Colisión en la alta cordillera: El millonario choque judicial y operativo entre Codelco y Transportes Tándem
La cordillera de los Andes no solo es testigo de la extracción de cobre que alimenta los mercados globales, sino también de una de las batallas legales y corporativas más intensas de los últimos años en la minería chilena. A más de 2.600 metros de altura, en la comuna de Diego de Almagro (Región de Atacama), la ruta que conecta la ciudad de Salvador con las faenas industriales de Codelco División Salvador se ha convertido en el epicentro de un terremoto financiero. Lo que comenzó como un acuerdo comercial a largo plazo hoy se transformó en un litigio monumental que involucra demandas millonarias, acusaciones cruzadas de negligencia y un cambio drástico de operadores logísticos en una faena considerada crítica para la estatal.
El conflicto estalló entre la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y la empresa Transportes Tándem —filial del tradicional Grupo Pullman Bus—, luego de que esta última decidiera acudir a la justicia tras el cobro de boletas de garantía y una drástica reducción en los flujos de caja esperados. La disputa no solo pone en entredicho la viabilidad financiera de una de las empresas de transporte más importantes del país, sino que también enciende las alarmas sobre los riesgos operacionales en la cadena de suministro de la minería a gran escala, un sector donde la continuidad operacional no tolera márgenes de error.
Antecedentes de la controversia: Un contrato bajo tensión en la alta cordillera
Para comprender la magnitud de este enfrentamiento, es necesario mirar los antecedentes que cimentaron la relación contractual. En mayo de 2023, Codelco y Tándem firmaron un acuerdo de prestación de servicios de transporte de personal con una vigencia proyectada hasta mayo de 2034. Para cumplir con las exigencias de la cuprífera estatal, la empresa transportista movilizó una flota de 64 vehículos de alta gama, incluyendo buses eléctricos y minibuses 4×4, tras realizar una inversión inicial calculada en unos 80.000 millones de pesos, apalancada mediante créditos bancarios.
Sin embargo, la relación comenzó a fracturarse debido a discrepancias sobre la demanda real de pasajeros y la facturación efectiva. Según los argumentos presentados por Tándem ante los tribunales, la estatal incumplió las proyecciones de volumen acordadas, lo que generó un déficit operativo masivo. La situación escaló de forma crítica cuando Codelco decidió ejecutar el cobro de dos boletas de garantía por un total superior a los 2.800 millones de pesos de manera unilateral, gatillando la respuesta judicial de la compañía de transportes y una posterior reestructuración de los servicios en terreno.
Datos clave del conflicto judicial y financiero
La complejidad de la causa judicial y los montos involucrados reflejan la profundidad de la crisis entre ambas entidades. A continuación, se detallan las cifras más relevantes del caso:
- Demanda por perjuicios: Tándem anunció acciones legales por un perjuicio total estimado en al menos $79.423 millones (aproximadamente US$ 87 millones).
- Inversión inicial: La empresa de transporte destinó $80.000 millones para adquirir la flota de 64 vehículos exigida para la operación en la División Salvador.
- Cobro de garantías: En mayo de 2026, Codelco ejecutó boletas de garantía por $1.784 millones y $1.089 millones, respectivamente.
- Deudas previsionales y fiscales: La cuprífera argumentó ante la justicia que Tándem acumuló 18 meses de atrasos en cotizaciones previsionales y registra deudas impagas con la Tesorería General por $893 millones.
- Transición operativa: Tras resoluciones de la Corte de Apelaciones, el servicio de transporte pasó a manos del Consorcio Andino (Buses JM) tras la salida de Tándem de la ruta.
Análisis de impacto: El dilema de la subcontratación y la responsabilidad solidaria
Este enfrentamiento trasciende el ámbito de una mera disputa entre un cliente y su proveedor; representa un golpe directo a los cimientos del modelo de externalización de servicios en la minería chilena. Por un lado, la defensa de Codelco se ancla firmemente en el artículo 183-B del Código del Trabajo, el cual establece la responsabilidad solidaria de la empresa principal ante incumplimientos laborales y previsionales de sus contratistas. Al detectar retrasos prolongados en el pago de cotizaciones y un estado de insolvencia reflejado en embargos y deudas de leasing, la estatal argumenta que actuó para protegerse de contingencias legales mayores y resguardar la seguridad de sus trabajadores.
Por otro lado, el sector de transporte de pasajeros enfrenta un escenario de mercado sumamente frágil. Las secuelas financieras arrastradas desde la crisis sanitaria por el Covid-19, sumadas al encarecimiento del crédito y los costos operativos de operar flotas modernas y eléctricas, dejan a las empresas contratistas en una posición de extrema vulnerabilidad frente a modificaciones en la demanda de las grandes mineras. Si una compañía como Tándem —con décadas de trayectoria y respaldo corporativo— sufre un colapso financiero de esta magnitud, se evidencia la urgencia de repensar los mecanismos de mitigación de riesgos en las licitaciones de largo plazo.
Proyección y escenarios futuros
El desenlace de este caso sentará un precedente jurisprudencial crucial respecto a las medidas precautorias y los vetos judiciales sobre la administración operacional de empresas estatales. Mientras la Corte de Apelaciones dirime el fondo del recurso presentado por Codelco para asegurar la continuidad operacional y evitar interferencias en sus procesos de licitación de emergencia, la demanda indemnizatoria millonaria seguirá su curso en tribunales ordinarios.
A futuro, es de esperar que las grandes corporaciones mineras refuercen los filtros de debida diligencia financiera sobre sus contratistas, exigiendo auditorías más estrictas sobre la salud económica de los proveedores antes de adjudicar contratos críticos. Asimismo, los operadores logísticos deberán replantear sus estrategias de financiamiento y diversificación de riesgos para evitar que fluctuaciones en la demanda de las mandantes se traduzcan en insolvencias sistémicas. La cordillera seguirá viendo transitar buses hacia la División Salvador, pero las reglas del juego en la contratación de servicios mineros han cambiado para siempre.
DnG