Al margen de las acusaciones por su presunta colusión con la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, instaló en los puestos clave del estado a un grupo que tomó las riendas del aparato burocrático e hizo negocios al amparo del poder. Además de contratar empresas creadas por socios de sus hijos y de su yerno, el gobierno estatal organizó licitaciones a modo para compañías que triangularon parte de los recursos hacia empresas de los hijos del mandatario.
Esta intrincada red de compañías, liderada por Rubén, José Jesús y Ricardo Rocha Ruiz, se encuentra bajo investigación del gobierno de Estados Unidos. Esta situación ha obligado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a investigar a las empresas de los hijos del mandatario y a ordenar el congelamiento preventivo de las cuentas bancarias de Rocha Ruiz y sus nueve coacusados, si bien la UIF aclaró el 18 de mayo último que estas medidas “no constituyen una determinación definitiva”.
Entre los socios clave de las empresas de los Rocha Ruiz –que incluyen Constructora Chocosa, Stare It Services, Construcciones Suaqui, Grupo Rofcar, A&R Inyecta Soluciones, A&R Soluciones y Estadísticas, Agronegocios y Servicios El Águila del Norte y Chocosa Ranch– destaca José Carlos Cárdenas Mellado. Cárdenas Mellado fue nombrado director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) en 2024 y, según reveló Proceso en su edición XVI, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lo identificó como uno de los enlaces de Rocha Moya con la facción conocida como Los Chapitos.
También figura Luis Manuel Mercado Rosales, presidente suplente del Comité de Obras de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM). Esta instancia recibió del gobierno de Sinaloa 198 millones de pesos en los primeros cinco meses de 2026, según una revisión exhaustiva de miles de convenios y contratos otorgados por la administración de Rocha entre 2021 y 2024, y en lo que va de 2026, disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). De forma notablemente inusual, en la PNT no se encuentran disponibles los contratos de obras y servicios entregados por el gobierno de Sinaloa en 2025.
De acuerdo con un reportaje de N+ publicado el 6 de mayo último, el gobierno de Rubén Rocha entregó el control de la JUMAPAM, así como las juntas municipales de agua potable de Culiacán y Guamúchil, a operadores vinculados directamente con Los Chapitos.
En su empresa constructora Chocosa, los Rocha tienen como socio a Francisco Javier Barrón Sandoval, cuyos hijos han ocupado cargos en la administración estatal de Sinaloa bajo la gestión de Rocha. Uno de ellos, Francisco Javier Barrón Aguayo, fue nombrado subsecretario de Desarrollo Sustentable en la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable apenas en febrero pasado, en una dependencia entonces dirigida por Omar López Campos, el suplente de Enrique Inzunza Cázarez –coacusado con Rocha en Estados Unidos– en el Senado.
Coincidencia o no, Barrón Aguayo era socio –en Grupo del Siaric 2019, una empresa dedicada a la comercialización de sal– de Juan de Dios Gámez Mendívil, ahijado de Rubén Rocha Moya y presidente municipal de Culiacán con licencia. Gámez Mendívil también ha sido acusado por la justicia de Estados Unidos de colaborar con Los Chapitos. El tercer socio de la empresa, Jorge Miguel Morales Donada, es hermano de María del Carmen Morales Donada, secretaria de Obras y Servicios Públicos de Culiacán.
Eduardo Aguirre Medina, director administrativo de los Servicios de Salud del Estado, una institución que, junto con el DIF, ha otorgado contratos a la red de compañías y socios de los hijos de Rocha Moya, es una figura cuya trayectoria se inició en la militancia de izquierdas y se desarrolló en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), creciendo en el PRD a finales de los noventa.
Ceguera Gubernamental Ante la Corrupción en Sinaloa
Los señalamientos sobre las redes de empresas en Sinaloa no son un fenómeno reciente ni desconocido en el estado. Ya en noviembre de 2020, en plena contienda por la candidatura de Morena a la gubernatura, el político Julio Cahue Heras presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. En ella, acusaba a Rubén Rocha Moya, entonces senador de Morena, de tráfico de influencias por asignaciones de contratos públicos por un monto de 64 millones 660 mil pesos a la constructora Chocosa durante las administraciones priistas de Jesús Aguilar Padilla y Quirino Ordaz Coppel, de quienes Rocha había sido asesor.
Otros casos de asignaciones irregulares de recursos públicos a las empresas de esta red fueron documentados por periodistas de Sinaloa –incluidos Aarón Ibarra en Proceso, así como Marcos Vizcarra, Sibely Cañedo, Adrián López o el equipo de Ríodoce–. Sin embargo, estas denuncias fueron sistemáticamente ignoradas por el gobierno federal y el oficialismo durante cinco años, al igual que los señalamientos sobre la participación de hombres armados para beneficiar a Rocha Moya durante las elecciones de 2021, o sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, durante el secuestro de Ismael el Mayo Zambada en julio de 2024.
El año pasado, el medio Xpectro, en una exhaustiva investigación periodística basada en documentos de Estados Unidos y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), desveló la vasta simulación en el otorgamiento de contratos de obra pública en Sinaloa. Esta investigación reveló la existencia de un grupo de 23 empresas que se repartían las contrataciones mediante ofertas sospechosamente similares, a veces con diferencias de tan solo centavos de peso, resultando en obras deficientemente construidas, como el emblemático puente El Quelite, adjudicado a Grobson, una de las empresas de esta red, que se derrumbó tres semanas antes de su prevista inauguración.
La misma investigación de Xpectro también señaló asignaciones irregulares desde el DIF, institución encabezada por Eneyda Rocha Ruiz, hija del entonces gobernador, que entregó contratos de cientos de millones de pesos a…
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