Ofensiva Patrimonial Histórica: Contraloría y Tribunal de Cuentas Cautelan Más de $21 Millones a Exfuncionarios
La Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas han lanzado una de las ofensivas patrimoniales más contundentes de los últimos años. Esta acción coordinada apunta a exfuncionarios y personas bajo investigación estatal, resultando en medidas cautelares y el secuestro de bienes que ya superan los 21 millones de dólares, según registros públicos detallados. Las resoluciones, emitidas entre octubre de 2025 y mayo de 2026, revelan una estrategia consolidada de los organismos fiscalizadores: auditorías forenses rigurosas, investigaciones patrimoniales exhaustivas, informes sustentadores y el posterior congelamiento preventivo de activos, todo ello para garantizar la eventual recuperación de fondos públicos.
Entre los altos perfiles afectados se encuentran Publio Anselmo De Gracia Tejada, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI); Enrique Lau Cortés, exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS); Noriel Antonio Araúz Villarreal, exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP); y Nadia Yannick Del Río Fernández, exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia. Todos ellos formaron parte de la pasada administración del gobierno de Laurentino Cortizo, y ahora enfrentan la acción de la justicia patrimonial.
Pérdidas Millonarias: El Caso de Enrique Lau Cortés y la CSS
En el emblemático caso de Enrique Lau Cortés, la Contraloría General, mediante la Resolución N.° 3988-2025-LEG/UA del 25 de noviembre de 2025, ordenó el secuestro de bienes por un valor de hasta $2,913,121.24. Esta medida incluye un amplio espectro de activos: propiedades inscritas en el Registro Público, cuentas bancarias, fondos, depósitos, tarjetas de crédito, cajillas de seguridad, vehículos y créditos contra el Estado, asegurando así un alcance patrimonial integral.
Auditoría Forense Revela Irregularidades en la CSS
El expediente contra Lau Cortés se origina en una minuciosa auditoría forense que destapó compras excesivas de insumos médico-quirúrgicos y medicamentos durante el periodo de julio de 2019 a diciembre de 2024. Según el documento oficial, estas irregularidades culminaron en «millonarias pérdidas por vencimiento» y el traslado de partidas desde la CSS hacia el Gobierno Central «sin los controles adecuados». La Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense concluyó que la CSS emitió resoluciones de descarte por 2.9 millones de dólares, debido a que medicamentos e insumos médicos “no eran aptos para el consumo humano”, provocando una afectación patrimonial directa y grave al Estado. Como medida adicional, la resolución ordena al Registro Público abstenerse de registrar cualquier operación sobre los bienes posteriores a la comunicación del secuestro.
Casos Araúz y Del Río: Discrepancias Patrimoniales Bajo la Lupa
Los expedientes contra Noriel Antonio Araúz Villarreal y Nadia Yannick Del Río Fernández fueron impulsados directamente por la Contraloría General a través de auditorías patrimoniales. Estas auditorías se centraron en detectar diferencias significativas entre los ingresos conocidos de los exfuncionarios y sus movimientos financieros declarados, poniendo en evidencia posibles enriquecimientos injustificados.
Medidas Cautelares Contra Exadministrador de la AMP y Exdirectora del Ministerio de la Presidencia
En marzo de 2026, la Contraloría ordenó medidas precautorias sobre bienes de Araúz Villarreal por la suma de $1,319,984.42. La Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense determinó que los recursos monetarios utilizados por Araúz ascendían a $2,355,670.77, mientras que los fondos provenientes de fuentes conocidas sumaban $1,035,686.35, lo que arrojó una diferencia de $1.3 millones. Las medidas abarcaron el secuestro de propiedades, fondos bancarios, depósitos, tarjetas de crédito, vehículos y cuentas por cobrar contra el Estado.
Dos meses después, en mayo de 2026, Nadia Del Río Fernández, exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia, enfrentó una resolución similar. La auditoría forense reveló que Del Río Fernández mantenía recursos de fuentes conocidas por $986,583.77, mientras que sus recursos monetarios utilizados ascendían a $1,563,352.66. La diferencia detectada fue de $576,768.86, lo que llevó a la orden de medidas precautorias sobre bienes inmuebles, fondos bancarios, vehículos y créditos contra el Estado.
El Caso de Publio De Gracia y los $16 Millones: Una Cautelación Sin Precedentes
El caso de mayor impacto económico recae en el exdirector de la DGI, Publio Anselmo De Gracia Tejada, actualmente bajo investigación del Tribunal de Cuentas. Este tribunal, mediante el Auto N.° 373-2025 del 27 de octubre de 2025, ordenó la cautelación y puesta fuera de comercio de bienes por una cuantía asombrosa de $16,318,108.51. Esta medida restrictiva se aplica a bienes inmuebles, cuentas bancarias, depósitos a plazo fijo, cajillas de seguridad, vehículos y naves registrados a nombre del exfuncionario.
Exoneración Tributaria Cuestionada y Principios Legales
La resolución surge de una auditoría de la Contraloría General relacionada con la empresa española FCC Construcción S.A. y una presunta incorrección en el proceso de exoneración del pago de Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Complementario y recargos correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015. El expediente detalla que la auditoría determinó una afectación patrimonial al Estado por más de $16 millones, derivada del “desconocimiento de las normas tributarias para el otorgamiento de excepciones fiscales”. El Tribunal de Cuentas fundamentó la medida cautelar en los principios jurídicos de «fumus boni iuris» (apariencia de buen derecho) y «periculum in mora» (riesgo de que los bienes desaparezcan durante el proceso), considerando la gravedad de los indicios. La resolución subraya además que De Gracia emitió la decisión que revocó el pago de impuestos a FCC Construcción S.A., empresa que previamente fue acusada de pagar sobornos a funcionarios a cambio de contratos estatales.
Publio De Gracia Responde: «No Tengo Esa Cantidad Ni en Sueños»
Publio De Gracia ha rechazado categóricamente las conclusiones de la auditoría de la Contraloría, afirmando que la decisión tomada durante su administración se basó en una ley de regularización tributaria aprobada en 2021. “El contribuyente cumplió correctamente con lo que establecía la ley”, defendió De Gracia, explicando que el caso surgió tras una denuncia de la DGI en octubre de 2024, que derivó en investigaciones del Ministerio Público y la Contraloría.
Cuestionamientos a la Competencia y Defensa Legal
El exdirector de la DGI insiste en que nunca existió una exoneración irregular, sino un acuerdo de pago extraordinario en el marco de la legislación vigente. “Eso no es correcto”, respondió sobre la supuesta lesión patrimonial. Además, De Gracia cuestionó la competencia de la Contraloría para evaluar la corrección de procesos tributarios, señalando que “la Contraloría no era autoridad competente para determinar si los procesos tributarios se hicieron de manera correcta o incorrecta”. Añadió que la propia DGI anuló posteriormente la resolución vinculada al contribuyente y que el caso sigue abierto en el Tribunal Administrativo Tributario (TAT). Defendió la legalidad de sus actuaciones, asegurando que todas las decisiones pasaron por rigurosas revisiones jurídicas internas.
Impacto Personal y Negación de Fortunas
De Gracia negó poseer bienes de lujo o fortunas millonarias, en contraste con las implicaciones de la medida cautelar. “No tengo esa cantidad ni en sueños”, expresó, aclarando: “Pareciera que la nota refleja que tengo aeronaves y naves, y eso no existe. Tengo propiedades declaradas antes de entrar al cargo y un auto”. Afirmó conocer las cautelaciones desde octubre de 2025 y ha colaborado activamente con las investigaciones, presentando peritajes, pruebas y opiniones de expertos. Aunque evitó acusar motivaciones políticas directas, admitió haber tomado decisiones en la DGI que afectaron intereses de diversos sectores, y describió el proceso como un «desgaste económico, moral y familiar».
Estos secuestros de bienes a exfuncionarios se suman al del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, por la suma de $1.3 millones, por la cual mantiene una medida cautelar de casa por cárcel, consolidando así un patrón de firmeza en la lucha contra la corrupción y la impunidad en la administración pública.
DnG