La Corte Suprema de Justicia Rechaza Acción de Inconstitucionalidad de Kattya González
La Corte Suprema de Justicia ha dictaminado un veredicto crucial en el ámbito político paraguayo al rechazar la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora opositora Kattya González. Esta acción buscaba revertir la resolución de la Cámara de Senadores que decretó su expulsión del Congreso Nacional, un evento que generó un intenso debate sobre la legalidad y la influencia política en las instituciones del país.
Con un resultado de seis votos en contra y tres a favor, la máxima instancia judicial decidió no hacer lugar al reclamo de la exsenadora González. La Resolución 431/2024 de la Cámara de Senadores, que aprobó su pérdida de investidura el 14 de febrero de 2024, fue ratificada por los votos de 23 legisladores pertenecientes al oficialismo cartista y sus aliados.
Argumentos Clave en la Acción de Inconstitucionalidad
Kattya González fundamentó su acción de inconstitucionalidad en serias irregularidades procesales. Alegó que el proceso de pérdida de investidura no se ajustó al reglamento interno del Senado. Específicamente, señaló la falta de una comunicación formal de la acusación en su contra y la insuficiente asignación de tiempo para preparar su defensa, lo cual, según sus argumentos, vulneró el debido proceso.
Un punto central de su reclamo fue la mayoría requerida para su expulsión. La exlegisladora argumentó que su pérdida de investidura se concretó con una mayoría simple (la mitad más uno de los miembros), a pesar de que el reglamento vigente en ese momento exigía una mayoría cualificada de dos tercios para tal decisión.
El Fallo de la Corte: Votos a Favor y en Contra
El rechazo a la acción constitucional contó con los votos de los ministros Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez, María Carolina Llanes y César Diesel Junghanns, sumándose a ellos los camaristas Miguel Ángel Rodas y Esteban Armando Kriskovich. En contraste, los ministros que votaron a favor de hacer lugar a la acción, respaldando el planteamiento de González, fueron Víctor Ríos Ojeda, Gustavo Santander Dans y Manuel Ramírez Candia.
Tras conocerse la decisión, la exsenadora González y varios representantes de la oposición no tardaron en acusar a la Corte Suprema de estar supeditada a los intereses del oficialismo cartista, profundizando la polarización política en Paraguay.
La Potestad de la Corte Suprema en Cuestiones «Políticas»
El ministro Víctor Ríos Ojeda, en su análisis post-fallo, destacó que el caso de Kattya González reafirma la facultad de la Corte Suprema para intervenir en asuntos de índole política cuando surgen cuestionamientos sobre el debido proceso. Este punto es medular en el debate sobre los límites del control judicial.
El Debate del Debido Proceso en Órganos no Jurisdiccionales
Ríos explicó que a nivel judicial global persiste una discusión sobre si el concepto de debido proceso debe aplicarse a los enjuiciamientos no a cargo de órganos jurisdiccionales, sino de entes administrativos y políticos. Si bien existe una tendencia que considera ciertas cuestiones como «eminentemente políticas» y, por ende, no justiciables, esta postura se ve cada vez más limitada por la consolidación de estados constitucionales de derecho, como Paraguay.
En estos contextos, cuando se alega que una medida política afecta derechos fundamentales, «no se puede invocar la cuestión política para evitar el control de constitucionalidad». Esto implica que la Corte Suprema, si bien no juzga el fondo de un proceso como la pérdida de investidura o un juicio político, sí tiene la potestad de opinar y anular procedimientos si estos no cumplen con el debido proceso constitucional.
La Opinión Disidente del Ministro Víctor Ríos: Una Defensa del Debido Proceso
En su argumentación sobre su voto disidente a favor de la acción de inconstitucionalidad de Kattya González, el ministro Ríos fue contundente. Afirmó que el Senado «ha pulverizado el derecho al debido proceso, en un acto de notoria arbitrariedad» durante el proceso de expulsión.
Ríos consideró que aplicar una mayoría simple para la pérdida de investidura de un senador representa una interpretación que favorece desproporcionadamente a las mayorías coyunturales, en detrimento de las minorías parlamentarias. Enfatizó que «la utilización de maniobras jurídicas en detrimento de la razón normativa y de la protección de las minorías coyunturales constituye un ejercicio abusivo del derecho». En una República, añadió, «no se puede pretender desmantelar el pluralismo político», subrayando que la verdadera institucionalidad reside en la capacidad de las mayorías de autolimitarse ante la tentación de usar la norma como arma de exclusión.
Presiones y Control: El Poder Judicial Bajo Escrutinio
Ante las acusaciones de sometimiento a presiones políticas tras el fallo, el ministro Ríos reconoció que «la configuración de la Corte Suprema es producto de la relación de poder existente en la sociedad» y que históricamente se ha conformado «de acuerdo con los oficialismos vigentes».
La Influencia en la Conformación de la Corte
Ríos argumentó que la «correlación de fuerzas existente» es tal que, incluso si los actuales ministros fueran destituidos, la eventual nueva Corte Suprema probablemente tendría una composición políticamente similar. Destacó que «no hay Poder Judicial en el mundo» que no deba soportar presiones de «factores internos poderosos» que buscan influir en las decisiones judiciales. Estas presiones no provienen solo del poder político visible, sino también de «poderes ocultos, sin control republicano, que permanentemente operan».
El ministro subrayó que la crítica a las sentencias de la Corte Suprema es «libre» y que los legisladores tienen derecho a calificar sentencias como «mal desempeño» e incluso promover juicios políticos. Sin embargo, advirtió que «si cada vez que no están de acuerdo con cada sentencia impulsan juicios políticos, no hay estabilidad institucional posible».
Recurso a Instancias Internacionales: La Vía Abierta para Kattya González
Tras el anuncio del fallo adverso, Kattya González manifestó su intención de llevar el caso a organismos internacionales. Sobre este punto, el ministro Ríos se mostró como un «reivindicador de la existencia de instancias supranacionales de control de las decisiones de los Poderes Judiciales nacionales».
Reconoció la posibilidad de que los Poderes Judiciales nacionales «podamos equivocarnos o de repente no soportar presiones internas». En este sentido, un organismo como la Corte Interamericana de Derechos Humanos representa una vía crucial, ya que «a nivel supranacional, un poder interno de Paraguay no va a tener tanta incidencia», ofreciendo un espacio de revisión independiente y garantista.
DnG