Contraloría Avala Patrimonio de Santiago Peña tras Polémicos Ajustes y Omisiones
La Contraloría General de la República (CGR), bajo la dirección de Camilo Benítez, dictaminó favorablemente sobre la evolución patrimonial del presidente Santiago Peña. Sin embargo, este informe crucial, entregado a la Fiscalía el 15 de abril de 2026, fue precedido por llamativos «ajustes» mediante una «nota aclaratoria». En esta, el presidente buscó normalizar la omisión de inmuebles, acciones, bonos y groseros errores de cálculo en sus declaraciones de bienes, un «blindaje» activado en el momento de mayor escrutinio público sobre su patrimonio y seis meses después de su última presentación oficial.
«Transparencia» Cuestionada y Blindaje Oportuno
Peña argumentó que la rectificación era para «coadyuvar» con el órgano de control, admitiendo haber cruzado datos con asesores financieros. Aunque intentó vender su presentación de bienes de octubre pasado como un acto de «transparencia» espontáneo, la cronología desmiente tal afirmación, ya que coincidió con el estallido del escándalo de los presuntos «sobres con dinero» en Mburuvicha Róga y la filtración de su ostentosa casa de verano en San Bernardino. En su nota, Peña justificó preventivamente que los activos omitidos tenían «trazabilidad completa» y que el parche «no altera la consistencia» de su evolución, buscando influir en el dictamen favorable de la CGR.
Sincronización Exprés: La Mansión de Verano y Activos «Reaparecidos»
Uno de los ajustes clave del presidente busca blindar el costo real de su residencia veraniega. Peña forzó cifras para ajustarlas al contrato de US$ 900.000, presentado por la Constructora Gómez Abente SA, cuyo representante, Santiago Pedro Gómez Zelada, es proveedor del Estado y suegro del hermano del mandatario. Seis meses antes, su declaración había asentado un valor erróneo de G. 6.300 millones, usando un tipo de cambio redondeado. La corrección admitió una cotización real de G. 7.002 y reveló el desembolso de US$ 600.000, con US$ 300.000 pendientes.
Paralelamente, el mandatario «revivió» un activo desaparecido: un bono corporativo de Cementos Concepción (Cecon) por G. 250 millones, más G. 63 millones en intereses. Esta inversión, que figuraba al asumir el cargo, fue borrada en la actualización patrimonial de septiembre pasado, según su «nota aclaratoria».
Cuentas Infladas y Omisiones del Pasado
Las inconsistencias también afectan su etapa como miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) y ministro de Hacienda. En su rectificación tardía, Peña reconoció haber ocultado dos inmuebles en Villa Hayes y una participación accionaria de G. 33 millones en Corpus SA de Mandatos, de la cual se desvinculó recién en 2022.
El desorden llegó a inflar sus depósitos bancarios. Declaró G. 72.508.241 en Banco Basa al asumir, pero ahora alega un error de divisa, con un saldo real que apenas alcanzaba los G. 9.997. Finalmente, un ingreso extra de US$ 40.000, percibido en septiembre de 2023, fue justificado como el cobro de una «cuenta a cobrar» a Real Viviendas EAS, firma de la que es accionista, buscando legitimar movimientos previos al dictamen de correspondencia.
Ajustes en Silencio: El Blindaje de la CGR
El aspecto más controvertido es que la CGR consintió estas modificaciones en silencio, sin reportar a la Fiscalía la confesión de Peña sobre la omisión de bienes. Las declaraciones juradas del mandatario en el portal web de la Contraloría siguen sin cambios ni registros de rectificación, a pesar de que las nuevas cifras fueron usadas para fundamentar el dictamen favorable de correspondencia.
Irregularidades en San Bernardino: Complicidad Municipal y Ambiental
Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la CGR, confirmó que la Municipalidad de San Bernardino, bajo el intendente Emigdio Ruiz Díaz, no respondió a los requerimientos, lo que sugiere un abierto encubrimiento. La casa de verano del presidente Santiago Peña se levantó «clandestinamente», sin permisos municipales previos y violando normativas ambientales. El 31 de enero de 2025, cuatro días después de que ABC revelara la existencia de la lujosa residencia, el intendente emitió la Resolución Nº 69/2025 para aprobar, de forma apresurada, los planos y el reglamento del complejo inmobiliario Las Piedras, en la zona de Ciervo Cua. En este exclusivo barrio, la residencia de Peña ya estaba edificada y habitada desde mediados de 2024. La Junta Municipal convalidó esto el 12 de marzo de 2025. Además, las tierras donde Peña fijó su residencia de verano siguen inscriptas a nombre de Walter Ruiz Maciel y María Teresa Quevedo, pero la CGR «validó» un contrato privado de compra de inmueble presentado por el mandatario.
Pisoteo Ambiental y Licencia Extemporánea
El esquema de impunidad expone también la inacción deliberada de la CGR, que evitó cruzar datos clave con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). La propiedad de 14 hectáreas donde se asienta el barrio cerrado Las Piedras se ubica en un «Área Silvestre Protegida de dominio público y privado», catalogada como Reserva de Recursos Manejados del Lago Ypacaraí y sus Humedales, según la Ley Nº 5256/14. Cualquier obra en la zona exige obligatoriamente un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y licencia ambiental previa (Ley Nº 294/93), requisito que fue ignorado. El Mades confirmó que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) fue expedida recién el 29 de enero de 2025; es decir, la licencia ambiental se otorgó como un «salvavidas» de última hora, posterior a las publicaciones periodísticas y con la lujosa mansión ya totalmente terminada.
Ueno Bank: Un Inexplicable Auxilio Financiero
El informe de la CGR esconde otro beneficio inexplicable para el jefe de Estado por parte de la Constructora Gómez Abente SA. El contrato para edificar la casa por US$ 900.000 en San Bernardino se firmó el 17 de octubre de 2023, fijando un plazo de ejecución de 23 meses. Sin embargo, la obra avanzó a una velocidad inusual, estando prácticamente terminada a finales de 2024, mucho antes del vencimiento, y la familia presidencial ya disfrutaba de las instalaciones. Lo más escandaloso radica en el esquema financiero, ya que la constructora, proveedora del Estado, inició y ejecutó gran parte de la megaobra sin cobrar un solo guaraní de adelanto. El primer desembolso de Peña, US$ 300.000, llegó recién el 16 de mayo de 2024 –siete meses después de la firma del contrato– y se ejecutó gracias a un préstamo de Ueno Bank, entidad financiera estrechamente vinculada a los exsocios comerciales de Peña. El segundo pago, por otros US$ 300.000, se concretó recién el 21 de abril de 2025, quedando un saldo final pendiente de US$ 300.000.
DnG