El silencio del Servicio Electoral de Chile (Servel) se transforma en un problema político e institucional de creciente magnitud. Mientras la Fiscalía Metropolitana Oriente avanza en una nueva arista por delitos electorales contra Joaquín Lavín León, la investigación revela no solo el uso irregular de bases de datos electorales en la plataforma SocialTazk, sino también la presunta participación de Jorge Manzano Gouet, actual miembro del Consejo Directivo del propio organismo fiscalizador.
Esta situación plantea una pregunta incómoda: ¿por qué el Servel no ha iniciado una investigación administrativa interna, a pesar de que los antecedentes ya circulaban antes de la formalización de Lavín León?
Fuentes internas indican que el Ministerio Público sostuvo al menos dos reuniones previas a la formalización con autoridades del Servel, presentando evidencia como correos, chats e información sobre el traspaso de padrones electorales. Sin embargo, desde el Servel, se sostiene que no existe comunicación formal de la fiscalía sobre la eventual implicación de Manzano Gouet.
El problema es que la evidencia ya no parece marginal.
“Me refiero al padrón electoral de Chile entero”
Correos electrónicos de la causa evidencian que, en octubre de 2018, Manzano envió a Lavín León bases de datos electorales, incluyendo el padrón completo del país, al inicio de SocialTazk. Esta plataforma, desarrollada con Felipe Vásquez, habría sido financiada con recursos del Congreso Nacional, según la investigación.
“Me refiero al padrón electoral de Chile entero” –porque el de la UDI ya lo tenía–, escribió Lavín León, según uno de los correos. Dos días después, Manzano habría enviado el padrón solicitado.
La indagatoria, liderada por la fiscal Constanza Encina, afirma que SocialTazk contenía datos electorales sensibles del Servel (domicilio, circunscripción, mesa, distrito), usados para campañas políticas de candidatos de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Un informe del Departamento Forense Digital de la PDI confirmó que “efectivamente varios padrones electorales, con datos sensibles de la ciudadanía, se encontraban contenidos en la aplicación SocialTazk”.
La situación es crítica para Manzano: fue el “hombre fuerte” electoral de la UDI por décadas, a cargo de campañas y padrones. Descrito como “el dueño de la billetera electoral”, desde junio del año pasado ocupa un asiento en el Consejo Directivo del Servel por diez años. Aquí radica la delicadeza del caso.
El Blindaje del Servel
Los antecedentes de la Fiscalía podrían generar no solo una arista penal, sino también responsabilidades administrativas por el uso y resguardo de los padrones electorales. La normativa electoral exige a los partidos políticos custodiar esta información exclusivamente para fines electorales, prohibiendo su uso comercial o entrega para negocios privados.
Bajo esta interpretación, si se acreditara que Jorge Manzano Gouet conocía el destino de las bases de datos vinculadas a SocialTazk, podrían configurarse infracciones a la legislación electoral, con consecuencias para él y la UDI.
En este contexto, surgen serios cuestionamientos sobre la inacción administrativa interna del Servicio Electoral, a pesar de que la investigación ya cuenta con correos, chats, audios y peritajes policiales sobre el uso irregular de padrones.
Personas familiarizadas con el organismo sugieren que una indagatoria interna generaría un complejo escenario institucional para el propio Consejo Directivo. Sin embargo, hasta ahora, el Servel no ha anunciado acciones públicas ni investigaciones. Este silencio contrasta con la magnitud del caso: un consejero del organismo vinculado a la transferencia de padrones electorales a una plataforma privada investigada por delitos electorales y fraude al fisco.
El problema amenaza con escalar. La Fiscalía solicitará ampliar el desafuero de Lavín León por delitos electorales asociados al uso de bases de datos del Servel. La investigación también se acerca al entorno familiar del exdiputado, incluyendo la campaña presidencial de Joaquín Lavín Infante y el uso de funcionarios del Congreso en actividades electorales.
Mientras la causa avanza judicialmente, el Servel se mantiene en silencio público. Para expertos electorales y actores políticos, esta inacción es tan relevante como los hallazgos de la investigación.
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DnG