Una investigación profunda de la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium ha desvelado un vasto entramado de corrupción que operó en el Congreso Nacional de Honduras. La organización no gubernamental (ONG) Jóvenes Metas, recientemente señalada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), es una pieza clave en este esquema que capturó fondos públicos millonarios.
Red de ONG Vinculadas a Libre Recibió Más de L150 Millones del Fondo de Diputados
La publicación periodística puso al descubierto cómo Jóvenes Metas, junto a una entidad «espejo», recibió transferencias cuantiosas del Fondo de Administración Solidaria, una partida gestionada directamente por los parlamentarios. Los reportes financieros, verificados por el equipo de investigación, confirman que Jóvenes Metas obtuvo 22 millones de lempiras de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, fondos que correspondían al control de los diputados.
Adicionalmente, la organización sumó 25 millones de lempiras en el mismo periodo, tras la firma de un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social para la supuesta administración de becas universitarias. La denuncia formal de la ASJ ante el Ministerio Público refuerza estas revelaciones sobre el manejo irregular de los capitales y la evidente falta de transparencia en su ejecución.
La Metamorfosis de la Red: De Jóvenes Metas a Mujeres Unidas Extraordinarias (MUE)
El escrutinio público sobre Jóvenes Metas forzó una estrategia de «mutación» para mantener el lucrativo flujo de capitales estatales. Los fondos de los diputados se redirigieron hacia una nueva entidad: Mujeres Unidas Extraordinarias (MUE). Esta organización, bajo el mismo esquema, logró captar 81.7 millones de lempiras, supuestamente destinados a la ejecución de 93 proyectos sociales.
La investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium comprobó que MUE operaba bajo el control del mismo grupo de personas, llegando a utilizar idénticas fotografías de actividades en redes sociales para justificar ante el Estado el uso de los fondos. Ambas organizaciones comparten una cúpula directiva y una estructura familiar. Bessy Jeanette Ramírez Montoya, antes vinculada a Jóvenes Metas, figura como la presidenta de Mujeres Unidas Extraordinarias, consolidando la conexión familiar de la red.
ASJ Denuncia Manejo Irregular de Más de L113 Millones en Sedesol Mediante 10 Convenios con ONG
En la junta directiva de MUE, Bessy Jeanette Ramírez Montoya está acompañada por sus familiares cercanos Ingrid Jeanette Montoya Leva y Diego Roberto Ramírez Montoya. Sorprendentemente, José Jorge Portillo Aguilar ejerce simultáneamente como tesorero de Mujeres Unidas Extraordinarias y directivo de la denunciada Jóvenes Metas, evidenciando la interconexión. Este grupo de líderes amplió su influencia en el aparato estatal al establecer la empresa Caribex, operando como proveedores inscritos del Gobierno, una faceta más del presunto esquema de corrupción.
Diputados Implicados en la Asignación Millonaria
Los fondos del Congreso Nacional fluyeron hacia esta red a través de la asignación directa de al menos 14 diputados de diversas bancadas departamentales.
- En Cortés, la diputada Scherly Melissa Arriaga canalizó más de 13 millones de lempiras para obras viales, escolares y sociales. Le siguieron Netzer Edu Mejía con más de 6.9 millones para proyectos en San Pedro Sula, Chamelecón y Choloma, y Rigoberto Miranda Toledo con más de 6 millones ejecutados en Villanueva, Santa Cruz de Yojoa y Omoa. El diputado Mario Alberto Gonzales sumó 3 millones adicionales para canchas y aulas en la misma región.
- En Yoro, Eduardo Díaz Velásquez destinó más de 8.8 millones a alcantarillas, escenarios escolares y parques en El Progreso.
- En Santa Bárbara, Germán Oswaldo Altamirano dirigió más de 7 millones a pavimentaciones e iluminación en Quimistán, Macuelizo y El Níspero.
- En Choluteca, Gustavo Alberto Cáceres transfirió más de 6.5 millones para iluminación y atención a mujeres.
- En Francisco Morazán, Marco Eliud Girón gestionó 6.5 millones exclusivamente para la compra y entrega de computadoras a estudiantes.
El flujo de dinero público hacia MUE también abarcó el occidente, oriente y centro de Honduras:
- Bayron Eduardo Banegas (La Paz) destinó más de 5.5 millones para obras públicas y kits de emprendimiento.
- Arminda Urtecho Miralda (Olancho) transfirió más de 4.8 millones para electrificación rural e infraestructura deportiva.
- Anael Méndez Rivera (Atlántida) impulsó más de 4 millones para mejoras de viviendas, sumado a los más de 4 millones gestionados por Margarita Dabdoub Sikaffi para pavimentación y apoyo a emprendedoras.
Millonarios Fondos, Obras Incompletas: El Rastro de ONG Vinculadas a Libre
Frente a la gravedad de los hallazgos, el equipo periodístico se encontró con evasivas y un rotundo silencio administrativo por parte de las autoridades y los implicados. Tomás Vaquero, entonces secretario de Gobernación, se desmarcó de la entrega de recursos, atribuyendo la responsabilidad de los desembolsos a la Secretaría de Finanzas y limitando su rol a un mero trámite documental.
Los intentos de EL HERALDO y LA PRENSA Premium por contactar a José Jorge Portillo, cuyo número figuraba en el certificado de ONCAE, no tuvieron éxito, reflejando la opacidad que envuelve a la red.
La Inexistencia de Sedes y Proyectos Tangibles: Evidencia de Fraude
Pese al considerable volumen de dinero público administrado por esta red familiar, la investigación comprobó físicamente la inexistencia de sedes operativas reales y de proyectos tangibles en ejecución. En dos visitas a la dirección registrada ante el Estado para Mujeres Unidas Extraordinarias en la colonia La Gloria, La Ceiba, Atlántida, se constató que las supuestas oficinas eran en realidad una vivienda particular.
Residentes de la comunidad confirmaron que la propiedad pertenece a la familia de Ramírez Montoya, y los llamados de los reporteros no fueron atendidos. Esta situación expone la total opacidad de una estructura civil que continuó recibiendo masivos fondos del Congreso, a pesar de las crecientes denuncias de corrupción y el escrutinio público.
Denuncia de ASJ
DnG