Nicaragua: El Régimen de Ortega-Murillo Refuerza el Control con Reformas Legales Urgentes
En un movimiento audaz y de profundas implicaciones, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha remitido a la Asamblea Nacional de Nicaragua un paquete de reformas legislativas que promete consolidar un control sin precedentes sobre la ciudadanía y los actores económicos. Estas modificaciones, presentadas para su aprobación «urgente», tocan simultáneamente cinco leyes clave y, de ser aprobadas, permitirán la inmovilización inmediata de cuentas bancarias y otros activos en cuestión de horas, sin necesidad de autorización judicial previa. La iniciativa también redefine y amplía la conceptualización del «terrorismo», incorporando actos que «alteren gravemente el orden público», una formulación que expertos consideran peligrosamente amplia y susceptible de interpretaciones arbitrarias.
Para el abogado constitucionalista nicaragüense Juan Diego Barberena, este paquete de reformas profundiza la lógica del denominado «derecho penal del enemigo». Según Barberena, esta doctrina despoja al «enemigo» de las garantías básicas que tendría cualquier ciudadano, restringiendo su derecho de defensa y otras salvaguardas fundamentales, transformándolo en un objeto de persecución estatal.
Ampliando la Definición de Terrorismo: Una Amenaza a la Libertad Civil
El aspecto más controvertido de estas reformas radica en la nueva definición de «actos terroristas» dentro de la Ley Contra el Lavado de Activos (Ley No. 977). La propuesta establece que serán considerados terroristas aquellos actos que «tengan como finalidad causar la muerte o lesiones físicas y/o psíquicas contra cualquier persona o grupo de personas, cuando el propósito de dicho acto sea intimidar a una población, alterar gravemente el orden público u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo».
Este cambio es crucial porque elimina la referencia a la «ruptura del orden constitucional» y la reemplaza por el concepto de «alteración grave del orden público». Barberena advierte que esta formulación amplía significativamente el margen de interpretación de las autoridades, permitiendo que acciones como protestas o movilizaciones sociales pacíficas sean clasificadas como terrorismo. Una norma tan abierta multiplica la arbitrariedad, y un delito como el terrorismo en Nicaragua puede acarrear penas de hasta 20 años de prisión y el decomiso de bienes.
Inmovilización Inmediata de Activos: El Fin de la Protección Judicial Previa
Otra reforma de gran alcance introduce un mecanismo que permite la inmovilización inmediata de activos sin autorización judicial previa. El proyecto define el término «sin demora» como «la ejecución inmediata de las medidas de inmovilización de fondos u otros activos en cuestión de horas a partir de una designación».
De aprobarse, bancos, remesadoras, casas de cambio y cualquier otra entidad considerada «sujeto obligado» deberán proceder a inmovilizar fondos o activos cuando detecten coincidencias con listas de personas o entidades señaladas por las autoridades. El control judicial se trasladaría a una etapa posterior a la ejecución de la medida, invirtiendo el proceso legal tradicional. Barberena explica que el decomiso y la inmovilización podrían ejecutarse de inmediato, simplemente con la solicitud de la autoridad competente.
Control Extremo sobre ONG y Vigilancia Financiera
Las reformas no solo afectan a individuos y el concepto de terrorismo, sino que también endurecen el cerco sobre las organizaciones sin fines de lucro (ONG) y la vigilancia financiera general. Las ONG que aún operan en Nicaragua tendrían la nueva obligación de «dar acceso a los programas informáticos al personal designado por el Ministerio del Interior». Esto facultaría a funcionarios estatales a acceder a sistemas, bases de datos y plataformas de gestión, y la negativa podría acarrear sanciones administrativas e incluso la cancelación de la personalidad jurídica.
Además, se amplían las obligaciones de reporte financiero. Las instituciones financieras deberán remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) información detallada sobre pagos, compras y retiros de efectivo realizados tanto dentro como fuera del país mediante tarjetas de crédito y débito. “Lo que vemos es un aumento del control bajo una lógica claramente totalitaria”, concluye Barberena.
Este paquete de reformas, enviado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo al titular de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, representa un paso más en la consolidación del poder absoluto del régimen. Dada la férrea mayoría del Frente Sandinista de Liberación Nacional en la Asamblea Nacional, se espera que estas controvertidas medidas sean aprobadas sin mayores obstáculos, profundizando el «derecho penal del enemigo» en Nicaragua.
DnG