Sala Constitucional Rechaza Amparo de Fabricio Alvarado en Caso de Investigación Legislativa por Abuso Sexual
La Sala Constitucional de Costa Rica ha dictaminado un rechazo contundente a un recurso de amparo presentado por el exdiputado Fabricio Alvarado. La acción legal buscaba impedir que la Asamblea Legislativa avanzara en el conocimiento y la votación de los informes resultantes de una investigación en su contra, relacionada con presuntas acusaciones de abuso sexual. Esta resolución de los magistrados ratifica la autonomía de los procesos legislativos, a pesar de que los informes en cuestión terminaron siendo archivados por motivos distintos a la interposición del recurso.
Contexto de la Investigación Legislativa y el Recurso de Alvarado
La génesis de esta investigación parlamentaria se encuentra en una denuncia formal presentada por la exdiputada Marulin Azofeifa, quien acusó a Fabricio Alvarado de abuso sexual. A raíz de la seriedad de la denuncia, el Congreso inició un proceso de investigación interna, que culminó con la emisión de tres informes detallados. Antes de que estos documentos pudieran ser leídos y sometidos a votación en una sesión del plenario, Alvarado interpuso el recurso de amparo ante la Sala IV. Su principal argumento se basó en que los hechos denunciados por Azofeifa supuestamente ocurrieron en 2018, un período en el que él no era diputado, lo que, según su defensa, lo eximiría de la competencia legislativa para una investigación de esta naturaleza.
El Archivo de los Informes y la Determinación de la Sala Constitucional
Pese a la presentación del recurso legal, es relevante destacar que ninguno de los tres informes sobre la presunta conducta de abuso sexual había logrado obtener el apoyo mayoritario necesario para su aprobación inicial. La fecha del 27 de abril había sido fijada para su discusión y votación final en el plenario. Sin embargo, en una sesión posterior, y tras su lectura, la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, tomó la decisión de archivarlos definitivamente. Esta determinación se fundamentó en una recomendación técnica proporcionada por el Departamento de Servicios Técnicos de la propia Asamblea Legislativa, dando así por concluido el proceso parlamentario.
La resolución de la Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo de Fabricio Alvarado, justificando su decisión en varios puntos clave. Primero, los magistrados señalaron que las sesiones programadas para el 27 de abril no pudieron realizarse por falta de quórum, lo que impidió la discusión y votación de los informes en las fechas previstas. Esto, en la práctica, hacía que el objetivo inmediato del amparo fuese innecesario por las propias circunstancias legislativas. Adicionalmente, la Sala IV enfatizó una «variación de circunstancias» crucial: el cambio en la integración de la Asamblea Legislativa desde el 1.º de mayo de 2026. Este factor, según la determinación judicial, «impide que el amparo cumpla con el objetivo planteado originalmente», ya que la nueva composición parlamentaria alteraría el contexto sobre el que se buscaba la medida cautelar, volviendo ineficaz el propósito del recurso.
DnG