El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, presentó ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara los ambiciosos objetivos detrás del proyecto de ley que establece el Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades. Esta propuesta gubernamental, previamente anunciada en la Cuenta Presidencial, se erige como una herramienta fundamental para centralizar y consolidar la información sobre condenas y sanciones vinculadas a conductas que atentan contra la convivencia social, el orden público y la integridad de los bienes comunes.
Durante la sesión, en la que también participó el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, Pavez detalló que el registro busca imponer consecuencias administrativas de carácter temporal. De este modo, se pretende vincular de manera directa el acceso a diversos beneficios financiados con recursos públicos y la realización de trámites administrativos esenciales con el estricto cumplimiento de las normas básicas de convivencia ciudadana.
La administración del Registro de Actos Vandálicos estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, y su naturaleza será parcialmente pública. Esto implica que cualquier ciudadano podrá solicitar información a través de los mecanismos de acceso a la información pública, si bien se mantendrán en estricta reserva los antecedentes específicos de las causas y cualquier dato que permita la identificación de menores de edad, garantizando así la protección de la privacidad.
Desglosando el Registro: Delitos, Faltas y Plazos Clave
Según la exposición del subsecretario Pavez ante la comisión, el proyecto establece una clara distinción entre actos vandálicos e incivilidades. Los actos vandálicos comprenden delitos de mayor gravedad, como aquellos dirigidos contra la autoridad, bienes públicos, la conducta general, profesionales de la salud o la educación, y delitos contra la propiedad. Las personas condenadas por estos actos permanecerán en el registro por un periodo de cinco años, que se reduce a dos años en el caso de menores de edad.
En el ámbito de las incivilidades, la clasificación abarca faltas que son analizadas tanto por los juzgados de policía local como por los juzgados de garantía. Ejemplos de las primeras incluyen el depósito ilegal de escombros o el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos. Las segundas, de mayor impacto, contemplan la realización de loterías no autorizadas o el consumo de drogas en la vía pública, entre otras. Para estas incivilidades, la permanencia en el registro será de un año.
La inclusión en el Registro de Actos Vandálicos conlleva la imposibilidad de acceder a un amplio espectro de beneficios públicos y trámites esenciales. Entre las consecuencias directas, se encuentran la denegación de subsidios habitacionales y de arriendo, becas de educación superior y posgrado, así como la participación en fondos concursables. También se restringirá la obtención de licencias de conducir y pasaportes, se eliminarán beneficios tarifarios en el transporte público y se aplicará la pérdida de pensiones de gracia. Adicionalmente, se contempla la retención de la devolución de impuestos por multas impagas y la prohibición de ingreso a espectáculos masivos, partidos de fútbol profesional y casinos de juego.
El proyecto en curso también contempla un régimen agravado para aquellos que cometan delitos de alta complejidad e impacto social, como incendios graves, ataques a autoridades, la usurpación de inmuebles fiscales o educacionales, el uso de explosivos, el tráfico de drogas y el comercio ilegal organizado. En estos casos, los infractores registrados se verán impedidos de acceder a la gratuidad en la educación superior y a la Pensión Garantizada Universal (PGU). Finalmente, la propuesta endurece los plazos de permanencia en el Registro de Actos Vandálicos en situaciones de reincidencia, buscando una mayor efectividad disuasoria.
Debate Parlamentario: Entre Críticas y Respaldo a la Medida
La exposición del subsecretario generó un intenso debate en el parlamento. Diputados y diputadas de la oposición expresaron profundas críticas al proyecto, alertando sobre el riesgo de confundir la sanción con la exclusión social. Se manifestó la preocupación de que los derechos sociales pudieran transformarse en “herramientas de disciplinamiento estatal”, y se plantearon serias dudas sobre la constitucionalidad de ciertas disposiciones. Asimismo, se cuestionó la proporcionalidad de las sanciones, considerando que algunas conductas de distinta gravedad podrían recibir penalizaciones similares.
En este contexto, se hizo hincapié en la necesidad de una definición más precisa de lo que se entiende por actos vandálicos e incivilidades. También se advirtió sobre la posible falta de evidencia que respalde la efectividad de la medida y su limitada contribución a la reparación del daño y la reinserción social de los infractores.
Por otro lado, diversas intervenciones parlamentarias respaldaron firmemente la iniciativa, argumentando que busca combatir activamente las conductas que deterioran los espacios públicos y el uso responsable de los bienes comunes. Se sostuvo que quienes causan daño a la propiedad colectiva no deberían tener acceso a beneficios financiados por el Estado. Además, se subrayó que el proyecto respeta el debido proceso y que la ciudadanía, en general, apoya este tipo de medidas destinadas a fortalecer el orden.
Cerrando la discusión, el subsecretario Pavez enfatizó el propósito del gobierno de enviar una “señal concreta: que vuelva la cultura del orden a Chile”. Desde su perspectiva, el país se ha “acostumbrado a tolerar la incivilidad”, y el objetivo primordial es “dar la señal de que la mano cambió”. Aseguró, además, que todas las inquietudes de índole constitucional “o tienen explicación o tienen solución”, mostrando la disposición del ejecutivo a abordar las preocupaciones planteadas.
DnG