El Ministerio Público ha dado curso a una contundente denuncia presentada por los parlamentarios socialistas Daniel Manouchehri (diputado) y Daniella Cicardini (senadora) contra el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik. Esta acción se desencadena tras la revelación de presuntas conversaciones entre Zaliasnik y Luis Hermosilla, figura central en el denominado caso Audio, que ha conmocionado la esfera política y judicial del país.
Los legisladores del Partido Socialista instaron a una investigación profunda sobre los posibles delitos derivados de estos diálogos, expuestos públicamente por el medio Reportea. Según la denuncia, los antecedentes sugieren que Zaliasnik habría formado parte de un círculo de abogados que coordinaba acciones con Hermosilla en causas de alta sensibilidad política, ligadas al segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera.
Fiscalía de Valparaíso Abre Investigación Contra el Embajador Gabriel Zaliasnik por Nexos con el Caso Hermosilla
En un desarrollo crucial, la Fiscalía de Valparaíso ha abierto formalmente una investigación contra el recién nombrado embajador Gabriel Zaliasnik, tras acoger la denuncia interpuesta por los parlamentarios. La acción legal, ingresada el pasado lunes 8 de junio, detalla una serie de acusaciones graves que exigen la atención del sistema judicial chileno.
Presuntos Delitos y Acusaciones Clave que Afronta Zaliasnik
La denuncia no escatima en señalamientos, apuntando a eventuales delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones. Estas imputaciones, de concretarse, configurarían un grave atentado contra la probidad y la institucionalidad pública en el ejercicio de funciones diplomáticas y profesionales.
Entre los hechos más alarmantes expuestos en la denuncia, se destaca una solicitud explícita para el uso de gastos reservados del Estado con el objetivo de financiar una defensa penal de carácter privado. A esto se sumarían gestiones irregulares de honorarios a través de la entonces presidenta del directorio de ENAP, concurrentes con un contrato de Zaliasnik con la misma empresa estatal en el año 2020, generando posibles conflictos de interés.
Asimismo, la investigación deberá esclarecer posibles intervenciones en nombramientos judiciales y solicitudes de fallos favorables, así como pedidos de interceptación telefónica y seguimientos ilegales contra dirigentes políticos de la oposición, todo ello sin la debida orden judicial. Estas acusaciones de espionaje político y manipulación judicial son de extrema gravedad y minan la confianza en el sistema.
Voces Parlamentarias Exigen Transparencia y Justicia en el Caso Hermosilla
La senadora Daniella Cicardini (PS) no ocultó su preocupación, declarando que “las revelaciones del caso Hermosilla que involucrarían al nuevo embajador en Israel apuntan a hechos gravísimos: eventual uso de gastos reservados para defensas penales, presiones sobre el Poder Judicial y espionaje político”. Enfatizó que “eso sí daña la democracia y la confianza en las instituciones. Por eso presentamos esta denuncia, para que estos hechos se investiguen a fondo”.
En la misma línea, el diputado Daniel Manouchehri (PS) afirmó categóricamente que “las conversaciones entre Hermosilla y Zaliasnik no son un simple chat privado. Revelan presuntos usos de recursos públicos, influencias indebidas en jueces y espionaje político para proteger a los suyos y perseguir adversarios. Esto es demasiado grave para quedar reducido a una explicación comunicacional”.
Manouchehri fue más allá, cuestionando la decisión gubernamental: “El Gobierno debe explicar por qué nombró embajador a una persona vinculada a antecedentes de esta gravedad. Eso no es un error de criterio, es un patrón preocupante que demanda respuestas claras”.
Ambos legisladores han sido enfáticos en su solicitud de una investigación penal exhaustiva, con las diligencias necesarias para verificar la autenticidad de los chats entre Zaliasnik y Hermosilla, y para perseguir legalmente a todos los responsables de los eventuales delitos que se desprendan de esta delicada situación que pone a prueba la probidad de altas esferas.
DnG