La Batalla por la «Ley de Nietos»: El PP Exige Parar las Nacionalizaciones y Ataca la «Ingeniería Electoral»
El Partido Popular (PP) ha intensificado su ofensiva contra la polémica «Ley de Nietos», formalmente conocida como la Ley de Memoria Democrática de 2022, y su instrucción ministerial de desarrollo. Cuatro días después de que la Junta Electoral Central (JEC) rechazara suspender el voto por correo para residentes en el extranjero, pero solicitara aclaraciones fundamentales al Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los empadronamientos, la formación de Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado estas dudas. El PP exige al Gobierno de Pedro Sánchez la «paralización» inmediata de las nacionalizaciones derivadas de esta norma, a la que previamente acusó de buscar «fabricar nuevos votantes» mediante «ingeniería electoral».
El Origen de la Controversia: La Expansión de la «Ley de Nietos» Más Allá del Exilio
La Ley de Memoria Democrática de 2022 fue concebida como una «medida reparadora» para quienes sufrieron el exilio. Su disposición adicional octava especificaba la nacionalización para descendientes de españoles que hubieran padecido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia, o de orientación e identidad sexual. Sin embargo, apenas unos días después de su sanción y publicación en el BOE, el Gobierno, a través de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, publicó el 25 de octubre una instrucción ministerial que amplió significativamente su alcance. Esta instrucción extendió el derecho a la nacionalidad no solo a los descendientes de exiliados, sino también a aquellos «nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles», abarcando así a quienes emigraron por motivos económicos, entre otros.
Aunque el PP coincide con la inclusión de todos los nietos —no solo los de exiliados, sino también los de emigrados económicos—, y por tanto, con el espíritu de la instrucción, denuncia la forma en que se ha articulado. La formación considera inaceptable que un proceso de tal magnitud se regule mediante una instrucción ministerial ad hoc que, según sus argumentos, amplía los supuestos legales sin el debido debate y aprobación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Además, aunque la norma menciona «nietos» e «hijos», el PP sugiere que la instrucción extiende implícitamente el rango hasta los tataranietos, generando aún más incertidumbre jurídica.
La Junta Electoral Central Aviva las Dudas y el Argumento del PP se Fortalece
La resolución de la Junta Electoral Central del pasado jueves, si bien descartó suspender el censo de electores en el extranjero —argumentando que se aplica desde 2011 sin reclamaciones—, no fue una victoria para el Gobierno. La JEC solicitó una serie de aclaraciones y un informe a la Oficina del Censo Electoral, dependiente del INE. El objetivo es precisar los criterios para la atribución de municipios de votación a los nacionalizados por la «Ley de Nietos». Específicamente, la JEC encomendó a dicha Oficina la elaboración de una instrucción para las Oficinas Consulares, detallando cómo acreditar el mayor arraigo propio o de los ascendientes, la documentación justificativa necesaria y los criterios para la determinación de oficio del municipio de inscripción. Esta argumentación es la que el PP ha esgrimido para reforzar su discurso crítico contra la gestión del Ejecutivo.
«La resolución de la Junta Electoral Central de la semana pasada ha sido bastante esclarecedora: ha dudado del proceso de concesión de estas nacionalidades, reconoce que no es el órgano competente para revocar leyes y entiende que la instrucción se extralimita y pide a la oficina del censo que aclare con criterios homogéneos cómo va a ser el proceso de adscripción a la circunscripción», afirmó Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, durante una rueda de prensa. La dirigente popular añadió: «Solicitamos la nulidad de oficio de una instrucción que, en nuestra opinión, es nula de pleno derecho y esperamos que el Gobierno paralice la inscripción hasta que se aclaren estos criterios homogéneos que se han pedido».
Petición de Nulidad y el Futuro Incierto de las Nacionalizaciones
El escrito formal presentado por el Partido Popular ante la Secretaría de Estado de Justicia busca la nulidad de la instrucción ministerial, una acción a la que ya se adelantó Vox la semana anterior con un documento idéntico. El Gobierno dispone de un plazo de tres meses para responder a esta solicitud. En caso de no hacerlo, la petición se entenderá denegada por silencio administrativo. Sin embargo, fuentes de Génova anticipan que el Ejecutivo de Pedro Sánchez hará caso omiso de la petición, sugiriendo un pulso político prolongado sobre la aplicación y legitimidad de la «Ley de Nietos» y sus procedimientos.
DnG