Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentan múltiples procesos judiciales internacionales, destacando una audiencia reciente en Nueva York el 22 de julio. Allí, se fijó el juicio para el 1 de junio de 2027. Maduro está acusado por la justicia estadounidense de «terrorismo relacionado con el narcotráfico» y de facilitar el contrabando de cocaína. Esta acusación surgió tras una operación militar de Washington que culminó en su captura y la de su esposa, con unos 100 fallecidos según el gobierno de Caracas. Ambos se declaran inocentes, denunciando un «secuestro». Más allá de este caso, el gobierno de Maduro afronta señalamientos por graves violaciones de derechos humanos, abriendo frentes legales en distintas jurisdicciones.
Nueva Investigación en EE. UU.: Delitos Financieros en Miami
En mayo, el Departamento de Justicia de EE.UU. abrió una segunda investigación criminal contra Maduro, esta vez en Miami, centrada en posibles delitos financieros. Este desarrollo sigue a la detención de Álex Saab, presunto testaferro del exmandatario. La nueva causa, iniciada en marzo, busca fortalecer el proceso judicial ante posibles debilidades del caso de Nueva York, según reportes de CBS News. La consultora Myriam Fernández Nevado explicó que EE.UU. busca asegurar un juicio y condena en su territorio. La jurista Marta Valiñas criticó que estos procesos se quedan cortos frente a la necesidad de justicia por lo ocurrido en Venezuela.
Argentina y la Jurisdicción Universal contra Maduro
Desde 2023, Argentina lleva un caso contra Maduro bajo el principio de jurisdicción universal, impulsado por denuncias de la Fundación George y Amal Clooney (CFJ) y el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD). Este principio permite juzgar crímenes graves sin que acusados o víctimas sean nacionales argentinos o los hechos ocurran en su territorio. Los tribunales argentinos aceptaron la jurisdicción y solicitaron en marzo la extradición de Maduro a EE.UU. por crímenes de lesa humanidad, tras una orden de captura internacional en 2024. Valiñas ve improbable la extradición actual, pero destaca que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. La justicia argentina habla de un «plan sistemático de represión» desde 2014 en Venezuela. El exfiscal general Tarek William Saab criticó la decisión argentina por violar inmunidades. Diosdado Cabello también está investigado. Argentina ha aplicado este principio en casos como Birmania y Nicaragua.
La Lenta Vía de la Corte Penal Internacional
El proceso en la Corte Penal Internacional (CPI) es el más prolongado. La CPI juzga genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, siempre bajo el principio de complementariedad: interviene si los tribunales nacionales no actúan. Rafael Uzcátegui (Laboratorio de Paz) indicó que el gobierno de Maduro simuló cooperación para ganar tiempo. La postura de Venezuela cambió de respeto (2021) a intentar postergar la investigación (2022) y, en 2025, a buscar derogar su adhesión al Estatuto de Roma, aunque sigue siendo miembro desde el año 2000. Las investigaciones de la CPI se apoyan en informes de la Misión de la ONU que documentan graves violaciones de derechos humanos desde 2014. Valiñas considera que «hay información que justifica una investigación penal». Uzcátegui opina que «es bastante probable que acabe siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad» dada su posición, pero el proceso es lento y complejo, especialmente porque EE.UU. no reconoce a la CPI. Valiñas insiste en que no solo Maduro, sino «varias personas cercanas a él» deben ser investigadas.
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