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«El gobierno de Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de (Rosario) Murillo y (Daniel) Ortega intensifica la represión interna y genera una inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos».
Esa fue la contundente advertencia que lanzó este martes Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., a través de la red social X. Estas declaraciones surgen tras los anuncios del mandatario nicaragüense sobre el futuro de las elecciones en Nicaragua.
«Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones», aseguró Daniel Ortega durante un acto conmemorativo del 47 aniversario de la Revolución Sandinista celebrado en Managua, un anuncio que profundiza la crisis democrática.
«No volverá a haber elecciones para que ellos (la oposición) intenten atrapar el gobierno, atrapar el poder», agregó Ortega, quien a sus 80 años preside Nicaragua junto a su esposa, Rosario Murillo, en un claro desafío a la democracia.
Asimismo, el líder nicaragüense anunció que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobará leyes para «ponerles un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatria», consolidando aún más el poder en Nicaragua y restringiendo la participación política.
«Por mucha plata que les den los yanquis(Estados Unidos), no podrán», aseveró en un discurso televisado en todo el país, desafiando a la injerencia extranjera y reafirmando su postura sobre la ausencia de elecciones libres.
Para Marco Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense, estas declaraciones «demuestran su cobardía y su temor a la voluntad del pueblo nicaragüense», subrayando la creciente tensión diplomática.
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Además, en un comunicado difundido por el Departamento de Estado bajo el título «Una llamada a la acción», Rubio enfatiza que las palabras de Ortega durante el evento «dejan al descubierto la verdadera naturaleza autoritaria» del mandatario y su copresidenta, revelando la alarmante falta de democracia en Nicaragua.
«Han abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular», subraya el texto, lo que agrava la preocupación internacional sobre la legitimidad del gobierno de Nicaragua.
Ya en junio, Rubio había descrito a la «dictadura Murillo-Ortega» como «enemiga de la humanidad». Paralelamente, EE.UU. restringía visados a 100 funcionarios nicaragüenses tras la muerte del líder opositor Brooklyn Rivera, intensificando la presión sobre el régimen de Daniel Ortega.
Nicaragua debía celebrar elecciones presidenciales a finales de 2026. Sin embargo, el año pasado, el oficialismo aprobó una polémica reforma constitucional que aplazó los comicios hasta 2027. Ahora, las recientes declaraciones de Ortega sugieren que incluso esa cita electoral podría no concretarse, consolidando una dictadura en Nicaragua.
«Incompatible con los Principios de Democracia»: Reacciones al Anuncio de Daniel Ortega
El secretario de Estado estadounidense no ha sido el único en reaccionar al anuncio de Daniel Ortega de que ya no habrá comicios en el país centroamericano, lo que ha generado una ola de condenas a la deriva antidemocrática de Nicaragua.
En la misma línea, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental (WOLA) pidió la colaboración internacional «para garantizar que en Nicaragua se respete el derecho a elecciones libres», buscando restaurar la democracia.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las declaraciones del presidente nicaragüense, asegurando que estas son «incompatibles con los principios de democracia representativa», un golpe más a la legitimidad del gobierno de Daniel Ortega.
Mientras, para la oposición en Nicaragua, el mensaje del gobernante constituye la confirmación del fin de la democracia en su país, denunciando la dictadura de Daniel Ortega.
«Ortega enterró la democracia nicaragüense hace ya mucho tiempo», declaró al diario The New York TimesFélix Maradiaga, excandidato presidencial en 2021, quien fue arrestado, expulsado de la contienda y posteriormente exiliado a Estados Unidos en 2023, un claro ejemplo de la represión en Nicaragua.
«Esta es simplemente una expresión que demuestra de manera inequívoca cómo se le cayó la máscara de la supuesta legalidad que intentaba mantener», agregó, exponiendo la verdadera cara de la dictadura de Daniel Ortega.
En términos similares se pronunció el partido Renacer sobre la situación de las elecciones en Nicaragua.
«El régimen deja de fingir que existe competencia política y confirma públicamente que desde hace años no gobierna por el consentimiento de los ciudadanos, sino por la fuerza», afirmó la formación, según reseñó la agencia española EFE, reafirmando el carácter antidemocrático del gobierno de Ortega.
Los observadores electorales internacionales han advertido durante años sobre comicios fraudulentos y la ausencia de elecciones libres en Nicaragua.
Los más recientes, los de 2021, estuvieron marcados por la ausencia de candidatos con posibilidad de arrebatarle la presidencia a Daniel Ortega, tras la detención de los principales líderes opositores durante los meses previos, confirmando la represión política.
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El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se proclamó entonces ganador con el 75,92% del apoyo, en unos comicios ampliamente criticados como antidemocráticos en Nicaragua.
Ortega rechazó en aquel momento los cuestionamientos internacionales, afirmando que surgían de quienes «siguen con sus prácticas colonialistas», defendiendo la soberanía de Nicaragua frente a las críticas por la falta de elecciones libres.
El líder nicaragüense ha dirigido los destinos del país centroamericano durante casi tres décadas, repartidas en dos etapas, y en los últimos años con Murillo como copresidenta oficial, consolidando el régimen de Daniel Ortega.
La primera etapa comenzó en julio de 1979, cuando la Revolución Sandinista derrocó la dictadura de Anastasio Somoza. Sin embargo, 11 años después, perdió las elecciones presidenciales de 1990 frente a Violeta Barrios de Chamorro, marcando un breve respiro democrático.
No obstante, en 2007, el exguerrillero regresó a la presidencia mediante las urnas. Desde entonces, se ha mantenido en el poder a través de lo que expertos y adversarios denuncian como una combinación de represión y reformas legales que han sofocado la disidencia y proscrito a los partidos de oposición en Nicaragua, estableciendo una dictadura.
A principios de 2025, el gobierno de Daniel Ortega impulsó una profunda reforma de la Constitución que, además de convertir a Murillo en copresidenta, amplió el período presidencial y eliminó los contrapesos institucionales, cimentando su control total y la ausencia de democracia en Nicaragua.
Estos cambios fueron duramente criticados por las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y diversos sectores de la oposición nicaragüense, que condenaron la deriva autoritaria del gobierno de Daniel Ortega.
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