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Exjueza anticorrupción presa por enriquecerse ilícitamente con $80 mil

Equipo ClickDirecto

Exjueza Anticorrupción Detenida: Claves del Enriquecimiento Ilícito en el Caso Fachada

Una exjueza anticorrupción ha sido detenida bajo cargos de enriquecimiento ilícito, un desarrollo clave en la investigación del notorio Caso Fachada. Según informes detallados de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Policía Nacional, su patrimonio se incrementó en USD 83.853 entre 2022 y 2025, un periodo en el que acumuló de forma inexplicable una serie de vehículos y bienes inmuebles.

El Caso Fachada, que conmocionó al país en enero de 2025, destapó una intrincada red de corrupción. Jueces habrían recibido cuantiosas sumas de dinero para facilitar la liberación de los hijos de cabecillas del grupo narcoguerrillero colombiano ‘Comandos de la Frontera’. Este escándalo, que se inició en noviembre de 2024, ha revelado un perjuicio estimado superior a los USD 300 millones, vinculado directamente con operaciones de lavado de activos y narcotráfico.

De los tres magistrados inicialmente implicados, dos han sido destituidos y detenidos. Entre ellos se encuentra la exmagistrada Gabriela Cossette L. T. El miércoles 29 de abril de 2026, la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte de Justicia de Pichincha ratificó la prisión preventiva en su contra, consolidando la seriedad de los cargos.

“Gaby L., ¿en qué se enriqueció? Bajo qué preceptos económicos se enriqueció. Eso tenía que decir aquí la Fiscalía. Eso nos hubiera arrojado una pericia económica financiera de rastro forense, como yo la solicité y me la han venido negando”.Édgar Molina, defensor de Gabriela L.

La abogada esmeraldeña Gabriela L., de 40 años, comenzó su trayectoria en la función pública en 2022, dentro de la Defensoría del Pueblo. Su carrera ascendió rápidamente, ocupando el puesto de Directora del Consejo de la Judicatura de Esmeraldas en 2023, hasta llegar a ser una de las cuatro juezas anticorrupción de un total de 14 jueces en Ecuador, una posición de gran responsabilidad y confianza pública.

“El daño no es personal, es colectivo, el interés colectivo debe estar frente al individual. En el caso en concreto, la corrupción ha mermado la confianza pública”, argumentó el abogado Víctor Jácome, quien representa al Consejo de la Judicatura como parte afectada en este trascendental caso.

Pobladores se aglomeraron en las afueras de una hacienda incautada a los Comandos de la Frontera. Quinindé. 7 de octubre de 2025PRIMICIAS

Bienes Inmuebles y Vehículos: El Misterioso Aumento Patrimonial de la Exjueza

La investigación contra Gabriela L. se inició tras una denuncia anónima. El 16 de enero de 2025, en las primeras horas de la madrugada (00:21), una fiscal solicitó a un juez colega de la procesada la ejecución de un «acto urgente»: el allanamiento de dos propiedades de la entonces jueza anticorrupción.

En uno de los inmuebles, ubicado en la urbanización La Fontana, Esmeraldas, la Policía descubrió en su dormitorio 892 billetes de USD 20, sumando un total de USD 17.840. Simultáneamente, en su residencia de Quito, en Jardines del Batán, se encontraron USD 38.920 adicionales. La suma total de dinero en efectivo hallado asciende a USD 56.760.

“La examinada no adjuntó documentación de respaldo que permita evidenciar el origen de los recursos, nos referimos a la suma de USD 56.760 encontrados en sus dos domicilios, que habían sido obtenidos por la Policía”, puntualizó la Fiscalía, logrando el decomiso del dinero.

Apenas cuatro días después del allanamiento, Gabriela L. presentó una copia de una promesa de compraventa de un inmueble en la ciudadela Balcones de Tachina, Esmeraldas, valorado en USD 120.000, incluyendo terreno, casa y piscina. Alegó que el comprador le había cancelado USD 60.000 el 27 de diciembre de 2024.

El comprador, en su declaración, confirmó los pagos por USD 60.000 realizados entre el 27 de diciembre de 2024 y el 8 de enero de 2025. Además, afirmó conocer a Gabriela L. desde hacía una década, e incluso que ella le había vendido un terreno en 2021 y trabajado para él en el ejercicio libre de su profesión. Sin embargo, en su versión no se pudo constatar el origen del dinero que pagó a la jueza.

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Imagen de la exjueza Gabriela Cossette L. T., quien fue destituida tras la investigación del caso Fachada. 5 de mayo del 2026.Cortesía

Un informe crucial de la Contraloría reveló serias inconsistencias. La última declaración patrimonial de la entonces jueza mostraba que el inmueble de Tachina tenía un avalúo comercial de USD 206.648, casi el doble de lo estipulado en la promesa de compraventa.

Una situación similar se presentó con dos autobuses Mercedes Benz (blanco y rojo). Un contrato de promesa de compraventa les atribuía un valor de USD 30.000, pero en su declaración de bienes, de agosto de 2024, la exjueza declaró cada uno con un valor de USD 40.000.

Adicionalmente, se registró a su nombre otro vehículo, una camioneta doble cabina Great Wall plateada, valorada en USD 25.490 en marzo de 2024. En esta adquisición, una tercera persona figura como depositante de un abono para el vehículo de Lara por USD 6.875, levantando sospechas sobre el origen de los fondos.

Un informe de sus movimientos migratorios, con fecha del 28 de octubre de 2025, indica viajes a Estados Unidos, Puerto Rico y Argentina. El Consejo de la Judicatura certificó que su última remuneración fue de USD 4.406 y detalló los cargos que ocupó Gabriela Lara:

  • Coordinadora General de Producción Especializada de Gestión del Conocimiento e Investigación de la Defensoría del Pueblo.
  • Directora Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura.
  • Directora Nacional del Mecanismo para el monitoreo de los derechos de las personas con discapacidad.
  • Jueza de Tribunal de Garantías Penales.

Contradicciones y el Patrimonio Injustificado: La Defensa de Gabriela L.

Un informe de la Contraloría General del Estado, pieza clave en el expediente, señala que la exjueza no pudo justificar USD 9.440 y omitió un vehículo a nombre de su esposo en sus declaraciones. La entidad ha determinado indicios de responsabilidad penal contra la exfuncionaria.

Asimismo, los reportes del Servicio de Rentas Internas (SRI), contrastados con el Sistema Financiero Nacional, revelan importantes discrepancias. Durante el periodo 2022-2025, Gabriela L. registra ingresos por USD 216.990 en el sistema financiero. Sin embargo, sus declaraciones al SRI para el lapso 2022-2024 reportan ingresos por solo USD 133.137.

“Durante el referido periodo, se observa un aumento patrimonial injustificado por parte de la ahora procesada, por USD 83.853, cuyo incremento se ha producido de manera constante y continuada a través de actividades financieras como transferencia, depósitos en efectivo, retiros en efectivo, cheques, transferencias a terceros”.Fiscalía

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Un agente de la Policía abre una caja fuerte durante los allanamientos del caso Fachada, en un inmueble de Quito, el 16 de enero de 2025.Fiscalía

A pesar de las 49 pruebas presentadas por la Fiscalía en el proceso contra Gabriela L., la justicia ha negado a la defensa la autorización para incluir un informe pericial económico financiero que realice “conciliaciones bancarias” y aclare la procedencia del dinero en efectivo decomisado.

“Señor Juez, ante mi desesperación y ruego de súplica en la que solicité y he solicitado por más de cuatro ocasiones a la Fiscalía general del Estado, dé despacho a mi requerimiento de defensa, esto es que se nombre un perito en el área contable y financiera”.Gabriela Cossette L. T.

El abogado de Gabriela L. ha rechazado vehementemente los argumentos de la justicia para negar la pericia financiera, alegando que “los objetivos periciales ya estaban puestos”. Ha enfatizado: “le quieren privar de libertad a mi defendida de sus tiernos hijos, de su hogar, se le criminaliza por ser juez, primero es ser humano y después juez”.

“¿Qué es lo que sucede, señor juez? El Servicio de Rentas Internas toma ingresos, pero no toma conciliaciones bancarias. Es decir, ingresa a mi cuenta USD 20.000 y sale para pago de tarjetas, colegio, depósitos USD 10.000. Señor juez, yo no tengo USD 30.000, yo tengo USD 10.000”, explicó el defensor, buscando ilustrar la inconsistencia en los métodos de cálculo.

En la audiencia de apelación de la prisión preventiva, el defensor de la exjueza señaló que la solicitud de la pericia económica lleva 92 días sin ser atendida, una omisión que, según él, sienta un peligroso precedente: “todos en esta sala son funcionarios públicos. Todos corren el mismo riesgo si es que se deja pasar esto”.

DnG