La defensa del actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha emitido una denuncia urgente este 12 de junio de 2026, alertando sobre el inicio de la incautación de su residencia principal por parte de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar). Esta medida judicial se ejecuta en un momento crítico, ya que en la vivienda incautada residen la esposa del alcalde, Fiorella Icaza, y sus hijos, sumiendo a la familia en una situación de gran incertidumbre.
Claves del Caso: La Incautación que Sacude a Guayaquil
- La defensa de Aquiles Álvarez denuncia el inicio de la incautación de su hogar familiar.
- El procedimiento se realiza a pesar de una solicitud pendiente de la defensa para individualizar los bienes a incautar.
- En la casa objeto de la incautación residen actualmente la esposa del alcalde, Fiorella Icaza, y sus hijos, afectando directamente a su núcleo familiar.
La Controversial Orden de Incautación en Pleno Caso Goleada
El proceso de incautación se desarrolla en paralelo a una audiencia crucial del denominado caso Goleada, en la que la defensa del alcalde Álvarez se encuentra inmersa. Durante esta audiencia, se recepta el testimonio anticipado de un testigo protegido, pieza clave dentro de la investigación por presunta delincuencia organizada que envuelve al caso. La coincidencia temporal de estos eventos añade una capa de complejidad y tensión al escenario judicial y político.
La defensa de Álvarez ha manifestado su enérgico rechazo a la medida, destacando que la orden de incautación fue emitida un día antes y se está ejecutando sin considerar un pedido previo y fundamental. Días atrás, los abogados del alcalde solicitaron formalmente la individualización de los bienes susceptibles de incautación, una petición que, hasta el momento de la ejecución, no había recibido respuesta alguna. Esta omisión, según la defensa, contraviene el debido proceso y deja a la familia del alcalde en una posición vulnerable.
Negativa de Caución: Aquiles Álvarez Permanecerá en Prisión Preventiva
La incautación de la residencia de Aquiles Álvarez se produce apenas un día después de una decisión judicial igualmente trascendental. La jueza Karen Alarcón negó la solicitud de caución presentada por el alcalde, cuyo objetivo era revocar la medida de prisión preventiva que actualmente pesa sobre él. La defensa ha señalado que, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos legales exigidos, la magistrada resolvió negar el pedido, una resolución que ha sido calificada como cuestionable.
Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez en los aspectos penales del caso, no ha tardado en pronunciarse al respecto. A través de su cuenta en redes sociales, el letrado ha afirmado categóricamente que la actuación de la jueza Alarcón podría encuadrarse en la figura del prevaricato. Esta grave acusación, tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) del Ecuador, sugiere una posible conducta irregular por parte de la administradora de justicia, intensificando el debate legal y la polarización en torno al caso del alcalde de Guayaquil.
DnG