El Revés de la «Ley Uber»: Contraloría Rechaza Reglamento Clave por Serias Deficiencias
La Contraloría General de la República ha asestado un golpe significativo al Ministerio de Transportes, al no dar curso al reglamento de la controvertida “Ley Uber”. Mediante un oficio detallado, el órgano fiscalizador evidenció profundas deficiencias, entre las que destacan la ausencia de fundamentos técnicos y jurídicos sólidos, así como la omisión de una consulta pública esencial. Este rechazo marca un importante revés para la gestión del biministro Louis de Grange en la implementación de la ley de aplicaciones de transporte.
Deficiencias Críticas: Fundamentos Ausentes y Consulta Pública Ignorada
La Contraloría fue explícita al señalar que el reglamento propuesto “elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía los servicios de taxi”. Entre las condiciones alteradas se encuentran la antigüedad máxima de operación, la antigüedad mínima para la primera inscripción y la cilindrada mínima de los automóviles. El dictamen enfatiza que estas modificaciones carecen de “fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justifiquen tales medidas, ni las razones por las cuales no se sometieron a consulta pública”.
Cabe recordar que la versión original del reglamento, elaborada durante la administración anterior, buscaba homologar los requisitos entre los vehículos de aplicaciones de transporte y los taxis tradicionales, exigiendo, por ejemplo, una cilindrada mínima de 1.400 cc. Sin embargo, la propuesta remitida por la actual administración a fines de abril flexibilizó o eliminó dichas condiciones, bajo el argumento de “evitar efectos negativos en el empleo”.
“La versión anterior del reglamento pegaba muy negativamente en el empleo. Afectaba en un 85%. Por lo tanto, estas flexibilizaciones regulatorias que estamos impulsando de cara a mejorar la calidad del servicio por una parte y, por otra, a favorecer el empleo porque yo creo que ayuda mucho a la política del gobierno de impulsar la economía”, afirmó De Grange el 27 de abril pasado.
Estándar de Calidad en Cuestión: La Contraloría Demanda Justificación Transparente
La Contralora Dorothy Pérez ha sido categórica al cuestionar los fundamentos detrás de esta determinación. En el documento oficial, se subraya que las modificaciones “rebajan el estándar y calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe”. Por ello, insiste en que “resulta menester que tal decisión se encuentre debidamente fundada en razones fácticas, técnicas y jurídicas debidamente acreditadas, que justifiquen plenamente su adopción”. La Contraloría advierte que esta flexibilización impacta directamente en el estándar mínimo exigible a otros servicios de transporte, incluyendo los regulados por la propia Ley de Aplicaciones de Transporte.
Inicialmente, el Ministerio de Transportes había defendido el nuevo reglamento de la “Ley Uber” argumentando que las modificaciones propiciarían una “reducción de barreras de entrada, flexibilización de la operación y evitarían efectos negativos en el empleo”. No obstante, la Contraloría ha refutado estas justificaciones, indicando que no están respaldadas de manera adecuada.
Finalmente, el oficio dirigido al biministro De Grange recuerda un principio fundamental del derecho administrativo: tanto la ley como los dictámenes de Contraloría exigen que los actos administrativos estén robustamente fundamentados. Esto es crucial para prevenir determinaciones arbitrarias o que, en última instancia, puedan ser interpretadas como una “desviación de poder”.
DnG