Fiscalía Archiva Investigación Clave Contra Dina Boluarte por Supuestas Firmas Falsificadas
La Fiscalía de la Nación ha decidido archivar la investigación preliminar que pesaba sobre la expresidenta Dina Boluarte por presunta falsedad genérica. Este caso giraba en torno a la acusación de que la entonces mandataria habría permitido que terceros firmaran resoluciones del Poder Ejecutivo a su nombre durante el año 2023, en un período crucial de su gestión.
El abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, fue el encargado de comunicar la resolución a través de sus redes sociales. Según la información proporcionada por la defensa, la investigación se centró en la autenticidad de las firmas en diversas normas emitidas entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, un lapso en el que la exmandataria se recuperaba de una intervención médica.
El Corazón de la Acusación: Cirugía Estética y Documentos Oficiales
La tesis fiscal inicial sostenía que Dina Boluarte, tras una cirugía estética realizada por el médico Mario Cavani, se encontraba físicamente imposibilitada para rubricar documentos oficiales, lo que habría llevado a la supuesta falsificación de su firma. Esta situación generó una considerable controversia política y mediática en el país, poniendo en tela de juicio la legalidad de importantes decisiones estatales.
Entre los documentos bajo escrutinio figuraban el Decreto Supremo N.º 017-2023-SA, que modificaba el manual de advertencias publicitarias para la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, y la resolución que aceptó la renuncia del General Manuel Gómez de la Torre como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La Defensa de Boluarte y el Informe Clave
La defensa de la expresidenta Boluarte ha enfatizado que la investigación fiscal ha determinado que las firmas cuestionadas «corresponden al puño y letra de la expresidenta, siendo estas auténticas y originales, según informe pericial de documentología forense». Este peritaje se convierte en el pilar fundamental para el archivamiento del caso, refutando las acusaciones iniciales de falsificación.
Además, el abogado Portugal señaló que la Fiscalía no encontró «mandato ni prescripción médica que haya determinado la imposibilidad física o invalidante de permitirle realizar sus funciones durante dicho periodo». Esto significa que no existió una orden de descanso médico oficial que impidiera a Boluarte ejercer sus responsabilidades, lo que respalda su alegato de participación activa en las decisiones de Estado durante esos días.
Voces Críticas y Peritajes Contrapuestos en el Proceso
Durante la fase de investigación, la controversia se intensificó con el testimonio de Patricia Muriano, exasistente presidencial, quien declaró ante la Fiscalía que al menos tres decretos fueron publicados con firmas supuestamente falsas de la mandataria. Muriano afirmó que Boluarte no estaba en condiciones de firmar entre el 28 de junio y el 10 de julio de 2023, y que las rúbricas de ese periodo no coincidían con la firma habitual de la presidenta.
De hecho, un peritaje grafotécnico previo, solicitado en el marco de la investigación y realizado por el especialista Julio Espejo, había concluido que las firmas en cuestión no provenían del puño gráfico de Boluarte. Sin embargo, la reciente determinación fiscal, basada en un nuevo informe de documentología forense y la falta de impedimento médico, ha prevalecido, llevando al archivamiento definitivo del caso.
Este episodio también tuvo repercusiones en el ámbito político, con la Comisión de Fiscalización del Congreso recomendando la vacancia de Boluarte por “incapacidad moral permanente” debido a la falta de notificación formal de su alejamiento temporal del cargo y a la emisión de resoluciones durante su convalecencia, un capítulo que ahora se cierra con la decisión de la Fiscalía.
DnG