, confirmando la magnitud del desafío.
El análisis de la CAPJ arrojó cifras reveladoras: se identificaron 1.265 personas en calidad de morosas que perciben sueldo fiscal, a las que se suman 67 que no lo reciben, así como abogados integrantes en diversas cortes. Con esta información precisa y verificada, la presidenta Chevesich retornó al pleno el 24 de abril, sentando las bases para una acción decisiva.
Plazo Fatal: Cartas de Apercibimiento y Consecuencias para Deudores Judiciales
En una resolución contundente, el pleno de la Corte Suprema acordó que la presidenta remitiera una carta oficial de apercibimiento a cada uno de los funcionarios y magistrados morosos. Estas misivas, que comenzaron a llegar a inicios de esta semana, exigen la regularización de las deudas del FSCU. Los destinatarios tienen un plazo improrrogable hasta el 31 de mayo del año en curso para «pagar la deuda o arribar a un acuerdo de pago con la institución que corresponda», según los términos de la resolución.
La comunicación enviada por Gloria Ana Chevesich enfatiza «las obligaciones éticas y de probidad que asisten a los funcionarios públicos». Se solicita adjuntar, antes del fin de mayo, el documento que acredite la solución de la deuda o el acuerdo de pago alcanzado. Toda esta información debe ser enviada a un correo electrónico habilitado específicamente para este fin, bajo el claro apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes en caso de incumplimiento.
La Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial ha precisado que, una vez recopilada toda la información, esta será nuevamente presentada a la Corte Suprema. Esto permitirá al máximo tribunal analizar individualmente cada situación y «adoptar las decisiones que parezcan pertinentes», marcando un precedente en la gestión de la transparencia y la responsabilidad financiera dentro del estamento judicial.
¿Prórroga o Mano Dura? La Disyuntiva ante la Solicitud Gremial
La medida no ha estado exenta de reacciones. Mario Aguilar, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Poder Judicial (APRAJUD), ha manifestado su preocupación, acusando una «permanente percepción de persecución» hacia los trabajadores del sector público. Aguilar ha solicitado formalmente una prórroga de tres meses para el cumplimiento de los plazos, argumentando la complejidad de las situaciones individuales y la necesidad de facilitar la regularización de estas deudas del Fondo Solidario.
La situación actual deja abierta la interrogante: ¿accederá la Corte Suprema a la solicitud de prórroga del gremio de trabajadores, ofreciendo un margen adicional a los deudores judiciales, o se mantendrá firme en la drástica medida y el plazo establecido para asegurar la probidad en sus filas?
DnG