Los principales líderes de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) han interpuesto una demanda por $750,000 contra Héctor Vázquez Muñiz, secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), por supuestos comentarios difamatorios. Esta acción legal sin precedentes surge tras una serie de expresiones que, según los demandantes, perjudican gravemente la imagen y honorabilidad de la institución deportiva y sus directivos, desatando una controversia en el ámbito del voleibol puertorriqueño.
Demanda Millonaria Sacude al Voleibol Puertorriqueño: FPV Acusa de Difamación al Secretario del DRD
El secretario del DRD, Héctor Vázquez Muñiz, declaró a El Nuevo Día no haber sido notificado formalmente de la demanda. La acción legal, presentada el pasado viernes a la 1:00 p.m. en el Tribunal de San Juan bajo el caso SJ2026CV04550, también incluye a su esposa. En una entrevista concedida a este medio en 2025, Vázquez Muñiz ya se había reafirmado en sus comentarios, incluso expresando desafiante: “Estoy acá arriba y no voy a bajar al fanguero”.
Los Fundamentos de la Demanda: Alegaciones Clave por Daños
Los directivos de la FPV, el Dr. César Trabanco (presidente) y el Lcdo. José M. Marxuach Fagot (vicepresidente), buscan responsabilizar a Vázquez Muñiz por afirmaciones que consideran falsas, maliciosas y perjudiciales. Entre las pruebas presentadas se incluyen publicaciones del secretario en redes sociales y una noticia de El Nuevo Día del 18 de junio de 2025, donde se reiteró en sus expresiones.
La demanda cita «comentarios falsos sobre cobros de dinero» realizados por los líderes de la FPV, además de expresiones que la parte demandante considera gravemente perjudiciales para la profesión médica del Dr. César Trabanco.
El recurso judicial solicita al tribunal que declare las expresiones del demandado como «falsas, difamatorias, libelosas y no privilegiadas». Asimismo, se reclama una compensación solidaria de no menos de $500,000 por los daños sufridos por el Dr. César H. Trabanco de la Cruz y no menos de $250,000 por los daños ocasionados al Lcdo. José M. Marxuach Fagot. Adicionalmente, se exige una retractación pública por parte del secretario del DRD y el pago de honorarios de abogados.
Acusaciones sobre Licencias y Cobros Indebidos: La Polémica
Vázquez Muñiz es acusado de «afirmaciones falsas y maliciosas» relacionadas con los procesos administrativos de la FPV, específicamente en lo concerniente a la aprobación de licencias y certificaciones. Una de las citas clave de la demanda es una publicación en la que el secretario escribió: “Trabanco y Marxuach les están cobrando $350 por una licencia que te sale en solo $50 en el DRD”.
La FPV Responde: Aclarando los Procesos de Afiliación y Licenciamiento
La Federación Puertorriqueña de Voleibol ha salido al paso de estas acusaciones, rechazando categóricamente la afirmación de Vázquez Muñiz. La FPV sostiene que es falsa porque «la Federación no ‘vende’ una licencia, sino que se cobran $60 por afiliarse o asociarse a la Federación para participar en ella».
Además, la institución deportiva asegura que no existe ningún trámite administrativo con un costo de $350. Argumentan que las licencias expedidas por la FPV y el DRD poseen propósitos distintos y complementarios, por lo que no son incompatibles ni excluyentes.
Impacto en la Reputación Profesional del Dr. César Trabanco
Otro punto central de la demanda son las expresiones que, según los demandantes, han afectado directamente la reputación profesional del Dr. César Trabanco como médico endocrinólogo. La demanda cita una publicación en la que Vázquez Muñiz comparó la situación de la Federación con la condición de un paciente: “La Federación de Voleibol de Puerto Rico tiene nódulos malignos en la tiroides, y la diabetes descontrolada. Es hora de cambiar de endocrinólogo”.
Los demandantes sostienen que esta comparación va más allá de la crítica a la gestión federativa, constituyendo un «ataque personal indebido» contra Trabanco. El recurso enfatiza que la expresión «no se limita a criticar una decisión federativa, sino que ridiculiza al demandante personalmente, menoscaba su liderazgo institucional y proyecta una imagen negativa sobre su reputación profesional», afectando su honra, intimidad y la confianza pública depositada en él.
DnG