Contraloría Ordena Secuestro de Bienes al Exdirector de la CSS, Enrique Lau Cortés, por Millones
La Contraloría General de la República ha dictado una orden de secuestro de bienes contra el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés. La medida precautoria, que asciende a 2.9 millones de dólares, abarca cuentas bancarias, vehículos, propiedades y créditos que Lau Cortés pueda tener contra el Estado. Esta acción surge tras una exhaustiva auditoría que reveló presuntas irregularidades en la gestión de insumos médicos y medicamentos durante su administración, poniendo en jaque el manejo de fondos públicos en una de las instituciones más sensibles del país.
Irregularidades Millonarias: El Corazón de la Auditoría Forense
La Resolución 3988-2025-LEG/UA, emitida el 25 de noviembre de 2025, formaliza esta decisión, la cual fue remitida de inmediato al Registro Público de Panamá para asegurar la inmovilización de los activos. Según la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense, se detectaron “compras excesivas de insumos médico quirúrgicos y medicamentos” que devinieron en cuantiosas pérdidas económicas por vencimiento de productos. Adicionalmente, se identificaron “traslados de partidas millonarias desde la Caja de Seguro Social hacia el Gobierno Central sin controles adecuados”, agravando la situación patrimonial de la entidad.
Las investigaciones abarcan el crítico período del 1 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2024, años marcados por la pandemia de COVID-19, una profunda crisis hospitalaria y las recurrentes denuncias por desabastecimiento de medicinas e insumos en la CSS. Este contexto resalta la gravedad de las presuntas faltas administrativas señaladas por la Contraloría.
Pérdida Patrimonial y su Impacto en la Salud Pública
La auditoría detalla resoluciones de descarte por un valor exacto de 2,913,121.24 dólares, correspondientes a medicamentos e insumos médicos declarados “no aptos para el consumo humano”. Esta deficiencia no solo representó una pérdida económica directa, sino que, según el expediente, impactó negativamente la atención en consultas externas, cirugías y otras especialidades médicas. La Contraloría General subraya que la pérdida patrimonial se originó por una “falta de atención” en diversos servicios, precisamente cuando pacientes y gremios médicos clamaban por la escasez de medicinas y las alarmantes demoras quirúrgicas en los hospitales públicos. Para la institución fiscalizadora, existen elementos contundentes para adoptar estas medidas precautorias y salvaguardar los resultados de un potencial proceso de cuentas.
Detalles del Secuestro: Medidas Precautorias en Acción
La resolución es explícita en su alcance, ordenando el secuestro de cualquier propiedad inscrita en el Registro Público a nombre del exdirector Lau Cortés. Asimismo, se instruye la inmovilización de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo, tarjetas de crédito, vehículos y cualquier crédito que el exfuncionario posea contra el Estado panameño. La nota oficial enviada al Registro Público especifica que “El registrador deberá abstenerse de registrar cualquier operación que haya verificado o verifique el secuestrado con posterioridad a la comunicación de secuestro”. La medida se extiende a todos los fondos y activos depositados en bancos, cooperativas e instituciones financieras a nivel nacional, garantizando una cobertura integral.
La CSS Bajo Escrutinio: Un Patrón de Cuestionamientos
Este caso vuelve a colocar a la Caja de Seguro Social en el ojo del huracán público, tras años de constantes cuestionamientos sobre compras médicas, el crónico desabastecimiento y el manejo financiero durante administraciones pasadas. Durante la gestión de Enrique Lau Cortés, la institución fue objeto de severas críticas por la persistente falta de medicamentos, los significativos atrasos en cirugías y las múltiples quejas de pacientes respecto a la calidad de la atención hospitalaria, especialmente acentuadas tras la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Las investigaciones actuales de la Contraloría buscan determinar si estas decisiones administrativas derivaron en una afectación patrimonial directa al Estado.
Cabe destacar que la resolución establece que estas medidas precautorias no suspenden el derecho del investigado a presentar reconsideraciones o recursos legales. No obstante, estos recursos no detendrán la ejecución inmediata del secuestro de bienes, asegurando la continuidad del proceso. El caso permanece bajo una rigurosa investigación por parte de las autoridades competentes, mientras avanzan las diligencias patrimoniales y financieras relacionadas con este trascendental asunto.
DnG