DDEC Bajo Escrutinio: ¿Entregará Información Clave del Proyecto Opus Miramar al Senado?
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) se encuentra en el centro de una controversia que involucra al Senado de Puerto Rico. Su secretario interino, Roberto Lefranc Fortuño, ha evitado confirmar si entregará en el plazo de cinco días la información solicitada sobre el desarrollo del lujoso proyecto residencial Opus Miramar.
Desde La Fortaleza, Jean Peña Payano, secretario de Asuntos Públicos, ha declarado que el gobierno ha «atendido y respondido» a todos los requerimientos previos del Senado, lo que se ha traducido en la entrega de más de 2,000 documentos. Peña Payano aseguró que la administración mantiene una «rendición de cuentas intachable» y que «este otro requerimiento se atenderá conforme a los procesos, reglamentos y leyes establecidos».
Por su parte, los desarrolladores de Opus Miramar han puntualizado por escrito que su proyecto «opera en pleno cumplimiento con todas las leyes y reglamentos» y que colaborarán con cualquier proceso institucional, confiando en que la información requerida «reflejará su solidez».
La Firmeza del Senado y el Alcance del Requerimiento
La tensión escaló el lunes cuando el pleno del Senado aprobó la Petición de Información 2026-0089, impulsada por su presidente, Thomas Rivera Schatz. Este documento concede al DDEC un plazo perentorio de cinco días laborables para que presente un informe detallado sobre cualquier beneficio contributivo otorgado o en trámite a Opus Miramar o a cualquiera de sus entidades afiliadas, subsidiarias o matrices.
El requerimiento legislativo es exhaustivo. Exige copias certificadas de toda comunicación relacionada con el proyecto, emitida o recibida desde el 2 de enero de 2023 hasta el presente. Esto incluye correspondencia de los proponentes, desarrolladores, representantes autorizados, cabilderos, abogados, contratantes, contadores públicos autorizados y consultores.
Además, a Lefranc Fortuño se le solicitó presentar copias certificadas de toda comunicación entre funcionarios o personal de La Fortaleza y del DDEC en torno a Opus Miramar desde el 2 de enero de 2025. El pedido abarca también la bitácora completa de reuniones, conferencias, vistas o cualquier tipo de comparecencia, presencial o virtual, donde se haya discutido, evaluado, presentado o tramitado cualquier asunto relacionado con el desarrollo. Asimismo, se pide la identificación de toda persona natural o jurídica que haya comparecido ante el DDEC en representación o interés de Opus Miramar desde el 2 de enero de 2023.
Opus Miramar: Un Proyecto Envuelto en Controversia desde su Concepción
Opus Miramar es un ambicioso proyecto residencial de lujo, con una inversión ascendente a $80 millones, a construirse en el Distrito de Convenciones. Esta zona es administrada por la corporación pública que dirige la licenciada Verónica Ferraiuoli, y sus trámites se iniciaron en 2023, bajo la dirección de Mariela Vallines en la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones.
El proyecto es desarrollado por el fondo de inversión local Centuria Opportunities Fund LLC e integra a varias entidades, entre ellas, las firmas SCF Arquitectos y Desarrollos Arquitectónicos, ambas dirigidas por el arquitecto puertorriqueño Segundo Cardona. La construcción de Opus Miramar estará a cargo de CIC Construcion Group, una constructora con amplia experiencia en bienes raíces y manufactura.
Un detalle que ha generado escrutinio es que Centuria Opportunities, según el Registro de Cabilderos, es cliente de Politank, la firma que hasta diciembre de 2024 fue propiedad del hoy secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.
La entidad Opus Miramar Development North Tower LLC consumó a finales de 2025 la compraventa de las parcelas E1 y E2 del Distrito de Convenciones por $6 millones. Sin embargo, en 2023, el primer acuerdo de compraventa fue eje de controversia debido a que, para la venta de estas parcelas, no se celebró ninguna subasta ni se publicó un requerimiento de propuestas.
En su momento, la exdirectora Vallines defendió la decisión, alegando que la entidad recibió dos «acercamientos» no solicitados y que, tras una evaluación, adjudicó la parcela «al que entendemos es el mejor proponente». Afirmó que la corporación pública actuó dentro del marco legal vigente, ya que la ley habilitadora de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones le exime de los requisitos de licitación pública, siempre y cuando la Junta de Directores lo autorice mediante una resolución.
DnG