Hostigamiento y Ciberespionaje: Perito Informático Exige el Cese de Vigilancia a la DIS en Costa Rica
La tensión entre la transparencia gubernamental y los aparatos de inteligencia del Estado ha alcanzado un punto crítico en Costa Rica. El reconocido perito informático y activista por los derechos digitales, José Sánchez Pérez, ha enviado una misiva formal al director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Pablo Martínez Bertozzi, exigiendo el cese inmediato de cualquier acto de hostigamiento, seguimiento físico y vigilancia digital en su contra y de su entorno cercano. Este hecho pone de relieve las crecientes fricciones entre la ciudadanía fiscalizadora y las estructuras de seguridad nacional en el ejercicio de sus funciones.
El detonante de esta escalada en los niveles de fricción institucional se originó tras una batalla legal que Sánchez libró con éxito contra el Ministerio de Hacienda. El experto en ciberseguridad interpuso un recurso de amparo luego de que dicha cartera ministerial ignorara sus peticiones de información pública sobre los polémicos planes del gobierno para adquirir tecnología de inteligencia desarrollada por el Mossad, la agencia israelí. La Sala Constitucional falló a favor del perito, obligando al Estado a rendir cuentas, un revés jurídico que, según las denuncias del especialista, desató una campaña de represalias sistemáticas por parte de personal gubernamental.
Antecedentes de la Tensa Relación entre Ciudadanía y Ciberinteligencia
Para comprender la gravedad del escenario actual, es indispensable analizar el contexto político y normativo que rodea la administración pública costarricense en materia de seguridad. Durante los últimos años, el equilibrio entre el derecho ciudadano al acceso a la información pública —consagrado en la Constitución Política— y las políticas de confidencialidad estatal se ha visto severamente tensionado. Las contrataciones de tecnología extranjera para labores de inteligencia suelen operar en zonas grises de opacidad institucional, justificadas bajo el argumento de la seguridad nacional.
En este caso particular, la controversia inició cuando el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, anunció la incorporación de herramientas tecnológicas del Mossad. Ante la opacidad en los detalles de dicha adquisición, Sánchez exigió respuestas bajo el amparo de los derechos fundamentales. Sin embargo, el Estado respondió con evasivas, lo que motivó la intervención de la Sala Constitucional. La situación escaló aún más cuando, de manera casi paralela, la administración de la presidenta Laura Fernández emitió un decreto declarando como secreto de Estado múltiple información relacionada con la propia DIS, el Consejo Nacional de Seguridad y grupos de fuerza especial, limitando drásticamente el escrutinio público sobre estas dependencias.
Impacto en el Ecosistema Digital y Garantías Democráticas
Las denuncias de hostigamiento contra un perito informático que ejerce su labor de veeduría ciudadana representan un peligroso precedente para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo de investigación en Centroamérica. Cuando los profesionales independientes y activistas digitales son blanco de seguimientos por exigir transparencia, se envía un mensaje intimidatorio a toda la sociedad civil. Esto debilita la confianza en las instituciones democráticas y sugiere un uso desproporcionado del aparato estatal para silenciar voces incómodas.
Asimismo, el mercado tecnológico y las empresas del sector observan con preocupación cómo las adquisiciones de ciberinteligencia extranjera se manejan bajo un secretismo absoluto, eludiendo los estándares internacionales de rendición de cuentas. La opacidad en la compra de herramientas de espionaje o análisis de datos vulnera los derechos de privacidad de los habitantes, dejando un vacío regulatorio que la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) intenta contener mediante medidas cautelares y denuncias formales.
Datos Clave del Conflicto
- 30 de julio de 2026: La Sala Constitucional declara con lugar el recurso de amparo interpuesto por José Sánchez contra el Ministerio de Hacienda.
- 13 de agosto de 2026: El perito informático remite una carta formal al director de la DIS, Pablo Martínez Bertozzi, denunciando seguimientos y acoso digital.
- 10 de agosto de 2026: Se publica en el diario oficial La Gaceta el decreto 45870, mediante el cual se declara secreto de Estado la información de la DIS.
- Artículos constitucionales vulnerados: La Sala determinó la violación de los artículos 27 y 30 de la Constitución Política de Costa Rica.
Proyección y Escenarios Futuros
A futuro, el desarrollo de este caso marcará un hito en la jurisprudencia costarricense sobre los límites del secreto de Estado frente al derecho constitucional de acceso a la información. Si la DIS y el Poder Ejecutivo deciden ignorar las advertencias legales de Sánchez, el conflicto inevitablemente escalará hacia tribunales internacionales de derechos humanos, donde se evaluará si el Estado costarricense ha incurrido en persecución sistemática contra activistas digitales.
Por otro lado, la presión ejercida por múltiples recursos presentados ante la Sala Constitucional contra la declaratoria de secreto de Estado obligará al sistema judicial a definir una línea divisoria clara entre la protección de la seguridad nacional y los abusos de poder gubernamental. El desenlace de esta confrontación determinará si Costa Rica mantiene su histórica reputación de respeto a las garantías ciudadanas o si, por el contrario, se encamina hacia un modelo de vigilancia estatal sin contrapesos efectivos.
DnG