La presidenta electa Laura Fernández asumirá el gobierno con crisis acumuladas en seguridad, salud, economía, educación e infraestructura. Estas áreas no solo persistieron con problemas durante la administración de Rodrigo Chaves Robles, sino que en varios casos, se agravaron.
A continuación, se detallan los cinco retos cruciales que marcarán el inicio de la nueva gestión:
Seguridad: Violencia Sin Tregua
El principal desafío para el gobierno de Laura Fernández será contener una ola de violencia que ha alcanzado niveles históricos en Costa Rica.
El país registró 907 homicidios en 2023, la cifra más alta de su historia. Aunque en 2024 y 2025 hubo leves descensos (876 y 873 casos, respectivamente), los números se mantienen significativamente por encima del promedio de la última década. El trasfondo es aún más complejo: las estructuras del narcotráfico han expandido su influencia, y la disputa entre bandas por rutas y mercados locales sigue siendo el principal detonante de los asesinatos.
Costa Rica ha evolucionado de tener estructuras criminales aisladas a un esquema con múltiples bandas locales que se disputan territorios, influenciadas por organizaciones internacionales como el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, que utilizan el país como plataforma logística. Fernández deberá enfrentar no solo la creciente violencia, sino también la consolidación del crimen organizado en el territorio nacional.
La experta en seguridad Tania Molina cuestionó la propuesta de Laura Fernández de recurrir a estados de excepción para abordar la crisis de violencia, argumentando que esta medida restringe garantías constitucionales y amplía facultades policiales temporalmente. Según Molina, la prioridad debe ser recuperar el control territorial en los 20 distritos que concentran el 45% de los homicidios, mediante una intervención estatal sostenida y no solo con operativos policiales. Resaltó que estas comunidades comparten patrones de pobreza, asentamientos informales, rezago educativo y alta cantidad de jóvenes fuera del sistema educativo y laboral, condiciones que facilitan el reclutamiento por el crimen organizado.
Molina también alertó sobre los altos niveles de impunidad, indicando que apenas entre un 13% y un 14% de los homicidios recientes resultan en sentencia condenatoria, permitiendo que sicarios y estructuras criminales sigan operando. Además, advirtió sobre el uso político de cuerpos policiales y de inteligencia, criticó el «populismo punitivo» inspirado en modelos como el de Nayib Bukele, y enfatizó la necesidad urgente de intervenir el sistema penitenciario, que, según ella, funciona como centro de operaciones del crimen organizado.
Salud: Deuda Récord y Sistema Colapsado
En el sector salud, el problema es tanto financiero como operativo. El Estado mantiene una deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que supera los ¢4,4 billones, debido a la negativa del gobierno anterior a honrar los pagos e incluso a cuestionar parte de los montos adeudados.
La tensión entre el Gobierno y la CCSS persistió hasta el final de la administración Chaves. El 16 de abril pasado, la Junta Directiva de la institución ordenó continuar las gestiones de negociación y recuperación de la deuda estatal, exigiendo el pago completo y oportuno de las obligaciones anuales. El último recurso será el cobro judicial, proceso en el que el gerente médico de la CCSS, Gustavo Picado, confía en ganar, aunque duda de la voluntad de Hacienda para saldar la deuda.
El resultado es un sistema de salud tensionado, con mayor demanda, menos margen financiero y miles de pacientes en espera.
Laura Fernández conoce de primera mano el conflicto financiero entre el Estado y la CCSS, habiendo formado parte de la administración anterior como ministra de Planificación y de la Presidencia. A pesar de esto, el tema de la deuda estatal con la Caja no figura entre los ejes centrales de su plan de gobierno. A esto se suma el rezago en infraestructura hospitalaria. Proyectos vitales como los hospitales de Cartago y Limón siguen sin concretarse, pese a años de anuncios y promesas.
El nuevo hospital de Cartago se convirtió en uno de los proyectos más entrabados del sector salud durante la administración Chaves. El Gobierno cuestionó el terreno en El Guarco, alegó dudas técnicas y financieras, y frenó el avance de la obra. Incluso, el expresidente Rodrigo Chaves Robles confrontó públicamente a jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social por la adjudicación del proyecto. Estas trabas causaron atrasos en una obra urgente para una provincia cuyo hospital actual enfrenta saturación. Fernández recibe el proyecto ya adjudicado a la empresa Van Der Laat y Jiménez.
La reducción de las listas de espera fue una de las principales promesas del gobierno de Rodrigo Chaves. Sin embargo, desde 2022, las listas de cirugía, consulta externa y procedimientos diagnósticos crecieron sostenidamente. La entonces presidenta ejecutiva de la CCSS y actual diputada oficialista, Marta Esquivel, lanzó en noviembre de 2023 la «Ruta de la Salud», una estrategia que prometía reducir los tiempos de espera. No obstante, la iniciativa no logró los resultados esperados, con informes de auditoría y datos internos de la Caja señalando incumplimientos y un aumento de pacientes en espera.
Actualmente, las listas de espera superan el millón de personas entre cirugías, consultas con especialistas y procedimientos diagnósticos. Solo la lista quirúrgica ronda las 185 mil personas, con pacientes esperando más de 400 días por una operación o más de 500 días por atención especializada.
Desde el sector médico, las proyecciones no son alentadoras. El presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), Mario Quesada, advirtió que se perfila una continuidad de la misma gestión que, a su juicio, ha agravado la crisis del sistema. «Si se sigue haciendo lo mismo, no se pueden esperar resultados distintos», advirtió.
Economía: Menos Ingresos, Gasto Restringido
En el frente económico, la nueva administración arranca con un panorama cuesta arriba: menos ingresos y un margen de gasto más limitado. En 2025, la recaudación cayó —especialmente en renta e IVA—, lo que implica una reducción significativa de recursos para el Estado.
En este contexto, el país regresa al escenario más restrictivo de la regla fiscal, luego de que la deuda pública superara el 60% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto se traduce en un mayor control del gasto y menos espacio para invertir o ampliar programas sociales y de desarrollo.
El economista de la Universidad Nacional Fernando Rodríguez advierte que sectores clave como seguridad, educación, infraestructura y ayudas sociales necesitan más recursos, pero el margen presupuestario es cada vez menor.
Desde el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, José Francisco Pacheco coincide en que el próximo gobierno tendrá que elegir entre priorizar áreas, aplicar recortes o intentar aumentar la recaudación, una medida que no ofrece resultados inmediatos.
A esto se suma la situación del tipo de cambio. El dólar se mantiene en niveles cercanos a los ₡450–₡460, muy por debajo de años anteriores. Esto ha generado presión en sectores como el exportador y el turismo, que reciben menos colones por cada dólar, encareciendo sus costos y reduciendo su competitividad. Aunque para los consumidores puede significar importaciones más baratas, para la producción nacional representa un golpe que ya empieza a sentirse.
Este escenario económico se traduce en decisiones incómodas para la administración de Laura Fernández: salarios públicos congelados, menor capacidad de endeudamiento y presión sobre programas sociales vitales.
Educación: Rezago Crítico y Desorientación
El sistema educativo de Costa Rica llega debilitado al nuevo gobierno. El informe del Estado de la Educación 2025 advierte que la mayoría de los estudiantes no alcanza los niveles esperados en áreas clave como matemáticas y lectura, reflejo de un rezago que se arrastra desde la pandemia de la COVID-19.
A esto se suman problemas estructurales. Cientos de centros educativos enfrentan órdenes sanitarias, evidencia de un grave deterioro en la infraestructura que impacta directamente en las condiciones de aprendizaje. El panorama se agrava por la ausencia de una ruta educativa clara en los últimos años, lo que deja a la nueva administración sin un plan definido para revertir esta profunda crisis.
Para el exministro de Educación Pública Leonardo Garnier (2006-2014), la administración de Laura Fernández enfrenta dos retos centrales: reducir la desigualdad educativa y recuperar los aprendizajes perdidos. Garnier recordó que entre 2000 y 2018 se lograron cerrar brechas, especialmente entre zonas urbanas y rurales, gracias a la inversión y programas como Avancemos, transporte y comedores. Sin embargo, alertó que los recortes recientes podrían revertir esos avances, enfatizando que «sin inversión, no se puede cerrar la desigualdad».
Sobre los aprendizajes, indicó que la huelga de 2018, la pandemia, las debilidades en la formación docente y la falta de recursos provocaron graves rezagos en materias clave como español, matemática y ciencias. A su criterio, el problema no es el currículo, sino la formación y evaluación de los docentes, para lo cual planteó aplicar exámenes de idoneidad y fortalecer la capacitación continua. También cuestionó la falta de una ruta educativa definida en los últimos años y advirtió que el principal desafío será revertir el «apagón educativo» en un contexto de severas restricciones presupuestarias.
Infraestructura: Proyectos Entrabados y Promesas Incumplidas
En infraestructura, el reto del gobierno de Laura Fernández será destrabar obras que llevan años sin avanzar. Proyectos cruciales como Barranca-Limonal, la ampliación de la ruta 32, la carretera a Cartago y el tren eléctrico son promesas pendientes que requieren acción inmediata.
Fernández recibe la ampliación de la ruta 32 con significativos atrasos y cuestionamientos. La obra acumula más de cinco años de retraso y millonarios sobrecostos, que ya superan en más de un 40% el presupuesto original. A esto se suman críticas por problemas de seguridad vial, ya que el gobierno anterior desperdició tiempo y dinero al cambiar el diseño original de pasos a desnivel por rotondas, causando graves problemas de seguridad. En agosto del año pasado, Rodrigo Chaves reconoció el error de las rotondas, llevando al MOPT a reliquitar los pasos a desnivel con los diseños originales previamente descartados.
Aunque buena parte de la carretera ya está habilitada, el MOPT reconoce que aún quedan pendientes pasos a desnivel, marginales, soluciones peatonales y mejoras de seguridad vial, trabajos que se extenderían hasta 2026 y 2027. Las obras inconclusas no solo representan atrasos viales, sino también años de presas, costos económicos y una pérdida significativa de competitividad para el país.
El tren eléctrico es otro ejemplo claro de proyectos estancados. El gobierno de Chaves inició cuestionando el proyecto avanzado por la administración de Carlos Alvarado y cerró su mandato dejando a Laura Fernández una propuesta que no logró superar las etapas preliminares. El crédito por $800 millones para financiar la obra quedó sin aprobarse en segundo debate legislativo por la ausencia de los exdiputados oficialistas.
La ruta a San Carlos es otra obra que Laura Fernández recibe atrasada. El tramo central, entre Sifón y La Abundancia, sigue sin arrancar, mientras la punta sur avanza lentamente entre expropiaciones y trabajos preliminares. Además, el proyecto enfrenta cuestionamientos por observaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al cartel de licitación.
La ampliación de la carretera a Cartago también queda pendiente. Aunque el Gobierno la presentó como prioritaria, la obra aún espera la publicación del cartel de licitación, mientras persisten las intensas presas en la ruta Florencio del Castillo.
En el caso de la ruta 27, las negociaciones del Gobierno con la concesionaria Globalvía para ampliar la carretera no prosperaron. Posteriormente, el Ejecutivo planteó una propuesta más limitada para intervenir únicamente puntos críticos, pero el proyecto sigue sin arrancar.
Ante este panorama, Randall Murillo, de la Cámara Costarricense de la Construcción, ha instado a los nuevos diputados y al gobierno a impulsar el diálogo y destrabar estos proyectos, priorizando iniciativas que fomenten el empleo, la competitividad y el desarrollo sostenible del país.
Con este escenario, Laura Fernández no asume una agenda en blanco, sino un país con crisis acumuladas, un margen de maniobra limitado y problemas que llevan años sin resolverse. El principal desafío para su administración será demostrar, desde el inicio, la capacidad para enfrentar y resolver estos temas que no solo siguen abiertos, sino que, en varios casos, han empeorado significativamente.
DnG