Alerta Nacional: Senasa Declara Emergencia Sanitaria por Influenza Aviar de Alta Patogenicidad
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), ha declarado una emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. Esta crucial medida, efectiva a partir del 14 de julio de 2026, se extiende por un plazo de 90 días calendario y responde a la detección de casos de influenza aviar de alta patogenicidad en aves de corral, buscando salvaguardar la sanidad avícola y la salud pública en Perú.
Detalles y Alcance de la Resolución Oficial
La declaración de emergencia se formalizó a través de la Resolución Jefatural N.° D000104-2026-MIDAGRI-SENASA-JN. Es importante destacar que la duración de esta medida, inicialmente fijada en 90 días, no es inmutable; podrá ser prorrogada o, si las condiciones lo permiten, reducida, todo ello en función de una rigurosa evaluación epidemiológica continua de la enfermedad. Esta flexibilidad permite una adaptación dinámica a la evolución del brote y sus riesgos asociados.
Acciones Inmediatas y Estrategia de Contención del Senasa
Durante la vigencia de esta emergencia nacional, las direcciones ejecutivas del Senasa, en estrecha colaboración con la Dirección de Sanidad Animal, intensificarán sus esfuerzos. Continuarán ejecutando un plan de vigilancia epidemiológica exhaustiva para monitorear la propagación del virus y aplicarán de manera estricta todas las medidas sanitarias y administrativas contempladas en la legislación vigente. El objetivo primordial es claro: contener eficazmente la propagación del virus de la influenza aviar, minimizando su impacto en la producción avícola y el ecosistema nacional.
Responsabilidad Crucial de Propietarios de Aves: Cumplimiento Obligatorio y Consecuencias
Se hace un llamado urgente a todos los propietarios o responsables de predios donde se detecten o sospechen casos de influenza aviar. Es imperativo que cumplan rigurosamente con todas las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria. El incumplimiento de estas directrices no solo representa un riesgo para la contención del virus, sino que también tendrá consecuencias legales. En tales casos, el Senasa está facultado para solicitar el apoyo de la fuerza pública y aplicar las sanciones correspondientes, asegurando así la observancia de las normativas para proteger la sanidad avícola del país.
DnG