Caso Convenios: Fiscalía fija fecha para formalizar a Alberto Larraín y María Constanza Gómez por querella de Anglo American
En octubre de 2024, a más de un año de que estallara la primera causa del denominado caso Convenios, la minera anglosudafricana Anglo American presentó una querella por estafa contra la Fundación ProCultura.
De acuerdo con los antecedentes difundidos en su momento por la multinacional, la acción legal apuntaba directamente contra el fundador de la ONG, el psiquiatra Alberto Larraín, tras detectarse que la entidad no rindió fondos entregados en concepto de donaciones por más de $290 millones.
Irregularidades en donaciones y proyectos específicos
Aunque ambas instituciones colaboraban desde 2017, la acción penal se centró específicamente en donaciones acordadas entre 2021 y 2023 para la ejecución de proyectos orientados a beneficiar a comunidades en zonas de operaciones, con foco en turismo, patrimonio, salud y bienestar.
En un comunicado emitido en ese entonces, la empresa señaló: “La empresa posee estrictos protocolos de cumplimiento y, ante la evidencia recopilada en nuestro proceso de investigación interna, se estableció que existían irregularidades en la rendición de cuentas y trazabilidad”.
Apropiación indebida y citación judicial
Tras múltiples diligencias, el fiscal Cristián Aguilar —integrante del equipo dirigido por el fiscal regional Juan Castro Bekios— solicitó ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago una audiencia para comunicar cargos contra Larraín y la representante de la ONG, María Constanza Gómez, como autores del delito de apropiación indebida.
La jueza Paulina Moya fijó la audiencia para el próximo 19 de octubre a partir de las 10:00 horas, advirtiendo que la incomparecencia injustificada derivará en el uso de la fuerza pública y sanciones conforme al Código Procesal Penal.
Avanza la Arista Biobío del Caso ProCultura
Paralelamente, la arista judicial vinculada al Gobierno Regional del Biobío ha sumado nuevos hitos. Recientemente se concretó la formalización de Larraín y Gómez por un convenio adjudicado en 2022 que implicó la transferencia de más de $1.500 millones, de los cuales $600 millones no fueron rendidos.
Tras la formulación de cargos, ambos imputados quedaron con arraigo nacional, medida cautelar que se suma a las ya dictadas por las aristas del caso en el GORE Metropolitano, GORE de Antofagasta y la Seremi de Vivienda.
Por su parte, la defensa de Alberto Larraín, liderada por el abogado Cristián Arias, sostuvo que el tribunal cuestionó la solidez de la imputación fiscal y recalcó que nadie en ProCultura se enriqueció ilícitamente a través de estos fondos.
DnG