El Gobierno Boliviano Reafirma su Postura Contra los Bloqueos en Medio de Ascensos Militares
El escenario de la imposición de grados y ascensos en el generalato de las Fuerzas Armadas (FFAA) fue estratégicamente utilizado por el Gobierno boliviano para reiterar su firme postura frente a los bloqueos que afectan al país. El Ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, enfatizó la inaceptabilidad de la radicalidad en las demandas, especialmente cuando estas derivan en acciones que vulneran el orden y la convivencia ciudadana.
Límites Inquebrantables: La Declaración del Ministro Justiniano
En el día 46 de bloqueo nacional, el Ministro Justiniano fue contundente al señalar que, si bien las demandas sociales merecen respeto y escucha, existen límites que ninguna causa puede traspasar. «Ninguna demanda justifica la violencia. Ningún conflicto justifica someter a la población. Ninguna reivindicación puede estar por encima de la vida, de la libertad, de la democracia y de la Constitución», afirmó, dejando clara la línea roja del Estado.
Estas declaraciones tuvieron lugar durante la ceremonia oficial donde se ratificaron los ascensos militares, aprobados previamente por el Senado. Estos nombramientos eran cruciales para que los actuales comandantes de las FFAA alcanzaran la jerarquía necesaria para sus respectivos mandos en el Ejército, Fuerza Aérea y Naval, consolidando la estructura de mando.
El Rol del Estado: Escuchar y Proteger a la Ciudadanía
Justiniano también abordó la percepción de la acción estatal en momentos de crisis. «La prudencia no es ausencia del Estado. La contención no es debilidad y la voluntad de diálogo no significa renunciar al deber de proteger a Bolivia», manifestó. Subrayó con firmeza que la administración tiene una doble obligación primordial: «El Estado tiene la obligación de escuchar, pero también tiene la obligación de proteger» a sus ciudadanos y el marco legal que los rige, garantizando el orden público.
La Ley de Estados de Excepción: Un Clamor Ciudadano y la Resistencia Campesina
Ante la persistencia del conflicto social, diversos sectores de la sociedad civil han demandado la aplicación de la Ley de Estados de Excepción, una normativa aprobada en el parlamento hace dos semanas. La expectativa ciudadana es que esta ley permita restaurar el orden en el país, enfrentando la parálisis generada por los puntos de bloqueo activos en diferentes rutas.
Sin embargo, los grupos campesinos movilizados han anticipado su resistencia a cualquier intervención de las Fuerzas Armadas destinada a despejar las rutas. Esta postura augura un posible escalamiento si la ley llega a ser invocada para desarticular los bloqueos, lo que podría derivar en confrontaciones.
Un Conflicto en Punto Muerto: La Séptima Semana de Tensión
En su séptima semana, el conflicto boliviano ha entrado en una fase de punto muerto. Aunque los bloqueadores se han replegado parcialmente a sus comunidades, la mayoría de los puntos de bloqueo permanecen intactos, manteniendo la presión sobre el Gobierno. Durante el fin de semana, varias provincias de La Paz confirmaron la continuidad de sus medidas de presión, incluyendo marchas hacia la ciudad capital, si bien con una contundencia menor a la observada en semanas anteriores.
La situación actual subraya la complejidad del panorama social y político boliviano, con el Gobierno buscando equilibrar el diálogo con la firmeza en la aplicación de la ley, frente a demandas que persisten y la amenaza latente de una confrontación más directa por el control de las vías.
DnG