El recuento de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú avanza tras una jornada donde más de 27 millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir al noveno presidente del país en una década.
Los votantes eligieron entre dos candidatos que representan los extremos del espectro ideológico: la derechista Keiko Fujimori, de 51 años, de Fuerza Popular, y el izquierdista Roberto Sánchez, de 57, de Juntos por el Perú.
Con cerca del 88% de las actas escrutadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú muestra a Fujimori a la cabeza con el 50,7% de los votos, frente al 49,2% de Sánchez. Se prevé que, a medida que se contabilicen los votos de las zonas rurales, el candidato de Juntos por el Perú reduzca esta diferencia.
Por otro lado, el conteo rápido de Ipsos y la ONG Transparencia, divulgado el domingo por la noche, revela un empate técnico: Sánchez obtendría el 50,3% de los votos frente al 49,7% de Fujimori.
Este conteo rápido, basado en una muestra de más de 1.000 mesas electorales, ha sido históricamente un indicador fiable del resultado final en Perú.
Los sondeos a boca de urna, publicados tras el cierre de las urnas, también pronosticaron un empate técnico. Ipsos otorgó 50,7% a Fujimori y 49,3% a Sánchez, mientras que Datum posicionó a la candidata conservadora con 50,53% frente a 49,47% de su rival.
Estos comicios del domingo son seguidos de cerca tras los problemas logísticos y denuncias de fraude de la primera vuelta del 12 de abril, cuyos resultados tardaron un mes en conocerse.
Dado lo ajustado de los resultados, se anticipa que el recuento se prolongará durante días, incluso semanas.
De hecho, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó este sábado que los resultados finales de esta segunda vuelta no se conocerán hasta mediados de julio, poco antes de la transferencia de mando.
La vocera del JNE, Grecia Rentería, explicó que la certificación del 100% de las cifras se retrasará por el nuevo proceso obligatorio de recuento de votos en mesas impugnadas o con observaciones.
«Serenidad y respeto por la democracia»
Tras conocerse el conteo rápido, Roberto Sánchez se dirigió a sus seguidores desde un balcón en la Plaza San Martín de Lima, afirmando que «en esta noche bendita, vamos a acabar con el pacto mafioso que se ha apoderado de nuestro gobierno».
«Queremos transmitir serenidad y respeto por la democracia. Hoy, el conteo rápido muestra una ventaja importante que reafirma la voluntad popular. Como demócratas, es momento de defender el voto y la transparencia electoral. Invoco a nuestros personeros y movimientos sociales a respetar los resultados y la voz de los ciudadanos», aseguró.
Por su parte, Fujimori habló ante la prensa en un hotel de Lima, señalando que «hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda».
«Por tal razón, serán días largos hasta conocerlo. Se necesita contar cada una de las actas», afirmó.
«No pierdan la esperanza. Esperaremos con fe y respetaremos los resultados finales», aseguró, pidiendo a la comunidad internacional estar atenta al recuento de votos.
Voto urbano frente al voto rural
Esta es la cuarta vez que Keiko Fujimori, hija del controvertido expresidente Alberto Fujimori —cuyo legado reivindica—, se postula a la presidencia, tras perder previamente contra Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).
Sánchez, por su parte, se presenta como el heredero político del expresidente Pedro Castillo, de quien fue ministro de Comercio Exterior y Turismo.
Castillo fue condenado el año pasado a 11 años y medio de prisión por rebelión y conspiración, tras intentar sin éxito disolver el Congreso y concentrar poderes en 2022.
Uno de los factores determinantes en esta elección será la participación en las distintas regiones del país.
«A Keiko Fujimori no le conviene el abstencionismo en Lima, su bastión urbano, mientras que a Roberto Sánchez le perjudica en el mundo rural y el sur del país, donde goza de gran popularidad», explicó a BBC Mundo el politólogo Alonso Cárdenas, profesor de Ciencia Política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Lima.
En este sentido, la movilización electoral en zonas urbanas versus rurales puede ser decisiva.
Otro elemento determinante, según Cárdenas, es el rechazo histórico hacia ambos candidatos, que funciona como una fuerza política en sí misma.
En el caso de Fujimori, el antifujimorismo evoca el autoritarismo y la corrupción de la era de Alberto Fujimori; en el caso de Sánchez, pesa su asociación con la gestión de Pedro Castillo, recordada como «muy desordenada, plagada de corrupción e improvisación».
Dos visiones contrapuestas
La inseguridad y la delincuencia han sido temas prioritarios para los votantes en esta segunda vuelta electoral.
Al aumento de homicidios se suman cerca de 30.000 episodios de extorsión denunciados en Perú en 2025, muchos afectando a pequeñas empresas y trabajadores del transporte.
Fujimori basó su campaña en políticas de mano dura contra la delincuencia, declarando «guerra» a los extorsionadores, prometiendo desplegar el ejército contra el crimen organizado, controlar las cárceles y colaborar con instituciones financieras para bloquear fondos criminales.
Precisamente ese enfoque hace temer a muchos votantes un regreso a la época de Alberto Fujimori (1990-2000), cuya política de mano dura derivó en su encarcelamiento por violaciones de derechos humanos.
Los partidarios de Fujimori contraponen su enfoque de libre mercado y la promesa de atraer inversión estadounidense a las propuestas de Sánchez: revisar contratos mineros, aumentar impuestos corporativos, elevar el salario mínimo y dar al Estado mayor control sobre los recursos naturales, ideas que inquietan a los mercados financieros.
Sánchez argumenta que la riqueza de los recursos naturales de Perú no beneficia a la gente común ni a las comunidades —a menudo rurales— donde se concentra la actividad minera.
Sin embargo, previo a la segunda vuelta, el candidato izquierdista matizó su discurso, presentando un plan de gobierno más moderado y distinto al del 12 de abril. Aseguró que respetará la autonomía del banco central y el marco legal de inversiones, defendiendo la estabilidad macroeconómica como condición para atraer capital.
Sánchez también prometió liberar al expresidente de izquierda Pedro Castillo.
El viernes, un juez dictaminó que Sánchez podría ser juzgado por presuntos fondos de campaña no declarados en elecciones regionales de 2018-2020. Él niega las acusaciones y prevé apelar.
Keiko Fujimori también enfrentó un escándalo: un caso de lavado de activos en el marco de Odebrecht. Tras su paso por prisión, el Tribunal Constitucional archivó el proceso, permitiéndole ser candidata a tiempo para estas elecciones.
¿Más inestabilidad?
Más allá del vencedor, la gobernabilidad del país es una gran incógnita, en un contexto donde el Congreso peruano es actor clave en la estabilidad política, con capacidad de condicionar al Ejecutivo.
En los últimos años, la combinación de un sistema de partidos fragmentado y la ausencia de mayorías sólidas ha desatado una persistente inestabilidad.
La destitución de presidentes y los constantes enfrentamientos han reforzado la percepción de que la gobernabilidad depende menos del resultado electoral y más de la capacidad presidencial para construir alianzas en un Congreso volátil.
Ningún partido cuenta con mayoría en el Congreso peruano, aunque el partido de Fujimori posee el bloque minoritario más grande.
Muchos peruanos están agotados por esta inestabilidad.
El año pasado estallaron protestas de la Generación Z, cuyos jóvenes argumentaban que el Estado no combatía la delincuencia, la corrupción y la desigualdad.
Los menores de 30 años representan cerca de una cuarta parte del electorado peruano, y muchos de los que protestaron no creen que ninguno de los candidatos pueda lograr un cambio real.
Con reportería de Ione Wells.
DnG