El régimen nicaragüense ha formalizado la devolución de la minera BHMB a su propietario, el inversionista estadounidense y británico Baruch Rapoport. Esta acción revierte la polémica confiscación que sufrió la empresa en septiembre de 2025, cuando fue entregada para su explotación al empresario chino Minhui Sun.
Fundada en 2019 con capital extranjero de Estados Unidos y Canadá, BHMB, una compañía nicaragüense con sedes en Managua y Palacagüina (Madriz), ha estado en el centro de una controversia internacional. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Nicaragua, en un comunicado oficial del 27 de mayo de 2026, informó sobre un «entendimiento orientado a la normalización y reactivación operativa» de la planta de Palacagüina. Sin embargo, el documento no menciona compensación alguna por el lucro cesante acumulado durante los más de ocho meses de incautación, y los términos específicos del acuerdo se mantienen bajo estricta confidencialidad.
El Polémico Incidente de BHMB y Sus Repercusiones Globales
Desde el inicio, la confiscación de BHMB desató una serie de consecuencias significativas. La primera fue la emisión de un comunicado inesperado por parte de la Procuraduría, que intentó justificar la acción junto con afectaciones a otras empresas mineras en el país.
Posteriormente, Richard Grenell, enviado especial para Misiones Especiales del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el despojo como un acto «indignante» a través de su perfil en la plataforma X, elevando el perfil internacional del caso de la minera BHMB.
Estados Unidos Impulsa la Ley de Oro y Minería para Frenar Actividad Ilícita
La tercera gran repercusión fue la introducción en el Senado de Estados Unidos de la «Ley de Asociación Legal de Oro y Minería». Este proyecto de ley busca activamente frenar la minería ilícita en el continente, con un enfoque particular en Nicaragua. La legislación propone interrumpir el comercio ilícito de oro mediante «medidas específicas de los Estados Unidos contra el Gobierno encabezado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo y sus colaboradores», en línea con la Orden Ejecutiva 14088 del 24 de octubre de 2022.
Sancionando el Negocio Minero Familiar de los Ortega
La presión internacional culminó el 16 de abril de 2026, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Daniel Edmundo Ortega y Maurice Ortega, hijos de la pareja presidencial. Estas medidas también afectaron a cinco operadores clave del régimen en el sector minero y a siete empresas chinas cómplices de la dictadura, incluyendo a los operadores y «nuevos dueños» de BHMB.
Específicamente, el Tesoro estadounidense sancionó a las empresas Zhong Fu y Santa Rita, identificadas por su participación en la toma forzosa de la planta de procesamiento de oro de BHMB Mining Nicaragua S. A. Según informes públicos citados por la OFAC, un grupo de individuos irrumpió en las instalaciones de BHMB, expulsó al personal de seguridad y tomó el control físico, sin que la empresa recibiera compensación alguna por la incautación ni por la revocación de su licencia de operación. Entre los sancionados se encuentran Feiwu Bian, presidente y representante legal de Zhong Fu, y Aníbal Vladimir Matus Buitrago, también representante legal de la misma empresa, ambos señalados por su implicación directa en la ocupación de la planta minera.
Nicaragua: ¿Un Reino de Seguridad Jurídica para Inversores?
En su comunicado, la Procuraduría insistió en que el «entendimiento» busca «contribuir al desarrollo ordenado de las actividades vinculadas al proyecto, en observancia del marco jurídico aplicable». Afirmó que «todas las partes… reconocen la importancia de mantener mecanismos de cooperación» y concluyó enfatizando que Nicaragua «cuenta con un sólido marco regulatorio en materia de minería que garantiza la seguridad jurídica de todo inversionista, nacional o extranjero, quienes han encontrado en nuestro territorio la seguridad de sus inversiones». Esta declaración contrasta fuertemente con los eventos de confiscación de BHMB y las subsiguientes sanciones internacionales, poniendo en tela de juicio la percepción de seguridad jurídica en el país para la inversión extranjera.
DnG