EE. UU. busca contratar empresas privadas para cobrar multas a migrantes deportados en México, Guatemala y Honduras
La administración de Estados Unidos ha puesto en marcha una nueva estrategia de persecución financiera internacional. El gobierno busca contratar una empresa privada especializada para localizar en México, Guatemala y Honduras a migrantes que fueron deportados o que abandonaron voluntariamente el país y que aún mantienen multas migratorias pendientes de pago.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lanzó una convocatoria federal dirigida a compañías registradas en territorio estadounidense. El objetivo principal es dotarlas de la capacidad operativa necesaria para ubicar a los deudores fuera de las fronteras de EE. UU., notificarles de forma oficial el monto adeudado y gestionar el cobro de estas sanciones económicas.
Según los detalles de la licitación, la empresa seleccionada deberá ofrecer servicios eficientes de localización de deudores, como mínimo, en el triángulo norte centroamericano y territorio mexicano, abarcando también a ciudadanos de otras nacionalidades con expedientes migratorios activos.
¿Cómo operará la empresa de cobranza migratoria?
Una vez que el migrante sea localizado con éxito en su país de origen, la compañía contratada tendrá la misión de comunicarle la cantidad exacta de dinero que adeuda al gobierno estadounidense y presentarle diversas alternativas para solucionar su situación legal y financiera.
Entre los métodos de pago autorizados se encuentran:
- El pago total e inmediato de la multa migratoria.
- La firma de un acuerdo formal para cancelar la deuda de manera fraccionada en cuotas.
- Cualquier otro mecanismo de pago que sea debidamente autorizado por las autoridades migratorias de Estados Unidos.
Además, la normativa estipula que la liquidación de la deuda podrá ser efectuada directamente por el propio migrante o, en su defecto, a través de un tercero autorizado.
Para garantizar la efectividad del proceso, la empresa privada estará obligada a demostrar fehacientemente ante la CBP que ha identificado de manera correcta al deudor. Para lograrlo, los agentes recolectarán pruebas contundentes como fotografías actualizadas de la vivienda, recibos de servicios públicos, historiales de registros laborales o, en los casos más trágicos donde el migrante haya fallecido, el certificado oficial de defunción.
Millonaria deuda: más de 66 mil migrantes tienen multas pendientes
Las cifras oficiales revelan la magnitud de esta problemática financiera para el gobierno norteamericano. La CBP estima que actualmente existen 66,387 inmigrantes que, tras ser deportados o salir bajo la figura de salida voluntaria, acumulan multas civiles que jamás fueron saldadas.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un cálculo el pasado mes de julio donde advierte que el monto total acumulado por estas sanciones económicas asciende a la cifra de US$423 millones.
Hay que recordar que la administración estadounidense reactivó recientemente el cobro de estas penalizaciones civiles impuestas por diversas infracciones a las leyes migratorias, destacando especialmente el desacato a una orden formal de expulsión.
La sanción económica por permanecer de manera irregular en Estados Unidos tras recibir una orden definitiva de deportación fue fijada inicialmente en US$500 diarios por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) en 1996. Tras los correspondientes ajustes por inflación acumulada, esta multa alcanza hoy en día la cifra de US$998 por cada día de estancia ilegal.
Estrategia de expansión de cobranza fuera de EE. UU.
Hasta el momento, la CBP mantiene nexos comerciales con tres corporaciones privadas que se dedican a la recuperación de multas y cargos financieros emitidos tanto por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como por la Patrulla Fronteriza.
No obstante, estas agencias operan estrictamente dentro del territorio estadounidense. Informes de la propia CBP señalan que, hasta el pasado mes de julio, ninguna de estas compañías había logrado su objetivo de localizar y cobrar a un deudor residente en el extranjero utilizando métodos tradicionales como el envío de cartas postales o llamadas telefónicas internacionales.
Mediante esta nueva licitación, el gobierno de Estados Unidos pretende romper esa barrera geográfica, ampliando de forma drástica su capacidad operativa para buscar cara a cara a los migrantes en sus naciones de residencia actual y exigir el cumplimiento de sus obligaciones financieras migratorias.
La CBP ha enfatizado que, por el momento, carece de contratos con agencias de cobranza que operen más allá de las fronteras estadounidenses, por lo que esta convocatoria representa un paso inédito en su política de fiscalización internacional.
DnG
