Alerta Empresarial en Bolivia: Preocupación por el Diferimiento Obligatorio de Servicios Básicos
El sector empresarial boliviano ha manifestado su profunda preocupación ante la inminente aprobación de un decreto gubernamental que, de concretarse, obligaría a las empresas privadas a diferir el cobro de los servicios básicos y prohibiría su corte por falta de pago. Tanto la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) como la Cámara Nacional de Comercio (CNC) han coincidido en la necesidad de aliviar la situación de las familias afectadas por la reciente crisis política, pero recalcan que el costo de estas medidas no debe ser trasladado al sector privado.
La Postura Firme de la CEPB: Equilibrio, Responsabilidad y Sostenibilidad
En un comunicado oficial, la CEPB expresó su solidaridad con la población más afectada, compartiendo la urgencia de adoptar acciones extraordinarias de apoyo. No obstante, subrayó que cualquier medida debe aplicarse bajo criterios de equilibrio, responsabilidad y sostenibilidad. La organización enfatizó que una porción significativa de los servicios básicos es gestionada por empresas privadas y cooperativas. Por lo tanto, cualquier decisión que impacte negativamente su flujo financiero podría comprometer seriamente la calidad y continuidad de los servicios esenciales para la ciudadanía.
La CEPB recordó que el sector privado ya se encuentra lidiando con las severas consecuencias de una prolongada crisis económica y política, manteniendo a la vez la crucial responsabilidad de preservar fuentes de empleo, contribuir con recursos al Estado y garantizar el abastecimiento ininterrumpido de bienes y servicios. En este contexto, la Confederación hizo un llamado a que las decisiones económicas sean fruto del consenso con todos los sectores involucrados y que estén sustentadas en rigurosos criterios técnicos, evitando a toda costa medidas que beneficien a un grupo en detrimento de otro.
El Contundente Rechazo de la CNC: Amenaza a la Liquidez y el Empleo
A este pronunciamiento se sumó la Cámara Nacional de Comercio (CNC), que manifestó su «firme rechazo» a la posibilidad de que el Gobierno obligue a las empresas privadas a financiar un diferimiento de pagos. La entidad argumentó que las empresas ya han acumulado pérdidas superiores a 3.000 millones de dólares durante los 53 días de bloqueos y que, a pesar de ello, continúan afrontando el pago de salarios, impuestos, créditos y obligaciones con sus proveedores.
Según la CNC, imponer un diferimiento obligatorio de los cobros de servicios pondría en grave riesgo la liquidez de las compañías, comprometería la continuidad de los servicios básicos y amenazaría miles de fuentes de empleo a nivel nacional. «La recuperación económica no se construye debilitando al sector privado, sino fortaleciéndolo», aseveró la Cámara en su comunicado institucional, difundido este lunes. Asimismo, remarcó que las políticas de protección social son una responsabilidad inherente del Estado y no deben ser financiadas a expensas de quienes generan empleo, inversión y crecimiento económico en Bolivia.
Diálogo y Búsqueda de Soluciones Consensuadas ante la Crisis
Estos contundentes pronunciamientos surgen después de que autoridades gubernamentales anunciaran el análisis de la implementación de un diferimiento en el pago de los servicios básicos como parte de un paquete de medidas destinadas a mitigar los efectos económicos adversos derivados de los recientes conflictos políticos. Ambos gremios empresariales han expresado su plena disposición a participar en espacios de diálogo constructivo. Su objetivo es buscar soluciones consensuadas que permitan proteger eficazmente a la población sin comprometer la estabilidad y la viabilidad del aparato productivo nacional, garantizando así la sostenibilidad a largo plazo de la economía boliviana.
DnG