Desde 2013, cuando Etelvina Medianero de Bonagas asumió la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), su patrimonio y el de su familia directa han experimentado un crecimiento inusual y sigiloso, con propiedades en Chiriquí y Ciudad de Panamá.
El Ministerio Público investiga ahora cómo se amasó este patrimonio, siguiendo el rastro de propiedades y estructuras legales. En este entramado habrían participado sus hijos: Jessica Joanna, Ethel Mayte y Moisés Enrique Bonagas Medianero. El procurador general, Luis Carlos Gómez Rudy, solicitó información sobre ellos al Registro Público. Funcionarios cercanos a la rectora en Unachi también jugarían un papel clave en esta estructura.
Los primeros indicios del patrimonio de Medianero de Bonagas surgieron en 2021 durante una investigación del Tribunal de Cuentas por presunto doble salario a una docente. Esa medida cautelar reveló tres fincas en David, Chiriquí, y un apartamento en Betania, Ciudad de Panamá, vinculados a la rectora. Aunque el proceso se suspendió, las pesquisas expusieron parte del patrimonio de los Bonagas.
La administración presidencial de Laurentino Cortizo (2019-2024) fue favorable para la rectora, quien no solo eludió procesos legales que amenazaban su gestión y patrimonio, sino que consolidó su reelección con el respaldo del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
La Bonagas Medianero Foundation: Crecimiento Patrimonial Expedito
En ese mismo periodo, la rectora creó en 2021 la Bonagas Medianero Foundation con un capital inicial de $10,000. En pocos años, la fundación acumuló propiedades por más de $470,000, incluyendo dos fincas en la turística Boquete, Chiriquí, y un apartamento en Marbella, Ciudad de Panamá.
La fundación, formalizada el 22 de febrero de 2021, es de estructura estrictamente familiar, asegurando el control total del legado. Ethel Mayte Bonagas Medianero la preside, acompañada por Moisés Enrique Bonagas Medianero (secretario) y Jessica Joanna Bonagas Medianero (tesorera).
Una finca en la zona de alta plusvalía de Boquete (folio real 30218971) fue adquirida mayoritariamente (67% o 4,324.60 m²) por la fundación en mayo de 2023 por $161,365.75, compartiendo titularidad con Deidamia Díaz Ocaña (33%). Díaz Ocaña, allegada a la rectora, fue docente de la Unachi hasta 2025, percibiendo un salario de $7,000 mensuales más $1,500 de sobresueldo, según planillas de Antai.

Expansión Inmobiliaria en Tierras Altas y la Capital
La expansión patrimonial en Chiriquí continuó. En noviembre de 2023, la fundación sumó otra finca completa en Boquete (folio 30218970) por $80,281.75, traspasada por Miguel Antonio Miranda Lee Chang, el mismo vendedor anterior.
La fundación también se expandió a la capital. En octubre de 2024, registró la compra de un apartamento en Marbella (inscripción 31392) en P.H. Marbella Tower II. El valor de traspaso fue de $229,000 ($25,000 asignados al terreno y $304,000 a mejoras), incluyendo dos estacionamientos. La vendedora fue Atlas Management Group, S.A.

Para la operatividad legal de la fundación, se designó como agente residente al abogado Raúl Alberto Sanjur Morales, con oficinas en David. En total, la Bonagas Medianero Foundation consolidó activos inmobiliarios con un valor de traspaso superior a $470,000 en pocos años.
La Investigación del Ministerio Público: Red Familiar Bajo Lupa
El 15 de mayo de 2025, el procurador Gómez Rudy solicitó al Registro Público (dirigido por Nairobia Escrucería) investigar propiedades y sociedades de la rectora y 12 familiares, en una indagación por presuntos delitos contra la administración pública. La red familiar incluye a siete hermanos de la rectora: Franklin, Edwin, Ramiro, Omaira, Javier, Genarina y Andrés Medianero Atencio.
También se investiga a José Roberto Checa Del Cid (yerno) y Miriam Milagro Colato Durán (nuera), esta última presentada por la rectora como su «sobrina» salvadoreña en la Asamblea Nacional. La Prensa conoció que el procurador pidió a la Contraloría certificar la vinculación laboral (desde 2018) de estos individuos con el Estado, buscando nexos con la Unachi.

Tras 15 años en el poder universitario, el nombre de Etelvina Medianero de Bonagas ahora figura no solo en resoluciones y planillas, sino también en folios reales, escrituras y fundaciones privadas, todos bajo revisión oficial. El Ministerio Público reconstruye una historia de poder, familia y patrimonio mientras la rectora enfrenta su mayor presión institucional desde que asumió el control de la universidad en 2013.


La Prensa intentó contactar a la rectora para obtener su versión, pero no obtuvo respuesta.
DnG
