El Gobierno Central Advierte a Andalucía: Recurso al Constitucional por la Derogación de la Ley de Memoria
El recién formado Gobierno andaluz, fruto del pacto entre PP y Vox, se enfrenta a su primera gran controversia legal antes incluso de comenzar su andadura formal. La propuesta de derogar la actual Ley de Memoria autonómica, para reemplazarla por una Ley de Concordia –una iniciativa recurrente de la formación de ultraderecha en los territorios donde llega al poder–, ha generado un aviso inmediato desde el Ejecutivo central. La Ley de Memoria de Andalucía, aprobada en 2017, gozó de un amplio consenso, con 67 votos a favor (PSOE, Podemos e IU) y 42 abstenciones (PP y Ciudadanos), sin ningún voto en contra.
La advertencia ha sido contundente: Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática, confirmó este viernes a elDiario.es que el Gobierno central «recurrirá al Tribunal Constitucional si se deroga» la ley andaluza. Esta postura ya fue adelantada hace dos años, estableciendo un protocolo de actuación para todas las comunidades autónomas que opten por modificar sus leyes de memoria por otras denominadas de concordia, como ya ha sucedido en Baleares, la Comunitat Valenciana, Aragón y Cantabria. En Extremadura, las negociaciones previas siguen su curso.
Durante un acto en reconocimiento a los hermanos León Trejo, fusilados en Sevilla por orden de Gonzalo Queipo de Llano, Martínez subrayó que el «Gobierno de España ejercerá sus competencias hasta el último rincón de Andalucía» en lo relativo a la memoria. En su opinión, las leyes de concordia impulsadas por PP y Vox «conciben las exhumaciones de fosas como restos arqueológicos e invisibilizan a las víctimas al no celebrar actos de reconocimiento o reparación».
«Dignidad de las Víctimas», pero del Terrorismo: Un Enfoque Selectivo
El punto 148 del acuerdo programático entre PP y Vox en Andalucía, enmarcado en el apartado de Leyes ideológicas, establece el compromiso de «aprobar una Ley de Concordia que sustituya la normativa vigente en materia de memoria histórica» antes de que finalice 2026. Este compromiso contrasta significativamente con el punto 71, dentro del ámbito educativo, que sí prevé incluir la historia del terrorismo en España en los planes de estudio, con el fin de «concienciar a nuestros estudiantes sobre el terrorismo, desarrollar valores democráticos y honrar la memoria y dignidad de las víctimas».
En su intervención, el secretario de Estado hizo hincapié en la relevancia de la Ley de Memoria andaluza, calificándola como «la más importante de todas las que se han aprobado» en España, al haber servido de modelo para otras autonomías. Argumentó que, mientras las normativas de memoria «ponen la atención en las víctimas», las «mal llamadas leyes de concordia» buscan «equiparar» la democracia con la dictadura franquista.
Martínez advirtió que estas nuevas leyes «están blanqueando la dictadura, no se dice que existió», y que, por tanto, «nos están interpelando a que sigamos defendiendo la memoria y los derechos humanos». Concluyó que «sin memoria no hay democracia» y que, «ante el avance del populismo y del neofascismo, la memoria es el mejor antídoto».
La Vulneración de los Derechos de las Víctimas en el Punto de Mira Legal
Tradicionalmente, las discrepancias legislativas entre el Estado y las comunidades autónomas inician un proceso negociador. Sin embargo, si estas diferencias persisten, el Gobierno central ha optado sistemáticamente por recurrir al Tribunal Constitucional para frenar las derogaciones de leyes de memoria y su sustitución por normativas de concordia.
El caso más reciente ha sido el de Baleares, el pasado mes de junio, donde se consideró que la nueva norma autonómica vulneraba los derechos de las víctimas del franquismo y dificultaba la aplicación de la legislación estatal en materia de memoria. En estas situaciones, uno de los objetivos clave es conseguir la suspensión cautelar de la derogación mientras se resuelve el procedimiento judicial, una medida que ya se ha aplicado con éxito, por ejemplo, en Cantabria.
Cabe recordar que la eliminación de la Ley de Memoria andaluza y su reemplazo por una Ley de Concordia ya fue un punto acordado en 2019 entre PP, Ciudadanos y Vox para la investidura de Juan Manuel Moreno. Sin embargo, dicho compromiso nunca llegó a materializarse. Los colectivos memorialistas, por su parte, han denunciado el escaso interés del PP en esta materia durante sus dos mandatos, evidenciado en el bajo cumplimiento de la normativa de 2017 aún vigente.
DnG