Daniel Ortega hizo un anuncio el domingo, durante la conmemoración de la Revolución sandinista, que terminó de sepultar los últimos vestigios de la democracia en Nicaragua. “Aquí no volverá a haber elecciones”, sentenció, cerrando explícitamente la vía electoral como mecanismo de cambio político de cara a los comicios previstos para noviembre de 2027. Además, anunció que trabajará con el Parlamento, bajo su control, para “poner un muro” a los partidos políticos que pretendan llegar al Gobierno por esa vía.
“¡Que se olviden! Aquí no volverá a haber elecciones en Nicaragua para que por ahí intenten ellos [los partidos políticos opositores] atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, enfatizó Ortega el 19 de julio, durante el acto del 47 aniversario de la insurrección sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle en 1979.
Aunque en la práctica este anuncio no altera una realidad ya conocida por los nicaragüenses —las elecciones locales y nacionales han sido escenario de fraudes sucesivos desde 2008, según organismos internacionales de observación electoral—, sí representa un salto discursivo y político significativo. Las elecciones presidenciales de 2021 ya fueron el claro ejemplo de un sistema sin competencia: Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, encarcelaron a todos los precandidatos opositores con posibilidades reales de disputarles el poder en las urnas y se adjudicaron el 75,92% de los votos.
A esto se suma que el régimen copresidencial, tras desterrar a la oposición, inhabilitó de por vida a los disidentes para aspirar a cargos públicos, declarándolos traidores a la patria y atribuyéndoles otros delitos políticos, dejando solo a partidos afines bajo su control. Estados Unidos calificó aquellos comicios de “pantomima”, mientras otros gobiernos y organismos internacionales desconocieron su legitimidad.
Ahora, sin precisar detalles sobre cómo se materializará el cambio, Ortega apunta hacia un modelo similar a regímenes de partido hegemónico o de poder permanente, como Corea del Norte y Cuba, donde las elecciones existen formalmente, pero no son un mecanismo real para disputar el poder. Este nuevo viraje confronta directamente con Washington, que ha exigido constantemente elecciones libres para Nicaragua.
Juan Diego Barberena, abogado y opositor en el exilio, insiste en que lo novedoso no es la falta de libertad electoral. “Desde hace dos décadas el derecho a elegir estaba conculcado, pero ahora Ortega está diciendo que ni siquiera las elecciones fraudulentas, las pantomimas que organizaban, van a realizarse”, afirma. Según el jurista, cuyo título fue cancelado recientemente, el mensaje apunta a la “perpetuación del poder de forma dinástica” y refleja el “carácter absolutista” que ha ido adquiriendo el régimen de Nicaragua.
Lo que sí adelantó Ortega es que impondrá limitaciones a los partidos políticos. Remarcó que trabajará con sus diputados y aliados políticos en la Asamblea Nacional y con las “organizaciones correspondientes” para crear leyes que “pongan un muro, un bloque” a las formaciones que contemplen la opción electoral para llegar al Gobierno de Nicaragua. “Entonces, que esos partidos ganen las elecciones… Aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al Gobierno. Jamás, jamás, jamás… Por mucha plata que le den los yanquis [a los partidos políticos], no podrán, no podrán”, insistió Ortega en su discurso.
Nicaragua: ¿Hacia un Sistema de Partido Único?
Para Juan Sebastián Chamorro, uno de los siete aspirantes presidenciales encarcelados por el régimen de Daniel Ortega antes de las elecciones de 2021, el anuncio confirma una concepción del poder que ha defendido por años. “Siempre ha expresado que los partidos políticos son indeseables porque, según él, dividen a las sociedades”, afirma. A juicio del economista, el mandatario aspira a transformar Nicaragua en un sistema de partido único, inspirado en modelos como el de China.
“Probablemente lo que está pensando Ortega es en un sistema de designaciones internas, como ocurre en China, donde los funcionarios son escogidos dentro del propio partido y no mediante una competencia electoral abierta”, interpreta Chamorro.
Aunque por ahora los opositores especulan sobre el modelo que Ortega podría imponer —como hizo antes con la figura de la “copresidencia” para repartirse el poder y asegurar la sucesión junto a su esposa Rosario Murillo—, lo cierto es que esta pretensión choca de frente con la política que Washington ha sostenido hacia Nicaragua en los últimos años. Desde el estallido de la crisis sociopolítica de 2018, Estados Unidos ha insistido en que cualquier salida pasa por el restablecimiento de la democracia y la celebración de elecciones libres, competitivas y con observación internacional.
En marzo pasado, el Departamento de Estado de EE. UU. declaró que su estrategia hacia la “dictadura Murillo-Ortega” busca restaurar el Estado de derecho y propiciar “un cambio de comportamiento”. Washington no precisó entonces qué nuevas medidas contemplaba, pero enmarcó su advertencia en el monitoreo de los apoyos internacionales que recibe el régimen y en el uso de sus herramientas diplomáticas para aumentar la presión.
Estados Unidos recordó que desde 2018 ha impuesto sanciones financieras contra decenas de funcionarios y entidades vinculadas al poder en Nicaragua, mientras mantiene abiertas otras vías de presión política, económica y migratoria. “Todas las opciones siguen sobre la mesa”, advirtió el portavoz, una fórmula deliberadamente amplia con la que evitó descartar nuevas sanciones, restricciones de visado u otras acciones contra el régimen nicaragüense.
Por su parte, el analista político en el exilio Eliseo Núñez interpreta el anuncio como una maniobra para modificar las reglas de cualquier eventual negociación futura. “Ortega juega a los hechos consumados”, sostiene. “Si en algún momento las presiones lo obligan a negociar, ya no partirá del punto de que en Nicaragua existen elecciones que deben ser libres y competitivas. Ahora el punto de partida será que simplemente no hay elecciones”.
Núñez coincide con Chamorro en la idea del “centralismo democrático” chino. Sin embargo, advierte de que, incluso si ese modelo queda plasmado en las reformas anunciadas, las decisiones seguirán dependiendo exclusivamente de Ortega y Murillo. “Ortega da este paso convencido de que mantiene el control interno gracias a la estabilidad económica y la represión, mientras percibe que la atención de Estados Unidos está concentrada en otras prioridades”, concluyó.
DnG