La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una exhaustiva investigación disciplinaria formal contra cuatro miembros clave del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (FORPO) y del Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando (CIPPA). El objetivo central de este proceso es esclarecer posibles fallas y manejos indebidos detectados antes y durante la ejecución de un contrato vital firmado en 2022. Dicho acuerdo buscaba modernizar la capacidad operativa de la fuerza pública mediante la adquisición de avanzadas tecnologías de vigilancia aérea.
El proyecto, valorado en más de 3.700 millones de pesos y conocido oficialmente como “adquisición de sistemas aéreos remotamente tripulados SIART para la Policía Nacional”, está ahora bajo el escrutinio del Ministerio Público. Se revisan minuciosamente las actuaciones de los funcionarios involucrados en la estructuración y posterior supervisión de esta cuantiosa inversión de fondos públicos.
Funcionarios Implicados: Anomalías en la Adquisición de Drones para la Policía
La decisión del organismo de control impacta directamente a cuatro oficiales y suboficiales que desempeñaron roles esenciales en las entidades compradoras al momento de los hechos. La Procuraduría busca determinar el grado de responsabilidad individual en las irregularidades identificadas dentro de los comités de contratación y supervisión técnica del proyecto.
Los uniformados vinculados a este expediente penal y disciplinario son:
- El coronel en retiro Didier Alberto Estrada Álvarez, quien fungía como director general del FORPO.
- La capitán Alhejandra Sepúlveda Figueroa, en su rol de coordinadora del CIPPA.
- El intendente Ismael de Aguas Boea, responsable de la verificación de información dentro del CIPPA.
- El mayor Edwin Arley Espejo Navarro, quien actuó como supervisor del contrato por parte del FORPO.
Las Graves Sospechas de la Procuraduría en el Contrato de Drones
A través de la recolección de pruebas, la Procuraduría busca establecer si los responsables del proceso incurrieron en errores críticos al definir los criterios de selección del contratista. Las hipótesis preliminares sugieren deficiencias significativas en los requisitos exigidos a los oferentes, lo que pudo haber impedido la elección de la opción más beneficiosa y eficiente para el Estado.
Riesgo de Incumplimiento y Seguridad Nacional
Más allá de las fallas previas a la firma, el órgano de control investiga una marcada falta de vigilancia y control riguroso durante la fase de entrega de los equipos. El Ministerio Público ha alertado que estas omisiones en la interventoría interna pudieron influir directamente en que la empresa proveedora incumpliera con las obligaciones estipuladas en el documento inicial, poniendo en grave riesgo no solo la seguridad nacional, sino también los recursos públicos de todos los colombianos.
DnG