Frente parlamentario impulsa la derogatoria de la Ley 32735 y exige justicia ordinaria para manifestantes
En un escenario político marcado por la polarización y el debate constante sobre los límites de la autoridad, la bancada de Juntos por el Perú (JPP) ha dado un paso al frente en el Poder Legislativo. Durante una concurrida conferencia de prensa encabezada por el vocero del grupo, Ernesto Zunini, junto a legisladores como Analí Márquez y Yenifer Paredes Navarro, se delineó una hoja de ruta legislativa centrada en combatir la impunidad, replantear la seguridad ciudadana bajo un enfoque de derechos y activar mecanismos de fiscalización profunda sobre los episodios de conflictividad social que han sacudido al país en los últimos años.
El núcleo de esta ofensiva política radica en la presentación formal de un proyecto de ley destinado a derogar la Ley 32735. Según argumentaron los parlamentarios, esta normativa vulnera estándares fundamentales de protección a los derechos humanos durante el desarrollo de las protestas sociales. La propuesta busca garantizar que cualquier detención o presunta infracción cometida en el marco de movilizaciones ciudadanas sea procesada estrictamente dentro del fuero común y la justicia ordinaria, descartando de plano la intervención de tribunales militares, un punto que ha generado intensas controversias entre colectivos civiles y organizaciones de derechos humanos.
Antecedentes y contexto de la crisis institucional
Para comprender la magnitud de estas iniciativas legislativas, es imperativo analizar el trasfondo político y social que las motiva. La crisis institucional en Perú se ha visto agudizada de manera exponencial tras los acontecimientos desatados a partir del 7 de diciembre de 2022. Aquella jornada de transición en el Ejecutivo desencadenó una ola de protestas a nivel nacional que dejó un trágico saldo de civiles fallecidos y heridos en diversas regiones del país, evidenciando una profunda fractura entre el Estado y los sectores sociales movilizados.
Desde entonces, la exigencia de rendición de cuentas ha permanecido en el centro del debate público. Organismos internacionales de derechos humanos y veedores locales han señalado reiteradamente la necesidad de investigar con absoluta imparcialidad el uso de la fuerza pública. La propuesta de Juntos por el Perú de crear una comisión investigadora específica no es un hecho aislado, sino la respuesta institucional a una demanda postergada de verdad, reparación y justicia para las familias de las víctimas, un proceso que hasta la fecha ha caminado con extrema lentitud en los despachos fiscales y judiciales.
Datos clave de la agenda legislativa de Juntos por el Perú
La estrategia anunciada por la bancada no se limita al ámbito de las protestas sociales; abarca un control político estratégico respaldado por la presidencia y vicepresidencia de comisiones clave en la Cámara de Diputados. Los puntos más destacados de su plan de acción incluyen:
- Derogación de la Ley 32735: Proyecto normativo para asegurar que los manifestantes detenidos sean juzgados exclusivamente en el fuero ordinario, blindando las garantías procesales.
- Comisión Investigadora: Impulso formal para esclarecer los hechos, responsabilidades políticas y penales derivados de la crisis social iniciada el 7 de diciembre de 2022.
- Presidencias estratégicas: Control legislativo desde las comisiones de Constitución, Energía y Minas, Justicia, y Acusaciones Constitucionales.
- Vicepresidencias de impacto social: Participación activa y fiscalizadora en las carteras de Salud, Educación, Infraestructura, Vivienda y Transportes, así como en la Comisión de Ética.
- Liderazgo visible: Conferencia encabezada por figuras clave de la bancada como Ernesto Zunini, Analí Márquez y Yenifer Paredes Navarro.
Impacto en el escenario político y el mercado institucional
La incursión de Juntos por el Perú en estas comisiones estratégicas altera de manera directa el equilibrio de fuerzas dentro del Parlamento. Al ostentar el liderazgo en comisiones tan sensibles como Constitución y Justicia, la bancada adquiere la capacidad de modular la agenda de reformas legales y frenar posibles iniciativas que busquen blindar a funcionarios o restringir las libertades civiles. Para el ecosistema político, esto representa un contrapeso necesario frente a mayorías parlamentarias tradicionalmente proclives a endurecer las normativas de seguridad ciudadana sin atender el trasfondo social.
No obstante, este enfoque propositivo y de «oposición vigilante» también anticipa choques frontales con el Ejecutivo y con sectores conservadores del hemiciclo. La discusión sobre el fuero militar versus el fuero civil en la gestión de protestas es un terreno minado que polariza la opinión pública. Mientras los gremios sociales y defensores de derechos humanos respaldan la iniciativa por considerarla un freno al autoritarismo, los sectores vinculados a la seguridad del Estado argumentan que estas medidas podrían debilitar la capacidad disuasiva de las fuerzas del orden ante disturbios violentos.
Proyección a futuro: ¿Hacia dónde se dirige el control parlamentario?
A mediano plazo, el éxito o fracaso de la agenda presentada por Juntos por el Perú dependerá de su capacidad para tejer alianzas transversales en un Congreso históricamente fragmentado. La aprobación del proyecto para derogar la Ley 32735 y la materialización de la comisión investigadora no tienen garantizados los votos necesarios en el pleno, lo que obligará a la bancada a desplegar una intensa labor de cabildeo político y persuasión técnica.
Si estas iniciativas logran prosperar, marcarán un precedente histórico en la forma en que el Estado procesa los conflictos sociales y rinde cuentas sobre el uso de la fuerza. Por el contrario, si la resistencia parlamentaria bloquea estas propuestas, es probable que la tensión en las calles se mantenga latente, profundizando la desconfianza ciudadana hacia las instituciones democráticas y consolidando un clima de permanente inestabilidad política en el país.
DnG